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Red Internacional
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EDAD DE JUBILACIÓN. El “pensionazo” que viene

El gobierno “progresista” prepara una contrarreforma basada en que trabajemos más y tengamos pensiones más pobres. Es una de las medidas exigidas por la UE para acceder al rescate. Es urgente que sindicatos y mareas de pensionistas organicen una respuesta que les pare los pies.

Santiago Lupe

Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN

Jueves 10 de septiembre de 2020

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso | EFE

El gobierno “progresista” ya tiene plan para la “sostenibilidad” del sistema de pensiones. Nada muy nuevo ni sorprendente, trabajar más años y cobrar pensiones con cada vez menor poder adquisitivo. Las mismas recetas que han ido aplicando contra las y los pensionistas los gobiernos de Zapatero y Rajoy desde 2010. Las “prisas” por tener lista esta contrarreforma son muchas, no por urgencia -sus efectos en el gasto se notarían en los próximos años- sino porque es una de las condiciones que la UE está pidiendo al gobierno para acceder al rescate europeo, junto al mantenimiento de lo esencial de la reforma laboral.

Zapatero congeló las pensiones en 2010 y en 2011, con el apoyo de las direcciones burocráticas de CCOO y UGT, formaron la mayor contrarreforma hasta la fecha, la que alargó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. El segundo, a finales del mismo 2011, impuso la ridícula subida del 0,25% que ha hecho perder más 7 puntos de poder adquisitivo en menos de una década.

Ahora, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, prepara una batería de medidas que pretenden consolidar estos dos “pensionazos”. La principal medida apunta a conseguir que la edad media de jubilación, que actualmente se encuentra en 64,6 años, se equipare con la edad legal, hoy en 65 años y 8 meses pero que llegará a los 67 en 2027.

Para lograr esto no hay otra vía que limitar o liquidar las opciones que todavía hoy conservan algunos trabajadores para poder retirarse a una edad más temprana. Hablamos de regímenes especiales como los que tienen algunos trabajadores públicos como los docentes, profesiones peligrosas o penosas, trabajadores que han quedado en el desempleo pasados los 55 años... así como penalizar aún más a aquellos trabajadores que optan por la jubilación anticipada por razones de salud o conciliación familiar.

Un ataque similar al “pensionazo” de Macron contra el que se produjo la histórica huelga de los transportes de varios meses antes del inicio de la pandemia. Se ataca esta vez a los sectores que conservan conquistas, como punta de lanza y de entrada para hacer pasar más adelante contrarreformas aún más agresivas.

Sobre la cuantía de las pensiones, el ministerio no ha adelantado todavía si pretende modificar el cálculo de las pensiones alargando el periodo de cotización necesario o los años a tomar en cuenta. Tanto una medida como otra, demandada reiteradamente por el Banco de España y la Comisión Europea, apuntan a conseguir pensiones de partida más bajas. Más años de cotización para una generación signada por dos grandes crisis económicas, contratos parciales y temporalidad, es condenarnos a que la pensión máxima sea un objetivo inalcanzable. Hacer el cálculo contando en la media las retribuciones de los primeros años de nuestra vida laboral, cuando se encadenan más y peores contratos, es bajarla sensiblemente.

Lo que sí adelanta el gobierno “progresista” es que la principal demanda de los y las pensionistas, que recorre las calles y plazas de todo el Estado todos los lunes desde hace años, no será atendida. Nos referimos a la vinculación directa de las pensiones con el IPC. Una medida derogada con la congelación de Zapatero y el tijeretazo de Rajoy. A cambio se ofrece un sistema que cuente esta variable, entre muchas otras, como la esperanza de vida o el estado de cuentas de la Seguridad Social. Toda una ingeniería para seguir conteniendo las subidas por debajo del aumento del coste de la vida.

Pensiones públicas menguantes es la mejor receta para que el negocio de los planes de pensiones privados pueda terminar de despegar. De ahí que la banca o países como Holanda -líder europeo en este mercado- sean de los más insistentes en que se avance con esta contrarreforma. El ministro Escrivá no ha querido aún desvelar cómo, pero sí ha anunciado que se revisará la legislación sobre este negocio. Viendo el resto de la letra y la música de la canción, es muy dudoso que esta revisión no vaya en la dirección facilitadora para el negocio de estos buitres.

Por último el gobierno está dispuesto a modificar el sistema de financiación. Las pensiones no estarían sostenidas por las cotizaciones a la Seguridad Social como hasta ahora, sino que ahora este coste se repartiría también con los Presupuestos Generales del Estado. Una medida que puede dar una respuesta inmediata a la crisis de la Seguridad Social, que se ha quedado sin fondo de reserva y este año incurrirá en un 2% de déficit, pero que da cuenta de la negativa del gobierno a meter mano en el problema de fondo: no es posible sostener pensiones de una población envejecida como la española, si una gran parte de quienes trabajan lo hacen en condiciones de pobreza laboral y si se sigue “perdonando” a la patronal miles de millones en forma de exenciones de cuotas.

Frente a este nuevo “pensionazo” es necesario oponer un programa que apunte en la dirección inversa. Que parta de pelear por un sistema suficientemente financiado en base a impuestos y las cotizaciones necesarias abonadas íntegramente por la patronal, que garantice una pensión mínima de 1200 euros, actualizada según el aumento del coste de la vida y una rebaja de la edad de jubilación a los 55 años como un mecanismo que sirva también para combatir el desempleo galopante que amenza con escalar al 20% en los próximos meses.

Hoy las burocracias sindicales de CCOO y UGT se mantienen en su posición de apoyo leal e incondicional al gobierno “progresista” y sus principales medidas. Todo apunta a que este “pensionazo”, igual que el de Zapatero, puede contar con su firma. Más aún cuando lo avalarán los ministros y ministras de Podemos, IU y el PCE.

Hay que exigir a estos grandes sindicatos que rompan con esta criminal política, se levanten de la mesa del Pacto de Toledo y preparen una respuesta a la altura del ataque que se prepara. Las fuerzas de la izquierda sindical, junto a las mareas de pensionistas y la izquierda anticapitalista, debemos ser parte de esta exigencia y preparar a su vez un plan de movilizaciones contra los planes del gobierno “más progresista de la historia”, que sigue la estela de sus predecesores neoliberales.

No podemos comprar el discurso de que el envejecimiento demográfico hace inviable poder trabajar menos. Quieren que sigamos trabajando hasta que nuestra salud no de para más. Los avances en la técnica y la productividad de las últimas décadas solo han servido para engrosas las cuentas de resultados de los grandes capitalistas y aumentar nuestra tasa de explotación. Esta en nuestra manos imponer mediante la movilización obrera y popular de que sirvan para lo opuesto, para poder aumentar nuestro tiempo libre rebajando la jornada sin merma salarial y disfrutar de un retiro merecido lo más largo y en las mejores condiciones posibles.


Santiago Lupe

Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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