Conocido como el “rey de la seguridad low cost”, Miguel Ángel Ramírez es acusado por una evasión millonaria. En la última década, ahorraba en salarios en su empresa de vigilantes pagándolos como “dieta y desplazamiento”. El Estado Español, uno de sus principales clientes.
Gastón Gurski Estudiante de Cs. de la Comunicación
Kevin Wright @kevouv
Martes 21 de noviembre de 2017
Foto: Marca
Según un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el fraude asciende a 14 millones de euros, investigación que se desarrolla desde 2014 por el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas. El empresario del fútbol es fundador de Seguridad Integral Canaria, conocida por sus servicios de bajo costo, que en 2009 ya poseía una estafa de 4,2 millones a sus trabajadores. La cartera de clientes, y cómplices, del patrón de los vigilantes ha incluido al Ministerio de Defensa, que le adjudicó 36,3 millones, Correos (31), Patrimonio Nacional (9), Radio Televisión Española (13,7) y la propia Seguridad Social (4).
Las pesquisas indagan si Miguel Ángel Ramírez cometió entre 2009 y 2012 un fraude a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, ya está imputado en esta causa. “Hemos llegado a un acuerdo con la Seguridad Social. Eso no lo menciona el informe. Está todo avalado […]. Desde 2010 no soy nadie en Seguridad Integral Canaria”, explicó de forma poco convincente, quien preside Unión Deportiva Las Palmas, equipo de primera división con sede en Islas Canarias. Sin embargo, su nombre figura en las últimas cuentas presentadas al registro mercantil por la empresa. En 2015, como propietario -nada menos que- del 96,83 % de las acciones, mismo año en que su compañía registró unas ventas de 92,7 millones.
Un ejemplo oportuno para graficar una vez más cómo unos pocos empresarios lucran con los cuerpos de las y los trabajadores. Además de hacer negocios con la seguridad privada, que funciona en consonancia con el discurso de la inseguridad que ventilan los grandes grupos mediáticos. Éstos nos bombardean con el aumento “preocupante” de la delincuencia, mientras sus amigos montan una empresa de seguridad con costos bajísimos, se llevan las ganancias y explotan a quienes más lo necesitan.
La maniobra explica cómo la legión de 3.000 trabajadores y trabajadoras de la vigilancia, empleadas por este antiguo guardaespaldas de 48 años, ha prestado desde 2011 baratos servicios a la administración del Estado Español, comandado por el ajustador en serie y presidente del Estado Español, Mariano Rajoy.
Según informa uno de los grandes medios capitalistas, el periódico El País, Miguel Ángel Ramírez es conocido como el “rey de la seguridad low cost” por encadenar 200 millones en adjudicaciones públicas gracias a sus ofertas imbatibles. Un notable negociado con responsables en las altas esferas del gobierno actual, y como siempre los asalariados pagamos las vajillas de cristal en las que ellos comen.
En detrimento de la situación de las y los vigiladores (que en la mayoría de los casos trabajan hasta turnos de 12 horas), para poder realizar el encubrimiento, Ramírez camufló entre 2009 y 2012 parte de los pagos de los sueldos, en las nóminas de la plantilla, como “dietas y desplazamientos”, conceptos exentos de tributar, según el informe que mencionamos antes.
“La Inspección Provincial de Madrid ha detectado el abono de cantidades a los trabajadores bajo el concepto de dietas y kilometrajes […] sin incluirlas en su base de cotización”, precisa este documento del pasado 5 de octubre. El texto sitúa en 2009 el pico del investigado fraude: 4,2 millones.
Es decir, como el Estado está formado por una junta de especuladores que ignoran y aumentan la miseria del pueblo por su irracional búsqueda de ganancia, hace la vista gorda a las irregularidades laborales que personajes como Ramírez ejecutan para descargar la crisis sobre las clases populares.
En consecuencia de estos expedientes, Seguridad Integral Canaria anunció el pasado septiembre su cese de actividad. La firma comunicó el latente paso de su plantilla a otras empresas, mostrando con “naturalidad” e ironía, los mecanismos que prepara la clase poseedora para evitar todo tipo de resarcimiento a quienes día a día se levantan a trabajar para poder comer.
La burocracia sindical y su rol desmovilizador
Corriendo por detrás el discurso de la “inseguridad”, las empresas de seguridad, vigilantes y custodios han sido de los rubros en alza en el contexto de la Gran Recesión que, ante el aumento de la miseria y el hambre, incrementa la marginalidad de las capas más desposeídas que se encuentran, con la delincuencia como única opción a corto plazo.
Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, las compañías de seguridad generaron en 2016 “un volumen de negocio de 4.035 millones de euros, lo que supuso un incremento del 3,2% respecto al año anterior, en el que el aumento había sido del 3,4%”. A su vez, “el segmento de vigilancia continúa generando la mayor cifra de facturación, un 61,7% en 2016 (2.488 millones de euros). (...) En un contexto económico favorable, se espera que el volumen de negocio sectorial cierre el ejercicio 2017 con una cifra de en torno a 4.175 millones de euros, lo que supondría un incremento del 3,5%, ligeramente superior al contabilizado en el año anterior”.
Es decir, en los últimos tres años han aumentado prácticamente un 9% sus negocios, mientras que las condiciones laborales empeoraban para las y los vigiladores. ¿Qué intereses se encuentra defendiendo la burocracia de la dirigencia sindical?
El dirigente de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), Basilio A. Febles (quien en febrero participó como invitado del Congreso de Podemos), denuncia que “Ramírez está vinculado a otra compañía del sector, Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Registró su marca y quiere traspasar los servicios a esta empresa. Su coste laboral es un 30 % más bajo y los vigilantes pasarán a cobrar 700 euros mensuales. El Gobierno de Canarias tiene que rescatar los concursos, sacarlos de nuevo a licitación”. Sin embargo, el dirigente de FTSP-USO calla ante la convocatoria a la movilización para exigir la normalización de la situación precaria de su sector.
“No registré la marca. Alguien lo hizo a mi nombre”, justifica Ramírez, que afronta una fianza de tres millones de euros y cuando se le pregunta por su plantilla acota sarcásticamente: “No sé ni cuántos trabajadores tengo”.
La arrogancia del empresario es ejemplo y reproducción de cientos que, ubicados en su lugar, optan por los mismos métodos: usar al trabajador como si fuera una batería descartable para maximizar sus ganancias. ¿Y qué pasaría si mañana no asiste a su puesto de trabajo ningún vigilante en todo el estado? ¿Y si además colman las calles haciendo oír sus reclamos? ¿quién va a cuidar de los que más tienen? Quizá de ese modo el señor Ramírez aprenda por fin cuánta gente viene estafando hace años.
