El presupuesto de salud en el 2018 fue de 2.900 millones de dólares, y para el 2019 será de 1.138 millones de dólares. Pero esto no se trata de un debilitamiento institucional del Estado, sino más bien de un fortalecimiento de su carácter de clase.
Jueves 27 de septiembre de 2018
La degradación del Ministerio de Salud a una Secretaría de Gobierno de Salud fue materializada con el ajuste brutal en el presupuesto destinado al cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades del pueblo trabajador que carece de cobertura. En términos institucionales se eliminaron las diferentes secretarías que intentaban regular los programas de salud; y en términos financieros el presupuesto disminuyó un 60%.
El presupuesto de salud en el 2018 fue de 2.900 millones de dólares, y para el 2019 será de 1.138 millones de dólares. Pero esto no se trata de un debilitamiento institucional del Estado, sino más bien de un fortalecimiento de su carácter de clase; que se manifiesta por el desguace de la salud de los trabajadores para continuar garantizando los beneficios económicos a los grandes capitalistas, banqueros y especuladores financieros.
Las principales áreas de salud en las que se reduce el presupuesto son: Desarrollo de la Atención Médica, Atención de la Madre y el Niño, Lucha Contra el SIDA y ETS, Promoción de la Salud y Reducción de los Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control de Enfermedades Endémicas entre otras. También existe una disminución en el financiamiento de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Malbrán y del Hospital Posadas; y la aniquilación del financiamiento del programa Médicos Comunitarios y la Atención Médica a los Beneficiarios de pensiones No Contributivas.
Según el INDEC el 43,9% de los niños, niñas y adolescentes no tienen cobertura de salud, y por lo tanto la protección de sus derechos sanitarios dependen de la disponibilidad de recursos en el sector público, los cuales estarán recortados para el año siguiente. En los registros del año 2015, en el país hubo 614 muertes por Tuberculosis y 1.449 muertes por SIDA, aumentando su número desde el 2013.
En la Encuesta Nacional de Factores Riesgo de enfermedades No trasmisibles, se registró que el 61% de las personas con Diabetes se encuentra en tratamiento; el 35% y el 30% de las mujeres argentinas nunca se realizaron una mamografía ni un papanicolau, respectivamente; el 51% de la población adulta no recibió la vacuna Doble Adultos, y solo el 21,7% recibió una dosis de la vacuna contra la Hepatitis B [1].
El recorte de los recursos sanitarios tendrá consecuencias catastróficas para la salud que se traducirá en un cambio en el perfil epidemiológico de las enfermedades, aumentando la incidencia y prevalencia en la población.
Otras áreas donde se observa una disminución programada del presupuesto son: la Agencia Nacional de Laboratorios públicos, el Instituto Malbrán y el Hospital Posadas. Esto conducirá a los 22 laboratorios nacionales a disminuir la producción de medicamentos de bajo costo, y de esta forma se fomenta la compra de medicamentos a la industria farmacéutica nacional y extranjera. Los centenares de despidos en el Posadas son la crónica de un desguace anunciado para el próximo año.
Por otro lado, la disminución del control estatal en la regulación de la medicina privada y las obras sociales, acelerará la concentración del capital en el subsector privado. Este subsector fortalecerá sus negocios con las obras sociales y con el Estado por medio de la CUS, profundizando el detrimento del subsector público de salud.
Esta situación sanitaria también es un campo fértil para el aumento de las ganancias de los laboratorios privados que producen medicamentos, como lo son Bayer, Roemmers, Bagó, Roche, Pfizer, Savant, etc. Ya que tendrán a su favor esta “debilidad” institucional del ministerio para avanzar en sus negocios. Solo 8 de las principales industrias farmacéuticas que operan en el país, facturan anualmente el equivalente a un presupuesto de salud[2].
Con estas políticas, sumado a la inflación de los medicamentos y la tecnología médica, se profundizará la afectación directa a los trabajadores con y sin cobertura de obra social, quienes tendrán que desembolsar más dinero de sus bolsillos para acceder a un tratamiento o a un método diagnóstico. Esto continuará sumergiendo al derecho a la salud en las profundidades de la barbarie mercantil, que lo trasforma en un privilegio.
La vuelta (muy limitada) a Carrillo y una propuesta por izquierda
Desde diversas organizaciones, como ATE y CTA, se plantea la “Vuelta a Carrillo” como posibilidad de revitalizar la idea de un sistema unificado de salud que tuvo el primer ministro de Salud del país. Plantean el aumento de la presencia estatal como ente rector y regulador de las políticas de organización del sistema de salud. Para analizar la posibilidad de concreción de esta idea es necesario plantearnos las diferencias entre las condiciones políticas, económicas, institucionales y sanitarias del Estado burgués argentino, durante el gobierno de Perón y en la actualidad.
Ramón Carrillo fue, sin ninguna objeción, una de las personalidades más importantes en la historia sanitaria de Argentina. Salvando toda diferencia ideológica, hay que reconocer que duplicó la cantidad de camas hospitalarias disponibles en el país, aumentó considerablemente el número de hospitales, teorizó sobre la organización hospitalaria, creó la primera fábrica nacional de medicamentos (EMESTA) y desarrolló diversos planes de salud para combatir enfermedades endémicas y epidémicas. Esto lo realizó en un favorable contexto económico, tanto nacional como internacional, y embarcado en el cambio del paradigma mundial de la organización de los sistemas de salud impulsado por la marea de la Medicina Social, originada en la URSS y adaptada por los países de posguerra.
Carrillo impulsaba la medicina social desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia católica, la cual interpelaba por mayor influencia en las áreas de vivienda, alimentación, trabajo, salario e higiene laboral. Para él, la salud es considerada como una "condición ineludible del bienestar para que el hombre pueda realizarse plenamente como ser"[3]. Para concretar esto a nivel político, intentó crear un sistema único de salud nacional y estatal que permita una centralización normativa y descentralización ejecutiva en todo el territorio. Es con esta política que encontrará un límite en el gobierno peronista.
Para imponer una unidad centralizadora que le permita planificar y ejecutar un sistema único de salud, Carrillo se topó no solo con la oposición de la COMRA[4] sino con los dos elementos claves de la hegemonía peronista: la naciente burocracia sindical peronista y la fundación Eva Perón. Ambos, bajo la potestad política del Ministerio de Trabajo y Previsión, tenían la función de asistencia médica-social a los trabajadores y a los sectores más pobres.
Los sindicatos aumentaron la cantidad de clínicas y luego, con el aporte obligatorio de los trabajadores y la patronal, se establecerá una caja con grandes sumas de dinero, configurando la importancia de las obras sociales para la burocracia sindical, columna vertebral del peronismo en movimiento obrero. Esto también será uno de los elementos que profundice la fragmentación del sistema sanitario en los años posteriores. De esta forma el fortalecimiento de la burocracia sindical fue un factor obstaculizador para Carrillo en el campo peronista.
Otro factor obstaculizador político para el neurocirujano santiagueño fue la fundación Eva Perón. Esta no solo administraba el doble del gasto estatal destinado a la salud pública[5], sino también era un símbolo de la potente demagogia presidencial. La misma construyó hospitales y clínicas a lo largo del país, independiente del ministerio de salud pública, y con el objetivo de satisfacer las expectativas y necesidades del clientelismo político, y chocaba directamente con los planes sanitarios de Ramón Carrillo.
Las trabas que tuvo la praxis de la idea de Carrillo en la creación de un sistema único de salud, hoy se encuentran multiplicadas. En la actualidad, el sistema de salud argentino se encuentra dinamitado por las sucesivas políticas neoliberales que llevaron al aumento de la mercantilización de la salud y al detrimento del sector público. La medicina privada en conjunto con la industria farmacéutica han avanzado de forma sideral; las obras sociales se configuraron como cajas para el beneficio de las burocracias sindicales y, en el caso de las estatales, para los gobiernos provinciales. Actualmente existen entre 4 y 9 obras sociales por cada rama de actividad, y la mayoría de las estatales provinciales se encuentran intervenidas por los gobiernos de cada provincia.
Avanzar hacia un sistema unificado de salud solo puede ir de la mano de la expropiación de medicina privada y de la industria farmacéutica, de la expulsión de la burocracia sindical de los sindicatos y la reconfiguración de las obras sociales en beneficio de los trabajadores. Pero esto tampoco es suficiente para garantizar el bienestar de la población trabajadora si no se tocan los intereses del imperialismo, los banqueros y los latifundistas.
No pagar la deuda externa fraudulenta, nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores, son medidas claves para avanzar hacia la construcción de un sistema único de salud que garantice el derecho pleno a la salud de calidad y gratuita. Pero este no podrá realizarse bajo el control político estatal de la burguesía y el imperialismo; por eso el principal obstáculo, para la creación de un sistema estatal único de salud, es el carácter de clase que tiene el Estado.
Estas son medidas transicionales concretas, pero por el momento esta perspectiva no está encarnada en el deseo de las masas. Sin embargo, el conjunto de los trabajadores debemos organizarnos para proponer una salida de conjunto que defienda nuestros intereses y el derecho pleno a la salud. El paro general debe continuarse con un plan de lucha nacional que aumente el presupuesto a la salud, educación, vivienda, alimentación y saneamiento ambiental en base al no pago de la deuda externa.
También es necesario crear comités hospitalarios de trabajadores que controlen y gestionen los gastos en salud en base a las prioridades sanitarias; la reducción de la jornada laboral para distribuir el trabajo y combatir el desempleo; el pase a planta permanente de todos los precarizados; la creación de comités barriales que permitan la participación plena y democrática en la toma de decisiones para dar respuesta a los problemas de salud, vivienda, alimentación y educación basados en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Legalizar el aborto seguro y gratuito, aumentar el financiamiento de los hospitales públicos con fondos directos de las obras sociales para terminar con el lucro de las clínicas privadas; y el fin de intervención de las obras sociales estatales para el beneficio político de los partidos que gobiernan las provincias.
Los recursos materiales para enfrentar la crisis, existen. Solo hay que tomar la decisión política de afectar los intereses de los grandes capitalistas y el imperialismo, algo que el gobierno y su falsa oposición no lo harán. Es necesario comenzar a organizarnos y pensar una salida que nos beneficie de conjunto sin tener que esperar al 2019 para padecer a los nuevos gestores de crisis. Debemos luchar por la salud pública, gratuita y de calidad, porque en esta encrucijada de la crisis los que saldrán sanos serán ellos o nosotros.
[1] Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades no Trasmisibles. INDEC 2013.
[2] La industria farmacéutica, de conjunto, factura más de 100.000 millones de pesos anuales. Fuente INDEC.
[3] Alzugaray R. Ramón Carrillo, el fundador del sanitarismo nacional. Ed COLIHUE. AÑO 2008
[4] Confederación Medica de República Argentina: organización de médicos liberales que defendían el ejercicio privado y mercantil de la medicina.
[5] Tenti E. Politicas de asistencia y promoción social en Argentina. Boletín informativo Techint nº 248. Año 1987
