La previa a la profundización de la crisis de “inviabilidad” de las Isapres se remonta y tiene sus bases en el propio modelo de salud en Chile, heredado de la dictadura militar y profundizado por los partidos de los últimos 32 años. Ya que son los mecanismos neoliberales del sistema financiero y la privatización de la salud, así como la subordinación del Estado al “imperialismo financiero” a los Holdings a través de los Tratados de Libre Comercio, los ingredientes esenciales de una crisis que ya comenzó a descargarse contra sus beneficiarios y que trae aparejada la crisis prolongada del sistema público de salud.
Sábado 21 de enero de 2023
Como sostiene David Debrott (economista que ha desempeñado cargos en la Superintendencia y parte del equipo para la reforma al sistema privado) para CIPER CHILE (https://www.ciperchile.cl/2022/12/07/isapres-una-bola-de-nieve-financiera/), desde 1990 hasta el 2021 las utilidades de las Isapres fueron de 1,3 billones de pesos y por concepto de ganancia bruta, la cifra asciende a $8,6 billones (8.6 millones de millones). También especifica que en el mismo período, 32 años, las pérdidas recién vinieron tras impuestos los años 2021 y 2022: 148 y 57 mil millones, respectivamente. No hay que sacar calculadora para ver la cantidad de dinero acumulado por empresarios nacionales e internacionales con la salud.
Como decíamos, al igual que con los bancos, las Isapres deben tener un “encaje”, una reserva en depósitos en alguna entidad financiera, un monto equivalente a sus deudas con prestadores y beneficiarios (por reembolsos y licencias médicas). Es una garantía cuya liberación regula la Superintendencia de Salud ante situaciones financieras complejas: según el artículo citado se han liberado $446 mil millones para una deuda que a junio del 2022 ascendía a $705,9 mil millones.
Y para oscurecer más el panorama, la Corte Suprema falló contra las Isapres por no ajustar sus planes a un decreto del 2019 que modifica los cálculos de riesgo que estas usan para establecer el monto de los planes de sus afiliados ¡Dos años en que siguieron cobrando de más! y que ahora deberían devolver a los beneficiarios, donde las primeras estimaciones están en torno a los 900 mil millones de pesos, por Isapre. (https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/12/01/1079890/suprema-isapres-recalculen-planes-salud.html).
La intervención del Estado y la presión de las transnacionales
Como consecuencia de esta insostenibilidad financiera de la administración privada del seguro (privado, cotización), desde la Asociación de Isapres solicitan intervención del Estado a través de la Superintendencia de Salud ante los 6 meses de plazo indicados por la Corte Suprema. Esto, ya que al ser una crisis de todas las Isapres, el traslado de clientes entre una y otra es imposible, por lo que se pone en discusión si es posible el traspaso a FONASA.
Por supuesto que esto parece irrisorio considerando la crónica crisis de financiamiento y oferta de la salud pública, sin embargo, suena fuerte la propuesta (que comparte el economista citado) del Partido Radical en la vocería del diputado Lagomarsino que consiste en una ley corta para crear un “FONASA E” para este traspaso de los millones de afiliados a Isapre, con la consideración de que puedan mantener el aporte que hacen por encima del 7% de la cotización. Una propuesta de solución transitoria, pero que no haría más que aumentar la segmentación y la inequidad entre quienes más pueden pagar y mantener posibles convenios con las clínicas y centros privados de salud. Lo otro, impopular por supuesto, sería desconocer el fallo.
Pero no olvidemos que tras Isapres y Clínicas existen Holdings, o sociedades comerciales que integran sus empresas (cuestión supuestamente ilegal en el caso de la salud), son los casos de BUPA, United Health Group y la Cámara Chilena de la Construcción. Las primeras dos, con sede en Reino Unido y Estados Unidos, ya han manifestado que si el Estado chileno no da las garantías para la sustentabilidad financiera recurrirán al Centro Internacional para el Arreglo de Disputas Internacionales del Banco Mundial (CIADI) (https://www.df.cl/empresas/salud/dueno-de-isapres-banmedica-y-vida-tres-activa-mecanismo-de-resolucion-de), determinando que "en su carácter de accionista extranjero, iniciará mecanismos de resolución de conflictos establecidos en Tratados de Libre Comercio suscritos por nuestro país".
Tratado firmado entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos en el 2003 con Ricardo Lagos como presidente, rescatado por Boric en estos tiempos y que también establece condiciones de expropiación, pero con pago de indemnización como si no hubiesen lucrado lo suficiente por más de tres décadas. Así, la salud de más de 3 millones estaría bajo la lupa de tribunales internacionales ¡del Banco Mundial! que persionan para que la crisis la costee cualquiera menos ellos que la generaron bajo la venia del estado capitalista chileno. Al tiempo que el flujo de platas desde Isapres a Clínicas de un mismo holding es una operación financiera a la cual no se puede acceder desde el Estado, un secreto comercial en pleno siglo XXI.
Mientras la burocracia sindical y política del oficialismo calla: organicémonos por la nacionalización del sistema de salud, único, gratuito y gestionado por trabajadores y la comunidad
Todo este embrollo sostenido por grandes capitales y los gobiernos hasta el día de hoy tiene como principales afectados a usuarios y prestadores, es decir, las personas y los trabajadores del mundo de la salud que generan las ganancias con trabajos mal remunerados o a costa de contratos precarios. A pesar de esto, las dirigencias de sindicatos de la salud, públicos y privados, pareciera que quedaron mudos tras el triunfo del Rechazo y han guardados las banderas por una transformación del sistema de salud, remitiéndose a cuestiones económicas y laborales, como si se pudiera separar lo político de lo económico y social.
Y los partidos oficialistas, además de claudicar ante la presión del empresariado, tímidamente comienzan a esbozar el programa de gobierno que proponía el Fondo Único de Salud (todas las cotizaciones a un mismo fondo más seguros complementarios y privados “de segundo piso”) que sólo apunta a la parte del financiamiento pero no se hace cargo de la privatización de centros de atención y bajo las mismas reglas de regulación (¿cómo romperían la integración en los holdings si ni en el borrador de nueva constitución iban en contra de esos tratados?).
Así, las burocracias de la FENASSAP, CONFUSAM, FENATS y los partidos como los del Frente Amplio, Partido Comunista y Socialistas no proponen ninguna transformación de raíz y mantendrían la lógica del seguro privado (público o privado), cuando de lo que se trata es de hacer justicia para los más de
millones en listas de espera, no sólo para quien ven peligro su atención en la salud privada, también para aquella que no encuentra hora en un CESFAM, no tiene para exámenes del “extrasistema”, para compra de medicamentos no cubiertos por FONASA.
La única forma de crear igualdad en el acceso, oportunidad y cobertura en salud es la unificación de la red de prestadores, a un sistema público en su totalidad gestionado por trabajadores y la comunidad de usuarios, terminando con la intervención del mercado y cuyo financiamiento sea desde los impuestos a las grandes fortunas que saquean al pueblo trabajador, terminando con la cotización individual, base de la lógica neoliberal. Es pertinente terminar con los tratados que aseguran el capital extranjero, desde Abran Paso estamos por la expropiación de la propiedad privada en salud y liberación del secreto comercial de los Holdings, cómplices junto al Estado de la debacle de las Isapres y crisis de la Salud Pública.
