López Obrador respetará la suspensión ordenada por la Suprema Corte a la ley que reduce salarios de altos funcionarios.
Arturo Méndez Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Lunes 10 de diciembre de 2018
Desde que la reducción de sueldos de altos funcionarios públicos no era más que una promesa (primero de campaña y luego del gobierno electo), en el Poder Judicial se alzaron voces oponiéndose a la eventual medida, contando con el apoyo de Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación.
Ahora que la LXIV Legislatura, con mayoría del Morena, aprobó en septiembre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, estableciendo que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió el pasado viernes la suspensión temporal de la norma.
Mientras que el nuevo sueldo del presidente quedó fijado en 108 mil pesos mensuales, los ministros de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal ascienden, sin prestaciones, a más de 269 mil pesos al mes, y el propio AMLO denuncia que llegan a ganar hasta 600 mil.
La acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones, admitida por la SCJN, fue presentada en el Senado el pasado miércoles por legisladores del PRI, PAN, PRD, MC y varios independientes.
Se trata de la primera confrontación entre poderes de la unión a partir de la toma de posesión de López Obrador.
Desde el sábado, el presidente respondió a la SCJN que los jueces se equivocan y que no han entendido la nueva realidad que vive el país. Sin embargo, en su conferencia matutina de este lunes, se comprometió a respetar la “equivocadas decisiones” de la Suprema Corte.
Por su parte, también esta mañana, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se manifestó en el Palacio de Justicia Federal, en donde su presidente, el magistrado Luis Vega Ramírez, leyó un pronunciamiento en contra de la reducción salarial, considerándola una intromisión indebida en la Judicatura por parte de los otros poderes de la unión.
Junto a ello, hasta el momento suman más de 4 mil los altos funcionarios del Poder Judicial que han promovido juicios de amparo en todo el país.
Defendiendo sus privilegios, todos estos magistrados, jueces y funcionarios judiciales tratan de justificarlos arguyendo que sus altos sueldos son una garantía para preservar su “independencia” y la “autonomía” del Poder Judicial. Como si en las luchas obreras y populares los jueces no fallaran una o otra vez, injustamente, a favor de la patronal y sus representantes políticos. Como si ganar lo que ganan no fuera ya, por sí mismo, un indignante signo de corrupción.
La indignación popular ante la decisión de la Suprema Corte no se hizo esperar en las redes sociales, en donde se exige la expulsión de los jueces.
Sin embargo, en su juego de equilibrios para “gobernar para ricos y pobres”, López Obrador no está dispuesto a enfrentar hasta el final los intereses de los altos funcionarios.
Hoy AMLO también se refirió a que los tribunales fueron formados en el “viejo régimen”, pero con la “mafia del poder” no sólo al interior del gabinete presidencial y expresándose en el Congreso, sino controlando el Poder Judicial, el “viejo régimen” sigue ahí, mostrando que los obstáculos y la inestabilidad política serán, muy probablemente, moneda corriente en su gobierno.
Frente a los privilegios de los altos funcionarios del Poder Judicial y la decisión de López Obrador de respetar la suspensión ordenada por la SCJN, la indignación obrera y popular debe manifestarse en las calles con independencia política del nuevo gobierno, exigiendo que todos los jueces sean elegidos democráticamente y que ganen lo mismo que una maestra, extendiendo esta medida salarial al conjunto de los funcionarios públicos y legisladores.
