En septiembre de 2020 el movimiento Causa Justa, el cual reúne diversas organizaciones feministas en Colombia, presentó una demanda solicitando a la Corte Constitucional eliminar el delito de aborto del Código Penal colombiano. La Sala Plena de la Corte debe tomar una decisión antes del 19 de noviembre de este año.
Lunes 8 de noviembre de 2021
En 2006, la Corte Constitucional despenalizó tres causales en torno al aborto en Colombia; en caso de malformación del feto que haga inviable su vida, en caso de que la salud de la mujer esté en riesgo y en caso de violación, incesto o inseminación artificial no consentida. Si bien para su momento y por las características de la región latinoamericana esto se valoró como un avance, lo cierto es que la realidad ha evidenciado que a las causales se les impone todo tipo de limitaciones que pone en riesgo la vida de las mujeres. Pero, además, es restrictiva con la autonomía de las mujeres y el código penal castiga a las mujeres que abortan (voluntaria e involuntariamente). Especialmente aquellas más vulnerables, sin recursos y acceso a abortos seguros. Cuando se salvan de la muerte son juzgadas por la justicia patriarcal.
Hablamos con las compañeras de la Organización Imagina, una organización feminista de la región del Tolima en Colombia, sobre este proceso.
¿Cómo se ha organizado el movimiento de mujeres en torno a la despenalización del aborto en Colombia? ¿Qué estrategias, acciones han utilizado o se han gestado?
Igualmente con relación al Movimiento Causa Justa por la despenalización del aborto, participamos desde la articulación con Casa Dulima realizando presentaciones artísticas y culturales de sensibilización, realizamos el baile Mi Causa Justa, Acción de incidencia en el palacio de justicia de Ibagué, realizamos un performance sobre la despenalización del aborto. Ahora nos encontramos realizando una segunda puesta en escena la cual se dará a conocer en las próximas semanas, estamos a la espera de que la Corte Constitucional defina el debate de la despenalización total del aborto. También hemos construido artículos de investigación sobre el aborto en el Tolima. Y sensibilización a medios de comunicación en el cubrimiento de este tema.
¿De qué manera la propuesta por la despenalización recoge el tema de la legalización?
Despenalizar el aborto significa que ninguna mujer puede ser culpada, encarcelada ni juzgada por abortar antes de las 15 semanas de gestación. Legalizar el aborto permite que las mujeres puedan acceder a información y atención hospitalaria a los centros de salud de forma oportuna y gratuita. Que la atención post aborto sea gratuita en centros de salud y hospitales públicos.
La legalización es nuestra meta, la despenalización un gran primer paso para llegar a esta.
En este momento, la Corte Constitucional Colombiana está estudiando una demanda que busca la despenalización total del aborto. Este debate constitucional debería tomar en consideración los aprendizajes que nos dejan la experiencia previa de nuestro país y la comparada, tanto en sus aciertos como en sus límites. La Corte tiene la responsabilidad de garantizar a las mujeres el acceso a un aborto seguro y libre de barreras.
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Sobre el tema del aborto ¿cuáles son las demandas específicas del movimiento de mujeres frente al Estado?
El principal es eliminar el delito de aborto del código penal ya que es la principal barrera que enfrentamos las mujeres. El Código Penal colombiano, ley 599 de 2000, establece en su artículo 122 que la mujer que causare su aborto o permitiere que otro lo hiciera, así como quien realiza esta conducta con su consentimiento, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Al ser un delito y un derecho, los prestadores de salud que tienen la convicción de realizar su trabajo se ven atados de manos pues también pueden ser judicializados.
Otro problema grave en relación con el aborto es la ausencia de garantías, el acceso oportuno, seguro y gratuito a los procedimientos determinados en la Sentencia C-355 de 2006. Pues esta aún es desconocida por las entidades prestadoras de salud y someten a las mujeres un sin número de diligencias que resultan desgastantes y en la mayoría de los casos la mujer es arrojada a realizarse un aborto clandestino o finalmente desiste de ello.
Una barrera fuerte que se evidenció durante el confinamiento por el COVID-19 fue la negación de las entidades de salud en la prestación del servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al no ser este una atención prioritaria como los casos COVID, vulnerando así los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto demuestra el total desconocimiento de la sentencia C-355 de 2006 por el personal administrativo y médico de las EPS.
¿Cuáles pueden ser futuros proyectos o propuestas que mantienen el movimiento de mujeres fortalecido para prevenir el retroceso en los Derechos Sexuales y Reproductivos?
Es importante que siempre nos estemos documentando e informando sobre nuestros derechos, y quienes nos encontramos en esta labor debemos poder transmitir de la mejor manera esta información a la población en general en especial a la mujer rural y campesina. Estas son las más afectadas en el derecho a decidir sobre su cuerpo, y además llevan consigo el peso cultural y religioso que no les permite tomar una decisión libre y consciente.
Los movimientos de mujeres debemos articularnos y unirnos, por la defensa de nuestros derechos, y realizar acciones públicas de incidencia sin descuidar el acompañamiento a las mujeres del territorio.
Aprovechando el contexto reciente de protestas en Colombia, queremos preguntarles finalmente, ¿Cuáles son otras de las demandas que el movimiento de mujeres lleva frente al Estado con respecto a los recientes eventos que sucedieron en Colombia, el ajuste fiscal, la movilización social, etc.?
La actual política fiscal desconoce la realidad de las mujeres, las decisiones tributarias inciden en mayor medida en la calidad de vida de las poblaciones más pobres, se ha profundizado particularmente las desigualdades y asimetrías hacia la población femenina. El tema de las garantías económicas, autonomía, acceso a la educación gratuita, garantías laborales, el derecho a una vida libre de violencias sigue siendo uno de los más vulnerados y las mujeres seguimos siendo estigmatizadas en estos casos. Se incrementó la violencia sexual y las agresiones de las Fuerzas Militares y la Policía a las Mujeres y jóvenes del país, no hay una investigación seria que realmente imparta justicia.
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Desde Pan y Rosas Costa Rica continuamos haciendo hincapié en la necesidad de profundizar la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, de manera que permita que todos los sectores de mujeres podamos ser parte de una gran estrategia que traiga abajo la política patriarcal punitiva y que limita la decisión sobre nuestros cuerpos. Pero, además, que nos permita acercarnos entre diversos sectores de mujeres trabajadoras, rurales, empobrecidas que, como en Colombia, están viviendo en carne y hueso los efectos de la penalización del aborto y la negativa estamental por garatizar que el aborto sea una realidad en Costa Rica y en toda la región.
Reclamamos a la Corte Constitucional colombiana una respuesta pronta que sea proporcional a las demandas del movimiento de mujeres y se ajuste a la realidad de las mujeres en Colombia. Desde Pan y Rosas Costa Rica, aplaudimos el esfuerzo del movimiento de mujeres en Colombia en avanzar por la despenalización y en estrategias por garantizar una apuesta de aborto Legal, Seguro y Gratuito en este país.
Luchamos por una marea verde desde el sur y hasta el norte.
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