Diputados. El presupuesto de Milei avanzará la semana que viene y los gobernadores lideran las negociaciones

“Mejor un mal presupuesto que ninguno” es la frase que están haciendo propia los gobernadores y sus tropas parlamentarias en Diputados. Es la expresión de que ya están rendidos al presupuesto 2025 de Javier Milei.

Este jueves se realizó la comisión de Presupuesto y Hacienda, pero desde distintos bloques confirman que el dictamen saldrá el martes próximo. Tal como adelantamos, buscan que la sesión para darle media sanción al presupuesto sea el jueves 21 de noviembre. Con la experiencia de la ley bases, tampoco se pueden descartar sorpresas si se empantana la negociación, pero al menos esa es la hoja de ruta del oficialismo, los gobernadores y los bloques aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal de Pichetto que participan de la elaboración de un nuevo texto.

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El Congreso pierde protagonismo en la era Milei. No solo por su forma de gobierno autoritaria con DNU y vetos. También por el peso de los gobernadores de todos los espacios políticos: son quienes vienen teniendo la última palabra como demostraron en la sesión frustrada de este martes que fragmentó a Unión por la Patria. “Hay un rubro económico que ha crecido en este gobierno que es el de los productores de pelucas” dijo Christian Castillo del Frente de Izquierda y desató algunas risas en la sala por el apodo de "radicales con peluca" que ahora también salpica al peronismo.

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Germán Martínez se hizo eco de estas críticas “como presidente del bloque de Unión por la Patria me hago cargo de todo, de los que no vinieron por decisión política, de los que no vinieron por distintas enfermedades”. Lo curioso fue que fundamentó toda la estrategia de convocar a la sesión (que terminó fallida) para presionar al gobierno a que se apruebe el presupuesto. Contó que desde la semana pasada le dijo a los gobernadores “el plan nuestro los fortalece, porque si nosotros rechazamos el DNU 846, sí o sí el gobierno va a tener que tener una ley de presupuesto”. El DNU 846 es el que habilita total discrecionalidad a Caputo para renegociar deuda en dólares y estaba en el temario de la sesión del martes, y su contenido también está incluido en el presupuesto de Milei en su artículo 54.

La pregunta es, ¿a quién beneficia fortalecer a los gobernadores? Los mandatarios provinciales están velando por sus propios intereses para recibir fondos aunque todo el presupuesto de Milei tenga como regla fiscal central el ajuste para pagar al FMI y a los acreedores privados. “Lo que ordena el presupuesto es, primero vamos a garantizar pagarle a los acreedores, a los amigos de Caputo, al FMI, después al resto las migajas” cuestionó Castillo de la izquierda que integra la comisión y anunció que presentará un dictamen propio de rechazo total al plan de Milei.

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Los gobernadores están liderando las negociaciones, y el debate no pasa por la comisión de Presupuesto y Hacienda de forma pública hacia toda la población. En representación del Poder Ejecutivo, en la mesa chica se sientan José Rolandi, vicejefe de Gabinete, y Carlos Guberman, secretario de Hacienda.

“Chipi” Castillo salió al cruce de esta dinámica. “A un diputado, una diputada, los vota el pueblo no los vota el gobernador. Sino propongan que son delegados de los gobernadores y chau, el pueblo no vota más” los desafió.

Sin ir más lejos, fuentes parlamentarias revelaron que la decisión de dictaminar el próximo martes fue para darle una posibilidad de maniobra mayor a los gobernadores que se reunieron esta tarde en el CFI (Consejo Federal de Inversiones). Fueron invitados los 24 mandatarios de todo el país, y el presupuesto 2025 estaba como tema central para convocarlos. Al cierre de esta nota, Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) de Unión por la Patria participaban también del encuentro junto a Ignacio Torres (Chubut) del PRO y otros mandatorios o sus representantes.

Quedan 5 días para que los gobernadores y el Poder Ejecutivo lleguen a un acuerdo para que el presupuesto llegue al recinto. Si bien reconocen que hay avances, varios puntos siguen abiertos y tensionan las conversaciones.

Uno de los debates es en torno a la famosa “regla fiscal” que impuso el gobierno en el artículo 1 del presupuesto. El texto original dice: si la recaudación en el año es menor a la esperada, todos los gastos del presupuesto deberán reducirse en la misma proporción. Pero lo que no dice es qué pasa si hay más recaudación que la prevista, algo que sucede en todos los presupuestos que proyectan siempre una inflación más baja que la realidad. Porque si inflación es mayor, la recaudación de impuestos crece.

También está en debate el tema de las jubilaciones. El gobierno incluyó en el texto original la ratificación del DNU con el que cambió la movilidad (ajustada a la inflación mensualmente) y les robó una porción de la inflación de enero. Los bloques aliados piden que solo se ratifique la movilidad por inflación, pero no el DNU. Un punto que seguramente se lleve la atención en la votación en particular en el recinto porque persisten las diferencias entre el decreto presidencial y la ley que salió del Congreso y fue vetada.

Con respecto al financiamiento a las universidades el gobierno no da el brazo a torcer. Ni siquiera aceptó hasta ahora actualizar los montos del texto original, que quedaron “viejos” respecto a la actualización salarial que decidió unilateralmente para intentar desactivar el conflicto universitario. Solo estaría dispuesto a sacar del proyecto la derogación de los artículos de leyes educativas que establecen pisos o porcentajes del PBI para su financiamiento. De hacerlo, no tendría muchos efectos concretos: si los gobiernos anteriores no cumplieron, por ejemplo, el piso del 6% para la educación nacional, Milei tampoco tendrá reparos en ir por el mismo camino.

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Hay cinco puntos centrales que están en el pliego de demandas de buena parte de los gobernadores, al menos de los que llegaron de la mano del sello de Juntos por el Cambio.

Uno tiene que ver con las deudas de las Cajas Previsionales de las provincias, donde se mantiene una deuda del Poder Ejecutivo. Desde la Ley Bases que los gobernadores intentan saldar este agujero, y luego lo incluyeron en la discusión de la ley vetada de movilidad jubilatoria. Hasta el momento, no tuvieron ningún éxito. El gobierno está ofreciendo que solo se liberen los fondos una vez que se auditen esas cajas, pero los mandatarios provinciales quieren precisiones de plazos y que no sea el poder ejecutivo quien defina cuándo se hacen esas auditorías. Sospechan que de esa forma seguirán retaceando los fondos. Este es uno de los puntos que continúa abierto.

Otro tiene que ver con ampliar la base de los impuestos que se coparticipan con las provincias. El ojo está puesto en sumar el de combustibles líquidos que es uno de los más significativos. De esta forma pretenden compensar lo que el gobierno les sacó, por ejemplo para subsidiar el transporte. El gobierno hasta ahora se niega a este pedido.

Un punto que estaría más avanzado en la negociación es el relacionado a los fondos retenidos por el gobierno que correspondían al Pacto Fiscal de 2017. Los mandatarios provinciales pretenden que se salden esas deudas, y el gobierno estaría dispuesto a hacerlo si a eso se le descuenta lo que deben las provincias.

Completan el pliego de reclamos de los gobernadores que le devuelvan a las provincias el porcentaje que aportan para financiar la AFIP (1,9%), y repartir los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) que tiene retenidos el gobierno de Milei.

Unión por la Patria irá con un dictamen propio, no será de rechazo sino que propone un plan económico alternativo. Germán Martínez enumeró varios de los puntos que contiene su texto, algunos similares al pliego de reclamos de los gobernadores. Luego, habrá que ver cómo actúa el bloque en la votación del recinto. Seguramente dependa de dos factores: de las negociaciones de los gobernadores peronistas con el gobierno, y de qué tan holgado o ajustado esté La Libertad Avanza con los votos en general y en particular.

Quienes se encaminan a acompañar con su firma el texto del oficialismo son el PRO, la UCR, Innovación Federal y el bloque de Pichetto. Algunos podrían dejar su firma “en disidencia” por algunos artículos aunque se inclinan a un acompañamiento en general. En el caso de los radicales de Democracia para Siempre no tienen por ahora intenciones de acompañar el dictamen del gobierno: evalúan presentar un dictamen propio o directamente no firmar nada.