En la misma criticó el accionar del Poder Judicial. La mayoría de los jueces que hoy favorecen al macrismo jugaron para los funcionarios oficialistas en el anterior gobierno.
Viernes 3 de noviembre de 2017
“En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”.
Así se inicia la carta que difundió Unidad Ciudadana, el espacio que dirige Cristina Fernández, en la tarde de este viernes. Fue la forma de salir a acusar una campaña de persecución que se basa en hechos reales. En la mañana del mismo día, utilizando el argumento de la prisión preventiva, había sido detenido el ex vicepresidente de la Nación.
“Desde Unidad Ciudadana denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes”, señala el comunicado.
La acusación que el kirchnerismo lanza hoy contra la colaboración del Poder Judicial con el gobierno resulta una suerte de ironía. Se trata de la misma casta judicial que, durante muchos años, limitó investigaciones a los funcionarios kirchneristas y realizó sobreseimientos a velocidad record a los mismos. Los referentes del actual oficialismo reclaman a viva voz la “demora” en haber actuado por parte de jueces y fiscales. Es una forma de acusar a los jueces de no haber actuado durante el ciclo kirchnerista.
Entre otras cosas, la carta señala que “en el día de hoy el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del Ex Vicepresidente, Amado Boudou, por un posible “entorpecimiento” a la Justicia (…) Dicho juez, es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse”.
La carta publicada por Unidad Ciudadana recuerda correctamente que “Mauricio Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública”.
La carta finaliza señalando que “hoy Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: Por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general”.
La correcta denuncia no implica olvidar que “la primera fase” del ajuste avanzó en los dos años anteriores gracias a la colaboración de muchos ex referentes del kirchnerismo. Los nombres de Diego Bossio o Miguel Ángel Pichetto están ahí para recordarlo. Incluso los dirigentes sindicales que hoy negocian la brutal contrarreforma laboral propuesta por el gobierno fueron parte del llamado “proyecto nacional y popular”.
Esas enormes ventajas fueron las que le permitieron llegar hasta aquí al macrismo, ganar el pasado 22 de octubre y lanzar esta ofensiva de la mano de un Poder Judicial que, recordemos, mantuvo su poder y privilegios durante la llamada década ganada.
Por su parte, desde el Frente de Izquierda, sin defender a Boudou criticaron el accionar parcial de la casta judicial. Myriam Bregman, legisladora electa en la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que "Boudou es Boudou... pero que no hablen de "república" los que usan estos casos para sentar jurispurdencia restringiendo garantías procesales".
Boudou es Boudou... pero que no hablen de "república" los que usan estos casos para sentar jurispurdencia restringiendo garantías procesales
— Myriam Bregman (@myriambregman) 3 de noviembre de 2017
