El CIADI, tribunal del Banco Mundial, condenó a la Argentina a pagar 405 millones de dólares a la empresa francesa Suez por la cancelación de contrato ocurrida en 2006.
Esteban Mercatante @EMercatante
Viernes 10 de abril de 2015
Fotografía : Wikipedia
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó ayer a la Argentina a pagar 405 millones de dólares de indemnización a la empresa francesa Suez, por la cancelación en 2006 del contrato para provisión de agua potable y cloacas en Buenos Aires.
Suez se había hecho cargo del servicio de la compañía en 1993 en medio de la ola privatizadora de empresas públicas que implementó el ex presidente Carlos Menem.
En marzo de 2006 el entonces presidente, Néstor Kirchner, ordenó la estatización de la empresa Aguas Argentinas y creo la actual AySa para suministrar el servicio de agua potable y cloacas en Buenos Aires y más de 15 partidos del conurbano bonaerense. En ese momento se acusó a la empresa de no haber cumplido con el plan de obras, mientras la compañía reclamaba por una actualización de las tarifas tras la ruptura de la convertibilidad y de los contratos atados al dólar que se produjo en 2002. La empresa presentó ante el CIADI una demanda por más de 1300 millones de dólares, pero finalmente el fallo a favor fue de 405 millones.
La compañía sostuvo en un comunicado que “se congratula de la decisión del CIADI que condena a la República Argentina a pagar 405 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños sufridos en relación con la terminación del contrato de concesión de agua y saneamiento de Aguas Argentinas en Buenos Aires”.
“Esta decisión es un paso importante en el proceso de solución de la controversia”, consideró la empresa que añadió que “la nueva etapa ahora, será lograr la aplicación de la decisión del CIADI”.
El CIADI es un organismo del Banco Mundial en la que se dirimen litigios contractuales entre empresas y países soberanos. Los fallos que tiene en su haber demostraron una notoria inclinación por fallar a favor de las empresas. El país se obligó a aceptar la jurisdicción del CIADI a través de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros contratos firmados durante los años ’90. A través de estos se estableció lo que se conoce como “prórroga de jurisdicción”, que deja en tribunales extranjeros los litigios con el país. Ninguno de estos acuerdos fue denunciado durante los años de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
En octubre de 2013 la Argentina cerró litigios con otras cinco empresas que por motivos similares habían presentado demandas ante ese tribunal. Esas compañías fueron Azurix, CMS Gas, Continental Casualty, Vivendi y National Grid, quienes recibieron bonos como forma de pago de sus acreencias. No se descarta que en lo sucesivo la Argentina busque un acuerdo similar con la empresa francesa Suez. El resultado será una ampliación del volumen de deuda en dólares.
