Genocidio e impunidad. El nieto 120 recuperado ayer hace siete años sabe quién es

Foto: EFE

En la edición de ayer de este diario María Victoria Moyano publicó un artículo titulado Por las nietas y los nietos que aún falta recuperar. Allí citaba el caso de José Luis Maulín Pratto como ejemplo de lo mucho que aún resta conquistar en la larga lucha por la recuperación de los 400 jóvenes que llevan cuatro décadas sin saber su verdadera identidad.

“José Luis es un nieto recuperado”, afirmó Moyano (ella misma nieta recuperada) en su nota, al tiempo que reclamó que la justicia santafesina le permita al joven de 39 años y a sus hijos cambiarse el apellido Segretín (de sus apropiadores) por Maulín Pratto (de sus padres biológicos).

Ese reclamo ya lleva siete años. Es que José Luis conoce su verdadera identidad desde 2009, cuando una prueba de ADN confirmó que Luisa Pratto y Rubén Maulín, sobrevivientes del genocidio, son sus verdaderos madre y padre. Sin embargo aún la justicia le niega el cambio de apellido.

“Esto no nos permite presentarnos ante la sociedad como quienes somos, con nuestro nombre de verdad”, dijo el joven por escrito ante el Tribunal Oral de Santa Fe, según publicó también esta semana el periodista Juan Carlos Tizziani en Página/12.

La larga búsqueda

El joven nació el 26 de marzo de 1977 en un sanatorio de Reconquista, provincia de Santa Fe. Desde ese momento José Angel Segretín y Cecilia Góngora, civiles vinculados a la Fuerza Aérea, lo “adoptaron” con un certificado falso firmado por la médica Elsa Nasatsky de Martino y una anotación en el Registro Civil local once días después.

Rubén y Luisa, padre y madre biológicos de José Luis, sobrevivieron a las torturas y la desaparición forzada. Tras una larga búsqueda, recién a fines de los años 80 y gracias al dato aportado por una vecina, supieron dónde estaba viviendo su hijo. Sin embargo, careciendo de documentación para acreditar el parentesco y amenazados por los apropiadores, debieron esperar dos décadas para que se supiera la verdad. Dos décadas durante las cuales José Luis escuchó todo tipo de mentiras por parte de sus apropiadores respecto a su origen.

En 2008, a partir de nuevos testimonios judiciales de Luisa y de su hermana Griselda en el marco de la Causa “Base Aérea”, la justicia santafesina aceptó investigar el caso, el cual al hacerse público llegó a oídos de José Luis. Fue entonces que, con la decisión tomada de saber quién era, se allanó el camino al encuentro, previo análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Desde abril de 2009 la justicia sabe que José Luis se apellida Maulín Pratto y no Segretín. Pero hasta hoy le sigue negando el cambio legal de su apellido.

El juicio

La semana pasada arrancaron en Santa Fe las audiencias del juicio contra Cecilia Góngora y Elsa Nasatsky, la madre apropiadora y la partera cómplice, respectivamente.

Danilo Sambuelli, el comodoro de la Fuerza Aérea que dirigía el centro clandestino de detención de la III Brigada de Reconquista, era el tercer acusado del proceso. Pero murió hace un año y medio en la cárcel, con una condena a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos contra más de una decena de personas, entre ellas Rubén Maulin y los hermanos de Luisa Pratto, Juan Carlos y Griselda.

Entre las personas llamadas a dar testimonio en el juicio oral y público se encuentran Luis Pratto, Rubén Maulín y su hijo José Luis, quien recibió una nueva provocación del Estado (tras décadas de impunidad y encubrimiento a sus apropiadores) al ser citado oficialmente mediante una cédula que en la que se lo apellida Segretín.

José Luis declarará hoy. Y es más que seguro que repetirá muchas de las palabras que escribió en aquella carta dirigida al tribunal el mes pasado. Por ejemplo, que es muy grande “la congoja y la desdicha de portar una identidad que no es la propia” y ser víctima de “un delito que se cometió hace 38 años, pero que se repite cada día”, no solo contra él sino también contra sus hijos, de 12 y 16 años, a quienes el Estado obliga a apellidarse como los apropiadores de su padre.

La recuperación

Ayer por la tarde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo llamó de urgencia a una conferencia de prensa para anunciar que José Luis Maulín Pratto pasaba a integrar la lista de nietos y nietas recuperados. “Después de conocer hoy en profundidad a José Luis y su historia, Abuelas decidió incorporarlo al listado de nietos restituidos y darle la bienvenida como el Nieto 120”, anunciaron en un comunicado.

En la sede del organismo de derechos humanos estuvieron su titular, Estela de Carlotto, junto al propio José Luis y sus hermanos biológicos Walter y Gisela.

Allí se informó que el caso de José Luis no se registraba entre las denuncias de niños desaparecidos en Abuelas de Plaza de Mayo ni tampoco en los nuevos casos incorporados por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). “Sin embargo, se trata de otro caso de sustracción, ocultación y falsificación de identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado, como todos los de nuestros nietos y nietas apropiados”, dijeron desde Abuelas.

“Luego de conocer en profundidad su historia y los padecimientos de sus padres por recuperarlo, la Asociación decidió incorporar su caso al listado de nietos restituidos, como un acto de reparación y verdad histórica”, agregaron.

En ese sentido, Abuelas acaba de decidir también exigirle a la Justicia Federal de Santa Fe “que le devuelva su verdadera filiación, que fue esclarecida en 2009. José Luis, desde entonces, reclama por distintos medios recuperar su verdadero apellido”.

Por los que falta recuperar

Tanto la historia como el presente de José Luis reafirman lo que María Victoria Moyano planteó en su artículo publicado esta semana en La Izquierda Diario.

“Es necesaria la creación de un banco nacional con la totalidad de datos, registro y archivos; de partidas de nacimiento de todas las provincias, de todos los expedientes judiciales de adopción, minoridad y todos los legajos, que corresponda al período comprendido entre los años 1975 y 1983, así como impedir su destrucción”, propone la nieta recuperada e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

Al mismo tiempo, considera “necesaria la creación de una comisión independiente, integrada por las víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, con pleno acceso a esta información, investigación y control de las causas judiciales donde se investigue la identidad de niños apropiados”.

El caso del nieto 120 muestra con toda su crudeza las mil y una maniobras del Estado a lo largo de décadas para sostener la impunidad sobre los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar. Maniobras que solo pudieron ser vencidas cuando las víctimas y sus familiares, junto a los organismos de derechos humanos, dieron una lucha sin tregua contra los genocidas y sus encubridores institucionales.

Una lucha sin tregua que, hoy más que nunca, hay que redoblar.