En lo que viene siendo la nueva política del gobierno, el “paso a paso” se ha transformado en el nuevo foco de crítica de los expertos en salud que ven con preocupación el apuro con el que Piñera, Paris y los empresarios, buscan terminar con las cuarentenas para dar paso al funcionamiento de la economía.
Miércoles 22 de julio de 2020
Cuando aun no hay un plazo para el control de la pandemia provocada por el COVID-19, el gobierno nuevamente se dispone a desconfinar las decenas de comunas que se encuentran con cuarentena y restricciones sanitarias para el combate del COVID.
En lo que seria una “nueva normalidad” esta vez más lenta y mirando experiencias internacionales, el plan “paso a paso” es una versión de menor estándar a las propias recomendaciones de la OMS para el desconfinamiento de los países.
Este apuro de Piñera por reactivar la economía tiene por objetivo satisfacer la demanda que los empresarios vienen haciendo al gobierno, ya que las cuarentenas que en comunas como Santiago se han extendido por varios meses, estaría complicando la viabilidad económica de muchas empresas.
Tanto la presidenta del colegio médico Izkia Siches, especialistas conocidos como Anibal Vivaceta o Ramon Kong, han señalado que los criterios que expuso el gobierno en su plan, responden por sobre todo a intereses económicos más que epidemiólogos.
Algunos de los puntos más criticados han sido el rebajar criterios estandarizados por la OMS para señalar que un país ha “controlado” la expansión de la pandemia. Por ejemplo, la OMS considera que con una positividad mayor al 10% no se deben flexibilizar los protocolos sanitarios, mientras que, para el gobierno reducir la positividad al 15% ya es suficiente para terminar con la cuarentena y pasar a un periodo de transición.
Otro elemento clave es la trazabilidad que para la OMS debiese estar en el 90%, mientras que para el gobierno sería suficiente el 80%, vale la pena recordar que los servicios de atención primaria han denunciado por semanas que el gobierno ni siquiera se estaría aproximando a su propio piso mínimo para garantizar la trazabilidad de los contagios.
La realidad de la Capital
Durante su anuncio, tanto Piñera como Paris señalaron lo clave que será el término de la cuarentena para la región metropolitana.
Pero a pesar de todos los esfuerzos del gobierno por entregar “tranquilidad” a la población, la realidad que el desconfinamiento por bloques que propone el gobierno vuelve a poner en el centro la imposibilidad de reducir la movilidad en la ciudad.
Recordemos que al comienzo de la cuarentena el objetivo principal de la medida era el reducir la movilidad de la ciudad, de esta forma se buscaba detener la expansión del virus ya que cada persona se “quedaría en casa”.
Pero la realidad fue otra y los diversos estudios que se hicieron dieron cuenta que mientras las comunas ricas lograron reducir los IM (índices de movilidad) por sobre el 60% necesario para producir el efecto de contención, las comunas pobres no lograron superar el 30%.
Este problema se debía a que quienes habitan las comunas del sector poniente de la capital en general se mueven a otras comunas para trabajar, incluso muchos trabajadores informales, que se mueven por toda la ciudad, debieron comenzar a ir a las comunas que no se encontraban en cuarentena para seguir generando ingresos y, cuando se vieron en la imposibilidad de hacerlo, comenzaron a moverse dentro de sus propias comunas.
Esto demostró que la cuarentena tiene un carácter de clase, donde los pobres se ven sometidos a durísimas privaciones y todo tipo de complicaciones debido al aumento de la cesantía, las suspensiones y el hacinamiento dentro de los hogares mientras los sectores acomodados pueden pasarla sin grandes complicaciones.
La crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores y los sectores populares
Es cierto que el desconfinamiento vendrá pronto. Pero este no puede ser a costa de un rebrote que siga costándole la vida a los sectores populares.
Es necesario luchar por acabar con este gobierno criminal y asesino que no le importa la vida de quienes deben salir a luchar por su subsistencia.
Mientras las empresas siguen recibiendo subsidios o apoyos del Estado, la clase trabajadora ve como salvavidas gastar los pocos ahorros para la vejez.
Las movilizaciones de octubre y las que vimos el 14 de julio mostraron que tanto el gobierno como los empresarios le temen a que la clase obrera junto a las mujeres y la juventud vuelvan a salir a las calles.
Hay que organizarnos para combatir los estragos de la pandemia, exigiendo un Ingreso Familiar de Emergencia de 500mil para toda familia que lo necesite, la expropiación de los RRNN bajo control de sus trabajadores para financiar un plan de viviendas que permita dar trabajo y combatir el hacinamiento de los sectores populares, el control de la banca para entregar créditos populares a las pequeñas empresas, sin intereses ni condiciones. Es necesario poner fin a las AFP y avanzar a un sistema jubilaciones de reparto, solidario y controlado por comités de trabajadores y jubilados.
Hay que sacar a Piñera y que se convoque a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde podamos resolver terminar con este sistema neoliberal y abrir la perspectiva de un gobierno de las y los trabajadores.
