Las reformas estructurales comienzan a surtir efecto en el gremio petrolero, miles de trabajadores ven como se comienzan a cercenar sus históricas conquistas.
Camilo Cruz México
Miércoles 17 de junio de 2015
Alrededor de 150 mil 700 trabajadores petroleros sufren el embate de la reforma energética. La pérdida de conquistas laborales es inminente: miles de trabajadores que están por ingresar a las filas petroleras entrarán con un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) totalmente cercenado.
Y es que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) dirigido por Romero Deschamps, además de jugar un rol cómplice con el gobierno para disciplinar a la base petrolera y evitar protestas en el marco de la aprobación de las reformas estructurales, negocia aspectos del CCT como la jubilación para los nuevos empleos, como condición para que el gobierno acepte el pasivo laboral de Pemex.
Los trabajadores de nuevo ingreso no tendrán derecho a servicio médico en los hospitales de Pemex y serán incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en tanto que los trabajadores transitorios no tendrán derecho a generar antigüedad. La pensión de miles de trabajadores jubilados ya no será acorde al aumento salarial de los trabajadores activos, se ajustará al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Sobre la base de lo que la empresa llama “reordenamiento laboral” se trata de ajustar la plantilla de trabajadores al nuevo esquema de operaciones. Con éste se busca reducir los costos de la producción, aunado a que las trasnacionales que lleguen al sector petrolero podrán tener su propio personal. Con esto peligra la estabilidad laboral de miles de trabajadores en sectores como petroquímica, producción, aéreas de gas y exploración.
Reformas al servicio de las trasnacionales
Con las reformas estructurales, México se convierte en un país atractivo para las grandes trasnacionales en busca de mano de obra barata. En tanto que la flexibilización laboral y los salarios de miseria son piezas clave para inversiones masivas en ramas como la industria automotriz.
El gobierno federal ha negado en reiteradas ocasiones el carácter privatizador de la reforma energética, no ha iniciado la participación de capital privado en el sector y el gobierno ya pone trabas a Pemex e inclina la balanza hacia el sector privado. En marzo de este año, la paraestatal pagó el 89 por ciento de su remanente operativo en impuestos, derechos y aprovechamientos. Una cifra histórica, la más alta en los últimos 15 años.
Sin embargo las petroleras extranjeras, producto de las reformas estructurales, gozan de un régimen fiscal preferencial, con menor carga tributaria y con la posibilidad de deducir sus costos y gastos de operación en el cálculo de impuestos.
Con estas trabas fiscales, aunado al recorte de presupuesto (que este año fue de 52 mil millones de pesos) y los ataques al CCT en complicidad con el sindicato, el gobierno federal busca a toda costa ahogar a Pemex frente a las trasnacionales que tienen todo a su favor.
El capital privado no pierde el tiempo y rápidamente propone nuevos proyectos a la Secretaria de Energía de México. El grupo Refinerías Unidas de México (que cuenta con empresarios mexicanos y estadounidenses) pone sobre la mesa una propuesta para construir seis refinerías con un coste de seis millones de dólares. De ser así, dichas refinerías tendrían la capacidad de producir 360.000 barriles diarios.
De esta manera, se muestran las consecuencias de las reformas estructurales y de la subordinación extrema a los dictados imperialistas, lo cual debería ser enfrentado por los trabajadores de PEMEX junto al conjunto de los trabajadores y el pueblo de México.
