A un mes del anuncio de Michelle Bachelet sobre enviar un proyecto de despenalización de aborto en tres causales, el debate sigue abierto y confrontando posiciones entre los distintos sectores políticos, instituciones y organizaciones feministas y sociales.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Miércoles 4 de marzo de 2015
Al rechazo público por parte de parlamentarios de la derecha política, principalmente de la UDI (Unión Demócrata Independiente) y RN (Renovación Nacional), se sumó la oposición activa de la Iglesia Católica y Evangélica. La Iglesia Católica ha sido una de las más férreas opositoras no sólo a este proyecto, sino también a otros debates como la Reforma Educacional o el Pacto de Unión Civil, en el que incluso hicieron lobby a través del Rector de la Universidad Católica para que se cambiara el nombre, ya que la sigla era igual a la de esa casa de estudios.
En la Nueva Mayoría, también sectores importantes de la Democracia Cristiana, rechazaron el proyecto, llegando incluso a amenazar a aquellos parlamentarios que votaran a favor de este. Otros diputados y senadores plantearon que presentarían una propuesta alternativa, donde no está incluido el aborto en caso de violación, esto después que uno de sus diputados, Pablo Lorenzini, dijera que “hay mujeres que tienen violaciones porque, a lo mejor, tomaron un traguito de más”.
Sectores de la Nueva Mayoría, del Partido Socialista (PS) y Partido por la Democracia (PPD), señalaron que aprobarían el proyecto y que incluirían algunas indicaciones como eliminar el plazo máximo de gestación que permite a las mujeres abortar en caso de violación, igualando al tema del aborto terapéutico.
Chile es de los pocos países en el mundo que penaliza el aborto en todos los casos, recibiendo condenas incluso de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales que se pronuncian frente a este tema.
La penalización del aborto se llevó adelante los últimos meses de la Dictadura Cívico-Militar y se mantuvo sin cambios durante los cuatro gobiernos concertacionistas y el gobierno del empresario Sebastián Piñera.
El actual proyecto de Michelle Bachelet sólo plantea la despenalización del aborto en casos de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y violación, sin embargo, se calcula que estos abortos no corresponden ni siquiera al 10% de los más de 100 mil casos anuales que se producen en Chile. De esta manera, el Estado es responsable de los abortos clandestinos, de condenar a las mujeres a la posibilidad de secuelas, denuncias a la justicia y la condena social y moral.
Según la última encuesta de Plaza Pública, el 71% de las y los entrevistados apoya el proyecto anunciado por Bachelet y un 62% rechaza que en los centros de salud de la Universidad Católica se nieguen a practicar un aborto en caso de ser ley.
La falta de derechos sexuales y reproductivos es una realidad que afecta a las mujeres cotidianamente. Es por eso que la Coordinadora 8 de marzo ha convocado en Santiago y otras regionales a marchar “Por un 8 de marzo sin abortos clandestinos”.
