1F. El kirchnerismo marchó a Tribunales contra la Corte Suprema

El acto convocado por sectores del kirchnerismo frente al Palacio de Tribunales comenzó a las 18, donde tomó la palabra primero el juez Juan María Ramos Padilla (titular de la Cámara del Tribunal Oral 29 de la Ciudad de Buenos Aires). Posteriormente las actrices Luisa Kuliok y Cristina Banegas leyeron el documento consensuado por las organizaciones convocantes, entre las que se encuentran Justicia Legítima, Miles de Luis D’Elía, la CTA Autónoma, Pablo Moyano del Frente Sindical, APDH, entre otras.

Tanto el discurso de Ramos Padilla como el documento centraron sus críticas en los actuales miembros de la Corte Suprema, como principal obstáculo para avanzar con la democratización de la justicia. Exigieron el fin del lawfare con las causas armadas, denunciando el rol de la justicia en avalar políticas neoliberales, siendo contraria a los derechos de los trabajadores y permitiendo la persecución sistemática de los servicios de inteligencia bajo la gestión macrista, entre otros puntos.

¿La democratización de la justicia?

En los últimos años el imperialismo norteamericano buscó aumentar la implementación de leyes que reforzaron su injerencia en los sistemas judiciales de países de Latinoamérica. Así tenemos las leyes antiterroristas y del arrepentido, y otras modalidades que se implementaron para darle legalidad a persecuciones y proscripciones políticas llevadas adelante por los jueces. Esto se sumó al uso de la prisión preventiva y otros métodos que la cúpula del Poder Judicial utiliza para acomodarse a gobiernos de turno, según le convenga, una práctica ya de larga data, y que Macri supo usar a su favor.

La iniciativa de movilizar el 1F iniciada por Juan María Ramos Padilla en diciembre del 2021 fue acompañada luego por Luis D’Elía, a la cual se fueron adhiriendo las organizaciones. Esto fue luego de que en diciembre la Corte Suprema fallara contra la ley que reformó el Consejo de la Magistratura, declarándose inconstitucional. El fallo adverso al gobierno se transformó en un nuevo núcleo del conflicto entre los podres Ejecutivo y Judicial, por tratarse del organismo encargado de designar y controlar jueces federales y nacionales.

Con la consigna “Democratizar la Justicia” y para exigir “el fin del lawfare” sectores del gobierno enarbolaron una bandera que podría haber sido muestra de cierta unidad dentro del Frente de Todos, contra un enemigo común. Sin embargo quedó opacada por la renuncia de Máximo a Jefe del Bloque de Diputados y la crisis que abrió dentro del gobierno.

Las críticas al Poder Judicial se apoyan en reclamos legítimos: se utilizaron servicios de inteligencia y a la justicia para armar causas a opositores y espiarlos bajo el macrismo, la demora de la justicia en resolver juicios y favorecer trabajadores, el sesgo pro patronal y patriarcal en muchos fallos -que siempre hubo pero fue profundizado los últimos años- su elitismo y falta de preocupación por los padecimientos populares, y un largo etc. Por eso la oposición macrista, política y empresarial, rápidamente denunció la movilización en aras de defender la República, la “justicia independiente” y las muletillas que acostumbra usar.

Pero ese discurso lejos está de promover un cambio en el Poder Judicial a favor de las mayorías populares, sino que se pone al servicio de la pulseada en las causas por corrupción a funcionarios y empresarios kirchneristas, y la puja de poder político. Recordemos que los gobiernos kirchneristas también utilizaron el Poder Judicial, el espionaje ilegal y la persecución a la protesta social, trabajadores y sectores populares, incluso cuenta con jueces y fiscales que hoy el Frente de Todos utiliza a su favor, incluyendo la intervención de la AFI bajo Graciela Caamaño.

Desde que asumió Alberto Fernández habla de reforma judicial, pero ningún proyecto se articuló para hacerlo. Con exigir la renuncia de Rosenkrantz, Maqueda y Rosatti no se tocan los privilegios de una casta que tiene sueldos exorbitantes y protege los intereses de los sectores empresariales, ya demás que tiene cargos vitalicios. La marcha así juegan más el rol de ejercer presión a la Corte sobre las decisiones que puedan perjudicar al gobierno, que de promover un cambio en el Poder Judicial.

Mientras sigue la puja de poder por arriba, los problemas económicos y sociales que vive cotidianamente el pueblo trabajador se profundizan con las políticas de ajuste, algo que desde ya ningún juez cuestiona. Para terminar con esa casta, es necesario discutir juicios por jurado en todas las áreas de la Justicia, la elección directa de los jueces por la población así como su remoción, y que dejen de tener privilegios, como los abultados sueldos que, además están exentos del pago de ganancias y jubilaciones.

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Lo que viene

Este año la Corte puede condicionar al gobierno del Frente de Todos por distintas vías. Por un lado, resolver sobre los sobreseimientos anticipados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que salieron de los tribunales federales de Retiro en 2021: los casos Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, y una serie de recursos anteriores. Los conflictos por la coparticipación, también son competencia de la Corte. Y la ya mencionada designación y control de jueces mediante la influencia en el Consejo de la Magistratura.

Elementos que se suman al desafío del Frente de Todos este 2022 que ya empezó atravesando una crisis, con la carta de Máximo Kirchner, y que deberá poner su gestión a co-gobernar junto al FMI un ajuste para pagar la deuda.

La movilización, más que demostración de fuerza, muestra la impotencia del gobierno para resolver los conflictos en el frente judicial, sin candidatos aún para nuevo Procurador, ni para reemplazo de Elena Highton en la Corte, ni mucho menos motorizar una reforma profunda de la justicia.

Por delante en lo inmediato quedará iniciar el debate en sesiones extraordinarias del Congreso un nuevo proyecto de ley Consejo Magistratura, donde el gobierno tampoco propone una reforma que vaya contra la casta judicial, sino que se discutirá la cantidad y composición de sus miembros negociando con la oposición para mantener ese mecanismo antidemocrático.