El estado provincial santafesino es un festival de contrataciones basura. Las indefiniciones de los pases a planta permanente, en medio de los ajustes en serie y cruzado por el cambio de gobierno que se viene, abren las puertas a un plan de despidos masivo.
Lunes 4 de noviembre de 2019 14:17
Seguramente el tema pasará a segundo plano antes de haber sido noticia, pero en Santa Fe ya hay en marcha un plan de despidos masivo de empleados públicos provinciales.
El gobernador actual, el representante del “socialismo” Miguel Lifschitz, y el entrante peronista Omar Perotti, están de acuerdo en que ese plan de despidos se ejecute sin hacer demasiado ruido y los sindicatos ATE y UPCN se han ocupado de que el silencio se mantenga el mayor tiempo posible.
Digo que el tema pasará a segundo plano porque el ajuste ya trae otros titulares rimbombantes: la cláusula gatillo que ha servido como un atenuador del desinfle salarial que se ejecuta cotidianamente vía inflación, se encuentra en riesgo. El Ministro de Gobierno Pablo Farías anticipó que "hay dificultades" para hacer frente a su aplicación en el próximo pago de sueldos, y entonces sonaron las alarmas.
Sin embargo, conviene no perder de vista el plan de despidos del que habla esta nota, porque los empleados con contratos de diferentes tipos y con diferentes niveles de precariedad, serían no menos de 1600, pero como no se sabe demasiado no es exagerado calcular que el número excede largamente los 2000.
Contratación basura
El gobierno del socialismo santafesino llegó en 2007 de la mano de Hermes Binner con promesas de transparencia. En el discurso del primero de mayo de 2008, contaba que había creado la Comisión para el Trabajo Decente que tenía como uno de sus objetivos el de “acabar con el trabajo en negro”.
Los años siguientes, las gestiones de Binner y de sus continuadores Bonfatti y Lifschitz estuvieron lejos de predicar con el ejemplo y convirtieron al estado provincial en un festival de contrataciones basura.
El mecanismo del contrato – locaciones de servicios - que está pensado en la legislación provincial como una fórmula excepcional para tareas eventuales, fue utilizado como método privilegiado para incorporar trabajadores al Estado, empleados disfrazados como monotributistas con casi ningún derecho laboral, laburantes de segunda que se multiplicaban delante de las narices de los sindicatos, que no dijeron esta boca es mía. Pero todavía hubo más y fue peor.
Se implementaron masivamente formas de contrataciones en las cuales el Estado Provincial desaparece directamente de la relación jurídica, fórmulas como las del Sobrestante de obra que trabaja para la Provincia durante años pero factura a las sucesivas empresas contratistas que van ejecutando obras públicas. Las empresas cobran del dinero público y pagan al personal que en realidad trabaja para el Estado, por lo que terminan resultando que esconden que el verdadero patrón del trabajador es el Estado precarizador.
Se hicieron también mala costumbre mecanismos como los que sufren gran parte de los que trabajan en los hogares dependientes del Ministerio de Desarrollo Social o como tantos profesionales que ponen su firma en informaciones a la Justicia que se producen a diario en la Subsecretaría de la Niñez, pero que revistan como Acompañantes Personalizados, una figura que esconde que son trabajadores efectivos que cumplen tareas cotidianas y sistemáticas, mostrándolos como trabajadores eventuales que trabajan de vez en cuando.
No hay que explicar mucho más: así fue como el Estado provincial santafesino se dotó de personal desechable: algo así como trabajo decente para una patronal indecente.
Tomala vos, dámela a mi
El tema del ingreso de los contratados a la planta permanente es una discusión habitual en las paritarias santafesinas pero este año - en medio de los ajustes en serie y cruzado por el cambio de gobierno que se viene - la cosa fue pasando de castaño a oscuro.
A principio de septiembre se informaba que los gremios recibían una propuesta por parte del gobierno de Lifschitz que contemplaba el ingreso a planta de 600 contratados, pero el número era a todas luces breve, porque no incluía a gran parte de los que ingresaron a principios de 2018 y no consideraba las formas más disimuladas de contratación.
Al aparecer esta noticia en los diarios no se notó tanto el enojo de los sindicatos como el de la tropa peronista que se hará cargo del gobierno santafesino. En una nota firmada por los legisladores Alcides Calvo y Roberto Mirabella; y por el ex ministro Coordinador Rubén Michlig – principales espadas del entrante gobernador Perotti - se pidió sin vueltas que “no se avance durante este período con trámites administrativos correspondiente a designaciones de planta permanente", sugiriéndose el dictado de una ley por la que obviamente nadie movió ni un dedo. Lifschitz hizo rápido sus deberes y contestó que mantenía su compromiso “de no hacer cambios hasta que termine nuestra gestión“.
A fines de septiembre se anunciaba con bombos y platillos que se modificaba la fecha de corte de los ingresos, lo cual aumentaba la oferta virtual que ahora podría incluir a 1.200 trabajadores. Pero vale remarcar la palabra virtual, porque se hablaba de una designación en forma progresiva que no quedó claro cuando empezaría y cuando terminaría de ejecutarse. Los gremios se apresuraron a manifestar su agrado por las supuestas buenas nuevas, porque "en cuanto al universo de trabajadoras y trabajadores comprendidos también hubo avances porque nosotros exigíamos que no solo se contemple a los contratos de locaciones de servicios o a los artículos 169, sino que incluya a los trabajadores monotributistas y otras modalidades. Esta nueva propuesta contempla este universo de trabajadoras y trabajadores". Y acto seguido explicaban que "hemos resuelto pasar a un cuarto intermedio”.
Hoy, a más de cuatro semanas, todavía se mantiene ese largo cuarto intermedio sin que ninguno de los gremios haya denunciado claramente que esta inacción encubre un plan de despidos. Para colmo, mientras que los anuncios que tanto alegraron a los gremios se diluían en el tiempo sin que nada se supiera, el jueguito de la transición siguió, y ahí el Gobernador dijo cosas bien distintas: “me planteó (Perotti) no avanzar con nuevos procesos de licitación, sobre todo de obra pública, cosa que hicimos, no avanzar con pases a planta permanente de personal contratado, cosa que hicimos.”
Los socios del silencio
No es necesario explicar que los despidos no son solo una sospecha de agoreros. Los trabajadores que están en una relación jurídicamente más débil con el Estado Provincial están perdiendo sus trabajos ya en estos días en un goteo incesante y doloroso, pero los que tienen contratos todavía vigentes no pueden menos que sentirse en la cuerda floja. Ya se vio con los contratados nacionales, que acabaron siendo las principales víctimas del gobierno de Macri, de modo que es de temer quedar como el eslabón más débil en medio de la amenaza de futuros ajustes.
Los sindicatos que agrupan a los trabajadores estatales santafesinos – ATE y UPCN – han sido parte del armado electoral de Perotti en la provincia y de los Fernández a nivel país. Esta actitud de estos días pinta un inicio poco auspicioso del rol que asumirán como oficialistas, porque al menos hasta hoy se han negado a denunciar claramente el plan de despidos que se encubre en estos dimes y diretes, en estas reuniones paritarias que se postergan indefinidamente y en las peleas por la caja de la transición que asoma en las noticias de los diarios.
A los trabajadores estatales santafesinos se les presentará seguramente una vez tras otra este dilema. Ahora que se anuncia el fin de la cláusula gatillo que significará el reinicio del desmoronamiento salarial sin diques, la pregunta volverá a plantearse y los delegados y los activistas deberán pensar formas de luchar sobrepasando la mudez voluntaria de los socios del silencio.
