Algunos medios de comunicación usan la expresión el “milagro gallego”, debido a las cifras bajas de fallecidos e infectados de COVID-19 comparado con otras zonas del Estado español. Sin embargo, las familias de los mayores fallecidos no opinan lo mismo y su denuncia hacia el gobierno gallego fue admitida por la Fiscalía.
Miércoles 6 de mayo de 2020
La denuncia acusa al presidente de la Xunta y altos cargos de su Gobierno de delitos de prevaricación, lesiones y homicidio imprudente. La fiscalía admitió a trámite a finales de abril la denuncia de un particular por la gestión en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza de Ourense en la que han muerto 20 usuarios por coronavirus. El ministerio fiscal ha decidido abrir diligencias penales y pide a su oficina en Ourense que investigue qué ha sucedido en ese centro.
La denuncia señala al jefe del Gobierno gallego, a los conselleiros de Sanidade y Política Social, al secretario xeral técnico y al gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas) así como a la directora del centro como responsables de la situación en una residencia de gestión privada con 48 usuarios y 34 trabajadores contagiados por la COVID-19. La denuncia, presentada por el familiar de un residente, considera que los cargos políticos a los que se señala eran la garantía de la seguridad de los ciudadanos y tenían información para "evitar el riesgo de contagio".
Las muertes en Galicia de personas diagnosticadas con coronavirus ya son 581, de las que casi la mitad corresponden a residencias de ancianos. Una situación que se podría haber evitado si se hubiesen intervenido el total de residencias que tuvieron brotes. Cabe destacar que el escrito también denuncia que los trabajadores y trabajadoras que cuidaban a los ancianos no tenían equipos de protección y señala su “total opacidad y falta de información" en su relación con las familias de los usuarios.
No es la primera vez que el gobierno de Feijóo está relacionado con delitos relativos a la sanidad. Ya en 2016 su gobierno había sido acusado de homicidios imprudente, tras negarle el tratamiento a al menos 6 pacientes de Hepatitis C.
La sanidad gallega, tocada por años de recortes y precariedad laboral
Los recortes en sanidad, tanto en personal como en condiciones laborales, así como en la progresiva externalización y privatización, ha sido norma en el gobierno del PP gallego. Esto no ha dejado de suceder durante la pandemia, donde incluso se ha llegado a despedir a los sanitarios que estaban enfermos ya que se siguen realizando contratos temporales de una semana o pocos días, vulnerando los derechos de muchos trabajadores y trabajadoras.
Esta situación, entre otros motivos, fue la que llevó a los profesionales sanitarios del área de Pontevedra a concentrarse el 28 de Abril a las puertas del Hospital de Montecelo y en el Hospital Provincial, exigiendo equipos de protección individual (epi) adecuados, la realización de más test PCR y solicitar un refuerzo de personal en hospitales y centros de salud.
Pero la Xunta no tiene ninguna intención de reforzar el sistema de salud al que realizó sucesivos recortes durante los últimos años. Al finalizar la pandemia, mandará a casa al personal de refuerzo y se volverá a la “normalidad”. Pero no es esa la normalidad que queremos. El año pasado se produjeron varias huelgas en Santiago y en Vigo denunciando muertes evitables por el colapso de los servicios de urgencias y la falta de medios en los hospitales gallegos. Incluso los estudiantes de Medicina se llegaron a poner en huelga por sus propios reclamos, a la vez que apoyando las reivindicaciones de los trabajadores del sector.
Resulta enormemente cínico que Feijóo ahora se erija como un buen gestor en esta crisis, apoyándonse en el “bajo” número de fallecidos, cuando los factores que influyen en esa baja tasa son más bien epidemiológicos, es decir, hubo suerte. Cuando se produjo el cierre de establecimientos y se impuso el confinamiento obligatorio, había pocas personas que se había desplazado a Galicia desde los puntos de contagio. Lo que no implica que la sanidad gallega estuviera preparada para un brote más masivo, si se hubiera llegado a producir.
La solución pasa por reforzar el sistema de Salud y los servicios públicos
Para una resolución a favor de la clase trabajadora y las mayorías sociales de esta crisis hay varias medidas que se deberían de haber tomado y no se tomaron. La intervención de todas las residencias de la tercera edad sin indemnización y bajo control directo de su personal para retomar su control público y dotarlas de medios suficientes para evitar muertes. La contratación de personal sanitario de forma fija y permanente hasta cubrir, por lo menos, los niveles anteriores a los recortes que se produjeron desde el 2009. La realización de test PCR a todos los sanitarios y el suministro de todas las medidas de protección necesaria para evitar contagios.
Todas estas medidas eran necesarias, como lo es hoy reforzar el sistema de salud para un rebrote probable en los próximos meses. El gobierno de Feijóo no camina en esa dirección. Pero tampoco lo hace el gobierno central. Porque para garantizar estas y otras medidas de carácter económico para salvar a los trabajadores de la miseria, es necesario atacas los beneficios de las empresas. No dudar a la hora de expropiar a la sanidad privada, a las empresas de fabricación de insumos médicos, a los laboratorios privados, etc. Es por esa perspectiva que nosotros luchamos. Basta de mercadear con la vida y la muerte de nuestros ancianos y de poner en riesgo la salud y las condiciones materiales de la clase trabajadora y los sectores populares.
