El gobierno de la 4T presume la justicia expedita con la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, pero ¿a qué nos enfrentamos lxs trabajadorxs?
Jueves 4 de noviembre de 2021
Para Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la reforma al sistema de justicia significa “cambiar (…) la cultura laboral en nuestro país (…) en la esfera de la justicia laboral como en el terreno de libertad y democracia sindical”.
Los aspectos que se han presumido con relación a la solución de conflictos laborales son:
• Juicios de cuatro años a ocho meses resueltos por tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación.
• Solución de conflictos basados en la conciliación, llevada a cabo por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La secretaria del Trabajo afirma que 70% de los asuntos se han resuelto por esta vía en menos de 45 días y el 30% pasa a los tribunales laborales, por lo que quedan resueltos en menos de cuatro meses y pretenden reducir los juicios de cuatro años, en promedio, a ocho meses. Lo que costará un monto de 2 mil 482 millones.
Queda pendiente la tercera y última fase de implementación en las 11 entidades federativas sobrantes, entre ellas la Ciudad de México para 2022, cuyo costo será de 5 mil 748 millones.
Retroceso en la justicia laboral
El nuevo modelo de justicia laboral sustituye a las juntas de conciliación y arbitraje por los centros de conciliación y los tribunales laborales. Por una parte, este nuevo modelo requiere agotar en su primera fase la conciliación, en la cual las autoridades insisten en un arreglo de las partes: patrón y trabajador, como si sus intereses opuestos fueran reconciliables. Tampoco garantizan la satisfacción total de las pretensiones del trabajador.
Los centros de conciliación son una muestra más de la profundización del corporativismo que es la injerencia y control del Estado en los procedimientos internos de la vida sindical, pues a través de este centro se requiere transparencia y rendición de cuentas mediante el registro de toda la actividad de los sindicatos mediante trámites, por ejemplo, mediante la solicitud del padrón de afiliados.
Por otra parte, el Poder Judicial seguirá conociendo de los asuntos que no pudieron conciliares. Sin embargo, la justicia en manos del PJ implica un retroceso, pues dirime los conflictos laborales como si se equipararan con los conflictos civiles en los que intervienen los particulares en aparente libertad e igualdad de condiciones. Sin embargo, esta igualdad no es posible en el derecho laboral, pues las instituciones están de lado de las patronales, quienes cuentan además con los recursos económicos y materiales para imponer violaciones a derechos laborales.
A esta desigualdad intentaba responder el derecho social, el derecho laboral y el derecho procesal al señalar que no hay plena libertad de contratación, del trabajo cuando las juntas de conciliación dirimían los conflictos al establecer principios en la defensa del trabajador y cargas procesales para el patrón, para equilibrar a las partes.
Cabe señalar que durante la pandemia hubo más de 500 millones de despidos en el mundo, a los que se les ha negado la justicia pronta y expedita, pero no por un actuar negligente de las juntas sino como parte de una línea política de los gobiernos para atender las violaciones laborales que enfrentaron los trabajadores frente a despidos injustificados, las ilegales rebajas salariales, el trabajo en riesgo, la falta de equipo de protección, entre otras, todo en favor de no trastocar aún más las ganancias de las patronales.
De esta manera hemos observado que un gran porcentaje de las demandas que fueron ingresadas desde 2019 no han celebrado su primera audiencia, ni siquiera han emplazado a las patronales para que conozcan del juicio en su contra. Así que el discurso de que el problema solamente son las Juntas de Conciliación y Arbitraje por su propia naturaleza tiene patas cortas bajo un gobierno que ha demostrado que tampoco vela por los derechos laborales del pueblo trabajador.
No perdamos de vista que la aprobación de este nuevo sistema de resolución de los conflictos laborales fue parte de las negociaciones del TEC-MEC, se le destinó 400 millones de pesos a dicha reforma, en vez de utilizar ese recurso económico para resolver los conflictos laborales existentes contra el abuso patronal, se intenta presentar un mecanismo menos agresivo cuando el problema es estructural puesto que a diario enfrentamos un sistema laboral colapsado donde es imposible que haya justicia real y expedita cuando se mantiene de facto una jerarquía entre patrones y trabajadores.
Sin el reconocimiento de derechos, no hay justicia laboral
A pesar de que los conflictos y los juicios se resuelvan rápidamente, quedan fuera los intereses y las necesidades de los trabajadores, como las formas de contratación precarias que reconoció la reforma laboral como el outsourcing o el teletrabajo, negando con ello plenos derechos laborales a los trabajadores. Y hay más con los esquemas ultra precarizadores de las aplicaciones que se fueron imponiendo durante la pandemia que niegan el carácter de trabajador.
Ante este panorama es urgente que la clase trabajadora nos organicemos unitariamente en nuestros centros de trabajo, entre sindicalizados y no sindicalizados, por plenos derechos laborales sin dejar que pisoteen las conquistas ganadas con lucha. Un ejemplo de ello es el día de ayer con el 5to. Paro Internacional de Repartidores.
No permitamos que la crisis la descarguen sobre nuestras espaldas ¡Confiemos en nuestra organización como nuestra única alternativa sin que eso implique que dejemos de dar las peleas en plano legal y político!
