Carlos Délano y Carlos Lavín -dueños del grupo Penta y financistas de la UDI-, Pablo Wagner -ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera-, no tendrán que pagar por los crímenes de cohecho y soborno. Es sólo una muestra más de los criterios de clase con los que opera la justicia en Chile.
Viernes 6 de julio de 2018
Al mismo tiempo que la UDI, anuncia un proyecto para quitarle la gratuidad a las y los jóvenes que sean acusados de participar en destrozos de recintos educativos, el Ministerio Público surte este verdadero perdonazo a dos empresarios vinculados a uno de los mayores escándalos de financiamiento ilegal de la política.
¿Será porque Piñera está en el poder? Las opiniones, a veces, cambian. Si el 2016, el fiscal Manuel Guerra, hablaba de soborno y cohecho para referirse a la actuación de los empresarios UDI que, durante todo el periodo que Pablo Wagner, ejerció como subsecretario de Piñera, le hicieron llegar a través de Penta, la nada despreciable suma de $42 millones, ahora modera sus palabras. En Radio Cooperativa, el fiscal Guerra señaló que “esto fue indebido porque fue hecho de una forma ilícita e injustificada. Ilícita porque se generaron documentos tributarios falsos para encubrir este aporte económico que estaba recibiendo el señor Wagner, lo cual además constituye un delito tributario (...) no tenemos los elementos como para justificar derechamente la conducta de cohecho".
Según el ex fiscal Carlos Gajardo, -que en su momento tuvo una línea de mayor confrontación con los implicados en el “financiamiento ilegal”-, esto respondería al interés de Guerra de no enemistarse “con los políticos”, cuestión crucial si aspira a tener alguna opción de sustituir a Jorge Abbot, como fiscal nacional. Por eso Délano y Lavín, podrán cumplir su condena en libertad, pagando una multa de $1.700 millones, monto que, según el SII, cubriría el perjuicio fiscal producido por el delito tributario.
El periodista Daniel Matamala, en su texto Poderoso Caballero, el pe$o del dinero en la política chilena (Catalonia, 2015), describe el funcionamiento de esta verdadera máquina de soborno: “Aparte de los ya conocidos aportes ilegales, el Grupo Penta también montó una amplia operación de donativos en el marco de la ley electoral, que involucra a 15 compañías de su propiedad (…). Las más constantes en sus aportes son las isapres Banmédica (…) y Vida Tres (…) Carlos Délano calculó en $750 millones los dineros entregados vía Servel en las elecciones de 2009”.
La UDI y los sectores más reaccionarios de Chile Vamos le deben mucho a Penta. No dejarán caer a nadie de los suyos, menos ahora que son gobierno. Aunque tengan que pagar millones por concepto de multas, buscarán preservar su impunidad, para seguir haciendo de Chile un lugar óptimo para el enriquecimiento a costa de la miseria de millones.
