A tres días de la XXVI Marcha del Orgullo, el macrismo negó la habilitación del escenario en Plaza Congreso donde suele realizarse el acto de cierre.
Viernes 17 de noviembre de 2017

En una clara provocación, Diego Borisonik Director de “Políticas Integrales de Diversidad Sexual” del Gobierno de Cambiemos rechazó la solicitud alegando supuestos “incumplimiento de plazos”. Un similar argumento esgrimieron desde el Gobierno para justificar la represión a los docentes que intentaron poner en pie una Carpa Blanca denunciando la política educativa del Gobierno y sus ataques a la docencia.
Considerando la cantidad de licitaciones y permisos truchos con los que el gobierno favorece la industria inmobiliaria en la Ciudad, esta obsesión por el debido proceso sólo surge cuando puede ser utilizada para silenciar a las voces que denuncien sus políticas.
No debería ya sorprendernos esta nueva muestra de cinismo y desprecio por parte del Gobierno. Al fin y al cabo, a pocos días de la realización de una nueva Marcha del Orgullo el gobierno decidió obsequiar a los sectores de la diversidad sexual un nuevo protocolo represivo LGBTI, con el cual busca hacer pasar por “inclusiva” la persecución policial.
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Este nuevo protocolo, cuyo antecedente fueron los cursos en “Derechos Humanos” para las fuerzas represivas de la ministra del Gobierno kirchnerista Nilda Garré, indica a las fuerzas de seguridad la importancia de respetar nuestra identidad autopercibida. Es decir, a las mismas policías responsables de perseguir, extorsionar, abusar y asesinar a decenas de transexuales en los últimos años.
Al respecto, Tomás Máscolo, militante del PTS/FIT y activista trans, afirmó que “con su política represiva el macrismo quiere amedrentar a los sectores que salimos a las calles a pelear y a los más vulnerables de la sociedad, es una parte fundamental de su plan para llevar adelante la reforma laboral junto a la CGT y el peronismo. Por eso, en la marcha del orgullo de este sábado, tenemos que ser miles a las calles para exigir basta de represión y denunciar al Estado y los gobiernos que son los responsables”.