OPINIÓN. El procés se hunde ¿Por qué la “unidad popular” no emerge como alternativa?

Ley de Claridad para negociar con el Estado un referéndum a la canadiense, moción de confianza, destitución de Puigneró, consulta a las bases de JxCat… y finalmente ruptura del Govern de coalición. Definitivamente el procés ha tocado fondo.

Cuando hablamos de procés nos referimos a la dirección de ERC y el mundo posconvergente del que fue el mayor movimiento democrático de Europa en la última década. Una dirección política compartida con las entidades soberanistas, ANC y Omnium, que actuaban como las correas de transmisión del Govern.

Las aspiraciones democráticas del pueblo catalán emergieron como parte de la enorme crisis de régimen inaugurada tras el 15M. El impacto de la crisis de 2008 y las políticas de ajuste, de las que la Generalitat convergente era vanguardia, llevaron a miles a llenar las plazas, asediar el Parlament en 2011 para evitar la aprobación de un gran paquete de recortes, huelgas en las universidades, dos jornadas de huelga general con importantes combates en las calles de Barcelona… y un enorme deseo de ruptura con el Régimen del 78 por la vía de constituir una república catalana independiente.

El 80% de la población catalana, según un sinfín de encuestas, apoyó y apoyan el derecho a decidir. Cerca de la mitad - a veces algo más, a veces algo menos, según la coyuntura - la independencia. El referéndum del 1 de octubre, realizado bajo un auténtico Estado policial, y la huelga política del 3 de octubre, con un seguimiento histórico, fueron una expresión clara de que había una voluntad mayoritaria de llevar adelante esta ruptura.

Sin embargo, esta enorme fuerza social no logró sus objetivos. Para explicar esto no basta con atender la brutal represión del Estado. También el rol y la claudicación de la dirección procesista fueron piezas claves de esta derrota.

El procés como “desvío maestro” de la mayor afrenta contra el Régimen del 78

En 2012 el partido histórico de la burguesía catalana fue lo suficientemente habilidoso para transformarse - no sin crisis y rupturas - en adalid de la independencia. ERC comenzó un ascenso hasta rivalizar con el mundo postconvergente, hasta superarlo, y ser considerado también el otro partido de las “grandes familias del país”. La crisis de representación golpeó duramente al bipartidismo español y en un principio a CiU y a ERC. Pero los partidos que en 2011 eran parte del “no nos representan” catalán pasaron a ponerse al frente del principal movimiento heredero de aquella indignación y que la había transformado en un impulso contra del Régimen del 78 con aspiración constituyente.

Pero esta no fue solo una maniobra de autopreservación de estos aparatos políticos. Esta dirección supuso un corsé desde el primer momento al movimiento democrático, con el objetivo claro de preservar el andamiaje político y el orden social del capitalismo catalán y español que podía verse amenazado si tomaba otro rumbo.

La posibilidad de que la demanda democrática de la autodeterminación quedara ligada a las reivindicaciones sociales que planteó el 15M y las huelgas de 2012 - contra la precariedad laboral, el desempleo, los desahucios, los recortes… - fue conjurada por ellos. Los mismos que dirigían la lucha por el derecho a decidir eran defensores y aplicadores de la salida ajustadora de la crisis. Con esta separación, la inclusión de la clase trabajadora y otros sectores populares como un sujeto central de esta lucha quedó tremendamente obstaculizada, y el movimiento se limitó a manifestaciones ciudadanas en clave de “unidad nacional”.

Que los representantes de la burguesía y pequeño burguesía catalana actuaran así e imprimieran estos límites al movimiento no tenía nada de extraño. Como tampoco que, llegado el momento, recularían ante el Estado antes que apelar a la movilización de la clase trabajadora y los sectores populares para hacerle frente. Su historia está repleta de ejemplos que lo ilustran, desde los hechos de octubre de 1934 hasta los llamamientos a la calma de las primeras horas del golpe de Estado de 1936.

Así lo señalamos muchos en 2012, por lo que fuimos tachados de sectarios por parte de sectores de la izquierda independentista o hasta de la izquierda anticapitalista. Pero el “procesismo” fue confirmándolo a cada paso.

Lo hicieron de 2012 a 2017, posponiendo una y otra vez cualquier desafío. Lo hicieron en 2017, cuando querían que el 1O fuera una jornada de “colas en los colegios” y el 3O cuando trataron de convertir la jornada de huelga general en un “paro de país” junto a las patronales. Y lo hicieron en las semanas siguientes, desmovilizando, reduciendo el derecho a decidir a una declaración simbólica y prefiriendo el exilio o la cárcel que propiciar una la movilización y autoorganización necesaria para enfrentar la represión del Estado.

Lo ocurrido desde 2017 hasta hoy, ha sido parte de esta misma política pero en tiempos de retroceso del movimiento. Desde entonces, ERC y JxCat siguieron promoviendo la desmovilización y reprimiéndola desde la Generalitat cuando era preciso, como en 2019 en las manifestaciones contra la sentencia. Un trabajo necesario para recuperar la normalidad autonómica que paliase los castigos en financiación y retirada de empresas infringidos por el 1O. Con la llegada del PSOE al gobierno en 2018 y con el gobierno de coalición con Unidas Podemos en 2019, esta vía de restauración autonómica quedó más que consolidada.

Aún así, la liturgia procesista se mantuvo. Lo reaccionario del Régimen del 78 y el propio PSOE ayudaron a ello. Las concesiones hasta ahora han sido mínimas y ha seguido la represión, los juicios y nuevos ataques, como contra el catalán. Sin embargo, esta liturgia se ha convertido en un postureo que ya muy pocos creen. La manifestación de la Diada de 2022 mostró esto. Miles ven a ERC como “traidores”, y también a JxCat, que “juega” a separarse de la Mesa de Diálogo mientras negocia con el Estado la ampliación de competencias, los Juegos Olímpicos o el aeropuerto.

Por qué la “unidad popular” no fue ninguna alternativa

En este marco una pregunta puede venir a la cabeza de muchos ¿Qué es de la CUP? ¿Por qué la formación anticapitalista no es vista por estos sectores descontentos como una alternativa para la lucha por el derecho a decidir? La respuesta es amarga: en esta década, su hoja de ruta de la “unidad popular” se mostró como la versión por izquierda de la misma música que el procés hoy en bancarrota.

Cuando emergió el movimiento democrático catalán en 2012, la CUP irrumpió como referencia de los sectores más de izquierda de este fenómeno. Lo hicieron con un discurso que vinculaba esta lucha democrática con demandas sociales de las que se venían expresando en los últimos meses en las calles. Sin embargo, renunciaron desde el principio a mantener una posición independiente de los partidos de la burguesía devenidos en independentistas. Lejos de plantear que ese conjunto de demandas se tendrían que pelear en contra de ellos, los presentó como “compañeros de viaje” en la primera etapa de su “viaje a Ítaca”.

A la maniobra de la entonces CiU de Artur Mas de ponerse al frente del recién nacido procés, la CUP respondió con su famosa metáfora de puño cerrado contra los recortes y mano abierta para luchar por la independencia. La mano extendida llegó hasta el abrazo de David Fernández con Artur Mas, el campeón de los recortes, tras la consulta del 9N, el voto a favor de la investidura de Puigdemont o de los Presupuestos neoliberales de 2017.

Esta división entre el programa democrático y las reivindicaciones sociales o anticapitalistas, estableció una suerte de lucha por etapas en la que las segundas debían articularse sin que perturbasen la “unidad popular” con el resto del independentismo. En los hechos, esto supuso la subordinación de las demandas sociales a la unidad nacional con los partidos responsables de los peores ataques contra la clase trabajadora y los sectores populares en décadas en Catalunya.

Esta marca del procés, asumida por la CUP y gran parte de la izquierda anticapitalista catalana, obstaculizó que sectores más amplios de la clase trabajadora tomaran en sus manos la demanda del derecho a decidir y se dispusieran a pelear con sus propios métodos por ella y el resto de reivindicaciones contra el paro, la precariedad o para frenar los recortes del los gobiernos “independentistas”.

Al renunciar a una vía independiente y de clase, la CUP asumió que la hoja de ruta solo podía ser la propuesta por el procesismo. La república vendría con una combinación de manifestaciones ciudadanas y la acción de las instituciones catalanas: ayuntamientos y Generalitat. Asumieron que sería así, y por eso votaron las llamadas “leyes de desconexión” que era la versión catalana de una transición de “la ley a la ley”.

Llegadas las jornadas de octubre de 2017, la militancia de la CUP estuvo en primera línea junto a decenas de miles de catalanes y catalanas defendiendo los colegios o preparando la huelga del día 3. Pero toda esa enorme movilización la encuadraban en una estrategia de espera pasiva a que el Govern diera el paso. La posibilidad de que en aquellos días se desarrollaran organismos de autoorganización, en especial en los centros de estudio y trabajo, para establecer un contrapoder al de la Generalitat, nunca estuvo en los planes de la “unidad popular”.

No solo no advirtieron sobre la claudicación que se venía -y que algunos, como la CRT, señalábamos- sino que alimentaba la confianza y las ilusiones en la dirección de Puigdemont y Junqueras. En el movimiento estudiantil, un sector en que la CUP podía marcar la diferencia, por medio del SEPC optaron directamente por el acuerdo con las juventudes de ERC y posconvergentes (en la plataforma “Universitat per la República”) y se opusieron activamente a que surgieran asambleas y coordinadoras.

Cuando todo se quedó en la proclamación simbólica del 27 de octubre y el Govern se fue de “fin de semana” ¿Cual era la propuesta de la CUP? Sencillamente ninguna. El ilusionismo se desvanecía en el aire y la “unidad popular” con los ilusionistas quedaba en una total impotencia. Definitivamente no pasó la prueba para poder ofrecer una alternativa superadora desde la clase trabajadora.

En estos cinco años la CUP se ha negado a sacar lecciones de aquella hoja de ruta. Han oscilado entre momentos de mayor separación con el procesismo, como en 2019, y acercamientos de escándalo, como en las últimas elecciones y las negociaciones de investidura de Aragonés, cuando llegaron a firmar un pacto de legislatura con ERC.

En toda la crisis entre ERC y JxCat la CUP ha quedado completamente dibujada. Tratando de separarse in extremis de su acuerdo de legislatura con ERC, que (por fín) dieron por muerto hace apenas unos días, pero siguiendo dejando la puerta abierta a volver a recomponerlo si finalmente Aragonés opta por dar "un giro a la izquierda" en sus políticas. El ilusionismo de los dirigentes de la izquierda independentista parece no tener límites.

La necesidad de otra hoja de ruta sobre las lecciones estratégicas de una década de procés

Ante la actual crisis del procesisme, la CUP señala correctamente que estamos asistiendo a una pelea por ver cual de los dos partidos mantiene o recupera la hegemonía del bloque independentista. La apuesta por el retorno a la autonomía y la renuncia a luchar por el derecho a decidir es un hecho compartido por ambos.

Sin embargo, este análisis correcto no está acompañado de una alternativa creíble. La estrategia de la “unidad popular” ha dejado a la izquierda independentista catalana como el eslabón izquierdo de un proyecto político que hoy demuestra su bancarrota. No salir de ese marco hace que hoy la CUP quede en una posición de impotencia, a la espera de que el bloque independentista vuelva a recobrar la unidad perdida, como vienen reclamando desde hace meses.

Que no emerja una alternativa al procesismo en crisis es la mejor noticia para aquellas fuerzas que trabajan por el retorno a una normalidad autonómica tranquila: desde el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, hasta la misma ERC y JxCat desde Catalunya.

Por eso, en la izquierda independentista y anticapitalista se plantea la necesidad urgente de abrir un debate profundo y sacar las lecciones de a dónde ha conducido la “unidad popular”. Seguir insistiendo en que la autodeterminación la lograremos de mano de los partidos de la burguesía independentista o por la vía de la desobediencia institucional, es sencillamente querer repetir una y otra vez un “Día de la Marmota”, que además es incapaz de rearticular la movilización.

Si algo nos enseña esta década, y en especial las jornadas de 2017, es que no podremos vencer sin una movilización y un proceso de autoorganización capaz de torcerle el brazo al Régimen del 78. Esto no es posible sin la participación de la clase trabajadora con sus propios métodos, como se mostró episódicamente el 3 de octubre, y logrando la solidaridad con la del resto del Estado ¿Como podemos lograrlo?

Aunque el gobierno de coalición de PSOE-UP ha logrado imponer, con la ayuda del procesismo, una suerte de restauración del Régimen del 78, la actual crisis y la escalada militarista que recorre Europa no auguran tiempos serenos. La cuestión catalana no está liquidada, aunque haya sufrido una importante derrota. El malestar que se está incubando seguramente la vuelva a hacer emerger como ariete contra esta democracia para ricos.

Es necesario por tanto, retomar la lucha por el derecho a decidir como una batalla orientada a tumbar el Régimen y que debe estar ligada con un programa que resuelva y atienda también los grandes problemas sociales. Empezando por reivindicaciones de emergencia como el reparto de horas, el aumento de salarios según la inflación o la nacionalización de las empresas estratégicas. Todas ellas medidas que tocan directamente los intereses de los capitalistas. Por ello esta pelea no se puede hacer de la mano de los partidos representantes de las grandes familias y empresas catalanas, sino justamente contra ellos.

Solamente un programa así puede conseguir que la clase trabajadora y los sectores populares se incorporen y asuman un papel central, con sus propios métodos de lucha y autoorganización. Y solo con un programa así, se pueden establecer lazos de solidaridad y unidad para la lucha con los sectores populares del resto del Estado, sin los cuales no es posible terminar con el Régimen.

Se trata de restablecer la unidad entre demandas democráticas y sociales, que estuvo en los orígenes de la emergencia de la cuestión catalana tras el 15M y que el procés y la “unidad popular” separaron. Preparar las condiciones para que la clase trabajadora intervenga con independencia, para permitir terminar de una vez con todos los candados del 78 a la vez que hacemos pagar esta nueva crisis a los capitalistas.