Pensiones. El "pensionazo progresista” ya tiene el aval de la burocracia sindical

Los recortes de pensiones en el Estado español tienen marca “progresista”. No es que la derecha no haya hecho los suyos. De hecho el último “pensionazo” lo aplicó Rajoy en 2013, con la congelación del 0,25% que ha supuesto una importante rebaja en los últimos años.

Pero las reformas de calado, esas que se dirigen a que nos muramos trabajando, las que en países como Francia generan huelgas y movilizaciones que mantienen en jaque al gobierno de turno... esas aquí las aprueban los gobierno “progresistas” con el aval de las direcciones de los grandes sindicatos.

El gobierno de coalición del PSOE y Unidad Podemos no ha defraudado estas expectativas. Zapatero, el por entonces presidente del “gobierno más progresista de la historia”, logró sacar adelante una reforma que alargaba la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Lo hizo en enero 2011, cuando la cifra de desempleo ya desbordaba el 20% y uno de cada 2 jóvenes estaba en el paro. Lo hizo entonces con el apoyo de Toxo y Méndez, los secretarios generales de CCOO y UGT respectivamente.

Ahora es el gobierno Sánchez-Díez, con el ministro de Seguridad Social, Escrivá, a la cabeza, los que acaban de conseguir el aval sindical a un nuevo ataque a las pensiones. No hay en lo acordado algo que se pueda vender como una conquista o ampliación de derechos sustancial, y sí varios puntos que, igual que en 2011, pretenden encadenar a los trabajadores mayores el mayor tiempo posible a la cadena de montaje, el escritorio o el andamio.

Un punto importante en la negociación ha sido el llamado “factor de sostenibilidad”. Un mecanismo incluido en el “pensionazo” de Rajoy que ha mantenido ligada la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Finalmente será derogado y en principio se recupera la indexación de las pensiones al IPC – que suban tanto como suben los precios que marcan en índice oficial, que poco tiene que ver con los precios reales -.

Ahora bien, esta aparente mejora ya tiene la contraparte que la licue. La cuantía de la pensión a percibir estará ligada a un nuevo índice, el “Mecanismo de Estabilidad Intergeneracional”. Un indicador que se negociará más adelante, pero que deberá cumplir con las indicaciones que exige Bruselas. Las anunciadas intenciones de Escrivá, en consonancia con la UE y la patronal bancaria, de fomentar la contratación de fondos de pensiones privados para paliar la “necesaria” merma de la partida de pensiones, deja claro en que sentido irá la flecha del mueco MEI.

El punto más problemático para las y los trabajadores lo encontramos en las fórmulas para potenciar el que ha sido el objetivo principal del gobierno “progresista” desde el principio: lograr el alargamiento de la edad efectiva de jubilación.

En un país con una economía donde abundan las actividades de mano de obra intensiva, con enormes esfuerzos y desgaste físico, como la industria, la construcción o la hostelería, que la edad legal vaya a situarse en los 67 en los próximos años, hace que muchas y muchos trabajadores opten por acogerse a los regímenes de jubilación anticipada.

Esto, que ya estaba penalizado, se pretende castigar todavía más. Por cada mes que se adelante la edad de retiro habrá una penalización que podrá alcanzar hasta un total de un 21% menos de cuantía. Por el contrario, aquellos que alarguen su vida laboral, serán “bonificados” con hasta un 4% más de pensión. Una medida que, contradictoriamente, alentará a que quienes tienen trabajos más precarios, más duros físicamente, alarguen su carrera profesional – dejándose aún más su salud en el tajo – para tratar de mejorar en algo las pensiones de miseria.
Como en 2011, el actual “gobierno más progresista de la historia”, trabaja porque trabajemos hasta la vejez en un país que mantiene un desempleo del 16% y del 37% si hablamos de las y los trabajadores jóvenes.

El periodo de cómputo para calcular la pensión, que Escrivá quiere alargar, ha quedado para posteriores negociaciones. Sobre la financiación del sistema de pensiones, se acuerda una transferencia equivalente al 2% del PIB en los Presupuestos Generales, aunque se excluye toda medida que permita extraer de las ganancias empresariales esos cerca de 21 mil millones anuales. Como en la “rebaja” de la factura de la luz a costa de reducir el IVA, la cuenta la paga el Estado a fin de no tocar ni un euro a las grandes empresas.

Las otras reivindicaciones de las mareas de pensionistas quedan por supuesto fuera del acuerdo. No se suspenderán las penalizaciones en las jubilaciones anticipadas forzadas por las empresas, ni para aquellas y aquellos trabajadores que hayan cotizado más de 40 años. No hay aumentos de las pensiones mínimas, que siguen por debajo del SMI, en 851 euros, y muy lejos de los 1.084 que exigen los movimientos de pensionistas. Y por supuesto, no se deroga el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 de 2011.

El papel de los “progresistas” en el gobierno no puede sorprender a nadie. El PSOE es tan campeón en contrarreformas laborales y de pensiones como el PP. Lo nuevo es que ahora lo hace de la mano de IU, el PCE y Podemos, que asumen, otra vez, medias social-liberales. El rol de la burocracia sindical de CCOO y UGT tampoco es ninguna novedad.

Una legión de jóvenes parados, subempleados y precarios, por un lado, y millones de trabajadores cada vez más mayores que se dejan su salud en el curro, en condiciones también cada vez peores. Este es el proyecto de pensiones que nos quieren imponer, y que es condición para recibir los 140 mil millones destinados a aceitar las cuentas y beneficios de las grandes empresas.

Contra este panorama sombrío es necesario que las mareas, junto a la izquierda sindical, los sectores de los grandes sindicatos que no comulgan con el nuevo “pensionazo” firmado por Sordo y Álvarez y la izquierda anticapitalista, plantemos caras. Exijamos a la burocracia sindical su retirada del acuerdo, e impongamos asambleas en los centros de trabajo, en los barrios, para llenar las calles junto a las y los pensionistas, para tumbar esta nueva contrarreforma e imponer pensiones dignas de al menos 1.084 euros, una sostenibilidad garantizada con impuestos a los beneficios empresariales y un plan de reducción de la edad de jubilación hasta los 55 años que permita combatir el desempleo masivo y garantizar un descanso en las mejores condiciones físicas posible.