Un terremoto político se vivió desde la mañana del sábado 18 de mayo. El anuncio de la fórmula presidencial compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández para afrontar tiempos “realmente dramáticos” (como afirma la expresidenta en el video de lanzamiento) constituye una señal para atraer todo lo que se pueda del peronismo e intentar dar certidumbre al establishment económico: Alberto fue el díscolo en el conflicto del campo, el acusado de lobista de Clarín por 678 y el de mejor diálogo con la Embajada de los Estados Unidos. Como en 1989 y 2001, una vez más en la historia, el peronismo hace gala de su audacia para llevar adelante la gestión del país en momentos dramáticos. Está menos impregnado en la memoria su rol en el ajuste en las últimas grandes crisis.

La catástrofe económica actual bajo el virreinato de Christine Lagarde despertó la creatividad de los que pronostican un final equivalente a las crisis de 1989 y 2001 para Mauricio Macri: con hiperinflación o con crisis de deuda, o una combinación de ambas. Si es que antes los cambiemitas no son devorados por los “mercados”, quedan siete meses de estrés económico, cambiario e inflacionario hasta el recambio presidencial del 10 de diciembre.

La búsqueda de similitudes de la actualidad con los últimos traumas económicos del país intenta instalar la idea que el mejor piloto de tormentas es el peronismo, que los días más felices siempre fueron peronistas y que con un peronista al mando, salimos del fondo ¿es esto cierto?

No los voy a defraudar

No es errado decir que durante el gobierno de Raúl Alfonsín se concentró el mayor rechazo de la odiosa deuda externa. Los Estados Unidos intentaron contrarrestar la iniciativa de varios países latinoamericanos de conformar un club de deudores. Con el fin de salvar el patrimonio de los bancos internacionales en 1985 James Baker, secretario de Estado yanqui, lanzó un plan que llevó su nombre: el Plan Baker daba impulso a reformas estructurales similares a las que más adelante serían conocidas como “Consenso de Washington”. Luego de un primer momento de mayor confrontación durante la gestión económica de Bernardo Grinspun, el Gobierno inicia un “giro realista”. En 1985, el nuevo ministro, Juan Vital Sourrouille, impulsará el Plan Austral: fue calificado como un “ajuste positivo”, expresando el intento de combinar recetas económicas heterodoxas y ortodoxas en simultáneo. Luego de una relativa estabilización, los desequilibrios crecientes obligaron a un segundo plan de ajuste en 1988: el Plan Primavera. En 1989 prácticamente todos los sectores patronales y el Banco Mundial (que sostuvo una diferencia con el FMI y mantuvo el apoyo un tiempo más) dejarán en el aire al Gobierno [1]. Un verdadero golpe de “mercado” estaba en curso: mientras el gran capital vaciaba el país, la clase trabajadora era azotada por la hiperinflación (4.923 % aumentaron los precios minoristas). Las consecuencias de pagar la deuda hasta morir estaban a la vista. “A veces no supimos, a veces no quisimos, a veces no pudimos”, se lamentó Raúl Alfonsín en el final caótico de su Gobierno.

En mayo de 1989 se realizan de manera adelantada las elecciones. El candidato peronista, Carlos Menem, prometió “revolución productiva”, “salariazo” y el repudio de la deuda externa. Al ganar las elecciones el descontrol económico se agudiza provocando el adelantamiento de la entrega del mando a julio. Con el cambio de piloto de tormentas se podía pensar que lo peor había pasado. Pero no. El riojano realiza un pacto con el establishment económico y designa como ministro de Economía a Miguel Ángel Roig, proveniente del grupo Bunge y Born, un holding que gestiona una de las principales empresas agroexportadoras del mundo. Roig fallece a los pocos días de ser nominado. En su reemplazo es designado Néstor Rapanelli, el vicepresidente de Bunge & Born.

El editorialista de La Nación, Carlos Pagni, acertó al señalar que Mauricio Macri no contó, al asumir en 2015, con el beneficio de ese final caótico de la gestión alfonsinista y su efecto disciplinador que dejó allanado el camino para un ataque en gran escala. En la transición la ofensiva fue persistente: según datos del Indec, el porcentaje de personas debajo de la línea de pobreza en el Gran Buenos Aires subió desde el 32,3 % (octubre 1988) al 47,3 % (octubre de 1989). En ese primer momento el Congreso vota la reforma del Estado con eje en las privatizaciones y otras contrarreformas reclamadas por los centros financieros. A principios de 1990 se lleva adelante la confiscación de pequeños ahorristas con el Plan Bonex: un canje compulsivo de plazos fijos por títulos públicos (es decir, efectivo por bonos). Un precario e inicial acuerdo de precios salta por el aire con una corrida cambiaria que desata un nuevo brote hiperinflacionario en 1990 (1.343,9 %). El primer año y medio transcurre entre ataques permanentes a las condiciones de vida y un feroz ajuste externo.

En 1991, Domingo Cavallo lanza la Convertibilidad, un “modelo” que para estabilizar los precios establecía una ficción donde la moneda argentina era tan “fuerte” como el dólar estadounidense: un peso (que reemplazará al austral) “valdrá” igual que el dólar. Se trataba de una semidolarización de la economía, un sueño para el imperialismo yanqui. La estabilización de precios fue la precondición para un salto en el ataque patronal y reconstituir la comunidad de negocios en el frente burgués. Ese “modelo” se sostenía si la economía era abastecida por un flujo permanente de dólares. ¿Cómo lograrlos? Con la entrega del patrimonio público al capital extranjero. Como es característico, la negociación para la regularización de los pagos de la deuda reportó enormes ganancias para el capital financiero. No sólo eso. Un nuevo plan de los Estados Unidos, el Plan Brady (por el nombre del secretario del Estado de los Estados Unidos que lo impulsó), buscó mejorar los balances de los bancos acreedores mediante la transformación de sus acreencias en bonos públicos negociables en los “mercados”. El FMI estuvo a cargo de la implementación del Brady, cristalizando una mayor injerencia en la economía. Parte de los bonos de deuda del Estado argentino devaluados en manos del gran capital internacional fueron utilizados para la compra de las empresas públicas: mediante las privatizaciones fueron rematados a “precios cuidados” los servicios esenciales (luz, agua, telefonía), empresas de carácter estratégico, como la petrolera YPF (en 1992, el miembro informante de esta privatización en el Congreso fue el ahora kirchnerista Oscar Parrilli) [2], una gran cantidad de bancos provinciales y el sistema jubilatorio. La Reforma del Estado también contempló el ajuste del gasto estatal: el Banco Mundial financió la creación de 120 mil desocupados provenientes del empleo público. La mayor regresión se observó en las leyes laborales con cambios flexibilizadores y precarizadores.

En un principio el “modelo” de Cavallo (quien renunció en agosto de 1996 y fue reemplazado por Roque Fernández) se sostuvo por los dólares que llegaron por las privatizaciones. Liquidadas las joyas de la abuela, la fuente central pasó a ser el endeudamiento externo, cuyo repago se tornará una carga imposible. La Convertibilidad logró surfear con relativo éxito el efecto Tequila (1995), la crisis asiática (1997), la crisis rusa (1998), pero la devaluación de Brasil (1999) fue una embestida demasiado fuerte para el tipo de cambio fijo. Con una caída de 3,4 % en el último año de Menem en el poder se inició una lenta agonía de la economía que duraría varios años más [3].

La cuenta regresiva

La Alianza que puso en el poder a Fernando de la Rúa en diciembre de 1999 quiso mantener con vida el Frankestein de la Convertibilidad ajustando todo lo que fuera necesario. El financiamiento externo resultaba más dificultoso a partir de que la Reserva Federal de los Estados Unidos dispuso elevar las tasas de interés desde el año 1999. Por otro lado, el atraso cambiario establecía mayores límites a la competitividad desde la devaluación de Brasil. De este modo, para intentar restablecer los equilibrios en las desbordadas cuentas públicas y externas, que se agudizaron con la recesión (se extenderá desde mediados de 1998 hasta 2002), el efímero gobierno redobló la ofensiva sobre las condiciones de vida.

La primera gestión económica estuvo a cargo de José Luis Machinea: arrancó con un acuerdo con el FMI, que comprendía un préstamo de U$S 10,6 mil millones a cambio de un fuerte ajuste e “impuestazo”. Hacia fines de 2000 se avizoraba que al siguiente año no habría recursos para pagar la deuda. En diciembre, con el fin de evitar el futuro default (no pago), el Gobierno acordó con el FMI el “blindaje” (anunciado con el famoso “qué lindo es dar buenas noticias”): la operación comprendía un préstamo Stand-By de ese organismo, fondos del Banco Mundial, el BID, bancos privados y del Estado Español, que tenía interés en proteger a sus empresas en el país. La moneda de cambio: más contrarreformas con flexibilización laboral, ataque al sistema previsional y a las obras sociales. El Presupuesto de ajuste del año 2001 (votado a fines de 2000) contó con el voto de la mayoría de los peronistas en el Senado. La fuga de capitales se aceleró y llevó a un círculo vicioso: se perdían reservas, por la Convertibilidad se reducía la cantidad de dinero circulante y se retroalimentaba la recesión. Machinea renunciaría en marzo de 2001, abriendo paso al último recurso: el regreso de Cavallo a la conducción económica, ahora con “superpoderes”.

Con la prioridad de hacer honor a los pagos de la deuda, algo cada vez más difícil con la recesión galopante, Cavallo organizó el “megacanje”, una operación turbia concretada en junio de 2001 con la participación de los sospechosos de siempre: el FMI, el Banco Mundial y los bancos internacionales. Con esta estafa, la deuda pública se incrementó en U$S 53 mil millones [4]. El 31 de julio se aprobó en el Congreso el “déficit cero”: existía superávit primario –se gastaba menos de lo que se recaudaba–, pero se buscaba también conseguir el superávit financiero, es decir luego del pago de los intereses de la deuda. El peronismo no lo votó, pero aportó el quórum necesario en el Senado para que tenga lugar el debate. Con el “déficit cero” se cortaban todas las partidas presupuestarias con fines sociales en favor de liberar recursos para pagar los intereses de la deuda, que ese año representaron el 20 % del presupuesto. En esta oportunidad se creó el impuesto al cheque y se recortó un 13 % los salarios de empleados públicos, las jubilaciones y pensiones, como así también las transferencias a provincias.

Los bancos extranjeros que apoyaban a Cavallo en simultáneo vaciaban el país. Según Llorens y Cafiero, los bancos privados explican el 80 % de la fuga: las principales entidades participantes fueron Citibank, Bank Boston, Banco Galicia, Banco General de Negocios y BBVA [5]. El desembolso del FMI que siguió al “déficit cero” se evaporó prácticamente todo en la fuga. En el libro Endeudar y Fugar [6], editado por Eduardo Basualdo, se detalla a cincuenta grupos que fugaron capitales al calor de la crisis de 2001: Pérez Companc, Telefónica de Argentina, Repsol, Telecom, Nidera, Shell y sigue la lista. En estas condiciones en las que el sistema bancario se cristaliza como herramienta del vaciamiento, como también ocurre en la actualidad, la nacionalización de la banca, muchas veces calificada de radical, es una medida de emergencia clave para defender los recursos nacionales, al asalariado que no puede utilizar ni siquiera su salario disminuido y al ahorrista ahogado por el sistema bancario, tal como se verificó con el “corralito”, que impedía sacar dinero de los bancos en un valor superior a los $ 250 por semana.

No se van todos

Ante la debacle, en diciembre se cortan los envíos de fondos del FMI. Para entonces prácticamente ningún sector empresario sostenía a De la Rúa. Las jornadas del 19 y 20 de diciembre desafiaron el decreto del estado de sitio y terminaron de sepultar a la experiencia de la Alianza al grito de “que se vayan todos”. Pero todos no se fueron, se sucedieron cuatro presidentes peronistas en pocos días. En el medio de la catástrofe, Adolfo Rodríguez Saá, quien asumió la presidencia entre el 23 y el 30 de diciembre, suspendió los pagos a los bonistas, pero se siguió honrando la deuda con los organismos internacionales, como el FMI, a pesar de que habían financiado el saqueo a través de operaciones fraudulentas. Ese default parcial y circunstancial de deuda, como la mora en los pagos al final del alfonsinismo, no tienen nada que ver con el no pago que plantea la izquierda, que se integra en un programa para derrotar al FMI y que la crisis la paguen los que la generaron. Por el contrario, la medida de Rodríguez Saá, que fue aplaudida de pie en el Congreso, constituyó una salida de emergencia del régimen capitalista para intentar recomponer las condiciones de acumulación y retomar los pagos de la sacrosanta deuda externa.

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El último de los presidentes de esos tumultuosos días fue Eduardo Duhalde, quien el 6 de enero de 2002 sepultó la Convertibilidad. Muerto el perro, no se acabó la rabia. Ni fue el capítulo final de los padecimientos de la población trabajadora. Todavía faltaba más: la fracción devaluadora de los empresarios, compuesta por los exportadores y capitales que abastecen el mercado interno, impuso su salida en contra de la fracción del capital que pretendía la dolarización total de la economía, compuesta por los organismos internacionales, el sistema financiero y las empresas privatizadas beneficiadas con tarifas en dólares. Pero sobre todo impuso su salida contra la clase trabajadora. En la memoria colectiva está presente el 13 % de recorte a jubilados y empleados públicos que concretó Cavallo, pero tiene menos prensa que la megadevaluación del Gobierno de Duhalde destruyó el poder de compra del salario un 30 % durante 2002: el dólar subió 200 % impactando en la inflación que trepó a 40 % ese año con salarios que crecieron sólo un 10 %. La desocupación que ascendió desde el 15,4 % en mayo de 2000, pasando por 16,4 % en el mismo mes de 2001, va a llegar a 21,5 % en el quinto mes de 2002. Este factor, junto con la colaboración de las cúpulas sindicales, operó como disciplinador para la destrucción salarial de los trabajadores ocupados. La actividad económica ese año experimentó uno de los mayores derrumbes de la historia: retrocedió casi 11 %. De mayor alcance que los recortes presupuestarios de 2000 y 2001, la devaluación tuvo un efecto devastador sobre las condiciones de vida en tanto la “democracia” del mercado llevó su impacto a todos los rincones de la clase trabajadora. Según datos de Orlando Ferreres [7], el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza pasó de ser 34 % en 2001 a un máximo histórico de 55 % en 2002.

Mientras incumplió su promesa a los pequeños ahorristas que rezaba que “quien depositó pesos, recibirá pesos, y quien depositó dólares, recibirá dólares", Duhalde benefició a Techint, Clarín y otros grandes grupos con la pesificación de sus deudas, que en los hechos las licuaba a causa de la devaluación. La salida de la Convertibilidad contó con Jorge Remes Lenicov al frente del ministerio de Economía. En abril de 2002 tomará el mando Roberto Lavagna, quien continuará en el cargo con Néstor Kirchner. Fue el arquitecto del canje de deuda (apoyado por el magnate George Soros y David Martínez, socio mexicano de Clarín en Cablevisión, ambos con bonos en sus manos) que restableció los pagos a los especuladores que había interrumpido Rodríguez Saá: en esa operación los fondos buitre “buenos” ganaron hasta 300 %, como reconoció Axel Kicillof cuando quiso convencer a los fondos buitre “malos” de Paul Singer que acepten las mismas condiciones. En 2003, gracias al trabajo sucio contra la clase trabajadora y en coincidencia con mejores condiciones internacionales para las exportaciones de materias primas, se reinició el ciclo de acumulación con las ganancias de las empresas reconstituidas. El padre de la posconvertibilidad fue Duhalde, quien le dejó la mesa servida al kirchnerismo.

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La crisis actual tiene su especificidad. El macrismo trajo una lluvia de endeudamiento, sometió nuevamente al país a las garras del FMI y para los próximos años sólo promete una revolución de padecimientos para las mayorías trabajadoras. Para concretar el pago a los fondos buitre “malos”; para la contrarreforma previsional y para el Presupuesto de “déficit cero” [8] de 2019, contó con el apoyo de gran parte del peronismo “dador voluntario” de gobernabilidad. El rol del peronismo se extiende a las provincias con Alicia Kirchner como la mejor alumna en cuanto a recortes presupuestarios y Juan Schiaretti como el macrismo por “otros” medios en Córdoba. No obstante, a pesar del ajuste y del deterioro del consumo por la vía inflacionaria, Cambiemos no logró un derrumbe del salario equivalente al que practicó Duhalde en 2002, que fue la clave para recomponer las ganancias. Tampoco pudo equilibrar las cuentas externas ni las públicas, que por el contrario empeoró para conceder beneficios al campo y otros sectores hasta que llegó el tiempo del FMI.

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La historia no se repite. No obstante, un rasgo característico decanta del repaso histórico: el peronismo es el mejor gestor de la crisis para los intereses de los capitalistas. Tanto con Menem como con Duhalde-Kirchner tuvo la virtud de acelerar el ajuste, recomponer las condiciones de ganancias y lograr el relanzamiento del ciclo de crecimiento económico. En este resultado no combatió ni rompió con las leyes del capital, sino que, por el contrario, fue el mejor gestor del conjunto de los negocios capitalistas. Ahora, nuevamente, en todas sus variantes, incluido claro el kirchnerismo, se propone como el salvador frente a la miseria creciente. Y frente a un Cambiemos que busca ganar tiempo con sus puntos de consenso, que en realidad son uno sólo: el número diez, que jura el “cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores”. El Frente de Izquierda y los Trabajadores exhibió claramente su programa de diez puntos, que parte de la ruptura con el régimen del FMI, no pagar la deuda fraudulenta, nacionalizar la banca, el comercio exterior y poner por delante las necesidades sociales, con salarios y jubilaciones que permitan cubrir la canasta familiar, entre otras medidas para que la crisis la paguen los capitalistas. El peronismo, por el momento, no ha dado el sí a esa invitación del oficialismo, pero todas sus fracciones, a su modo, no ahorran gestos para garantizar a los “mercados” que la deuda se pagará. Mientras, no tiene respuesta sobre cómo afrontará los U$S 160 mil millones de pagos de deuda del próximo gobierno (U$S 40 mil millones anuales, que superan ampliamente las exportaciones agrarias) sin hacer un ajuste, ni en qué términos negociará con el FMI. Fue el propio Roberto Cardarelli, el jefe de la misión del organismo que recorrió estos días Buenos Aires, quien manifestó que no teme a un gobierno de Cristina Fernández. A los dueños del dinero (y de todo) les vino a la memoria la generosa indemnización que Axel Kicillof pagó a Repsol en agradecimiento por el saqueo petrolero y el inexplicable acuerdo con el Club de París, en el cual reconoció una deuda que se elevó mágicamente de U$S 6.000 millones (según constaba en los registros del Ministerio de Economía bajo su mando) hasta casi U$S 10.000 millones. La fórmula encabezada por Alberto Fernández es un certificado de garantía para esa lectura del establishment. O damos vuelta la historia o la historia repetirá el resultado unívoco: el peronismo vendrá nuevamente a terminar la terea sucia iniciada por el macrismo.

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