El presupuesto que se va a votar el próximo 24 de octubre trae más ajuste en la salud pública. A esto se suman los planes de Vidal para el conurbano.
Pablo Minini @MininiPablo
Jueves 18 de octubre de 2018 08:56
El gobierno pretende recortar programas y el presupuesto de 5 hospitales nacionales, entre ellos El Cruce de Florencio Varela y el Cuenca N. Kirchner de Cañuelas. El objetivo es claro: quiere pagarle al FMI la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta.
La desidia en la salud pública data desde hace años, como venimos diciendo en este diario. Es innegable: sueldos de miseria, diferentes modalidades de contratación y precarización de los trabajadores, falta de insumos e inversión en infraestructura. Todo en el marco del Plan Federal de Salud, el cierre de programas y el avance sobre la Cobertura Universal de Salud. A esto se suma que se prevé en el presupuesto 2019 una reducción drástica. Por ejemplo, para el Programa de Atención a la Madre y el Niño se prevé una reducción del 90%; en el de lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual un 46%; un 75% en la prevención de enfermedades endémicas, por nombrar algunos casos. Además, el congelamiento de presupuesto de los 5 hospitales nacionales que atienden a pacientes de todo el país y tratan enfermedades complejas implica un recorte del 17%, teniendo en cuenta la inflación prevista. Los despidos y el vaciamiento en el Hospital Posadas son solo una muestra de lo que se viene.
En este marco, el gobierno de María Eugenia Vidal quiere implementar el programa AMBA, Área Metropolitana Buenos Aires. En líneas generales consiste en el desembolso por única vez de $ 830 millones que el gobierno provincial destinará a algunos municipios para infraestructura de centros de salud y sueldos de profesionales y administrativos. Se prometen contratos de 30 horas semanales por salarios de hasta $ 30 mil y $ 15 mil para los no profesionales. Implica la creación de equipos nucleares que tendrán a cargo miles de personas cada uno y de equipos ampliados de profesionales y no profesionales, junto con la creación de una Historia Clínica Electrónica.
Se plantea una diferencia de salarios entre profesionales (en algunos municipios se paga un 50% más a un médico que a un trabajador social). Además de que el cobro de los $ 30 mil será escalonado cuatrimestralmente, es decir, que el salario completo se cobrará recién dentro de un año. Sin contar con otra trampa, que aparentemente ya es un hecho: después del primer año, la Provincia obliga a los municipios a absorber un 20% anual del salario, es decir que en cinco años el sueldo de los trabajadores será totalmente del ámbito municipal. Exactamente lo que sucedió con el Programa Médicos Comunitarios, cuyos trabajadores están sin cobrar desde hace meses.
Otro punto que ya es seguro es que los pacientes pasarán a estar nominalizados. Es decir, quienes tienen una obra social no podrán acceder a la atención en los centros de salud municipales, quedando a libre voluntad de los respectivos municipios contratar o no equipos de salud que atiendan a esa población. Como ya se ve en algunos municipios como Ezeiza y otros, esos planes de "modernización" traen formas de contratación precarias. En Lomas de Zamora los responsables aún no firmaron el convenio, pero dicen no haber tenido en cuenta este pequeño detalle. O sea que se trata de un retroceso en derechos laborales para los trabajadores a unos dos siglos atrás.
Si pensamos en la Cobertura Universal de Salud, que es un sistema de seguros médicos, las esperanzas en el AMBA se derrumban: en los centros de salud pública sólo se podrán atender gratuitamente aquellas personas que no tengan ningún tipo de obra social o prepaga, es decir trabajadores en negro o desocupados, y por un tiempo limitado: a partir de cierto momento, las prestaciones dejan de ser gratuitas y hay que pagar en forma privada. Es decir que limitarán aún más el acceso de millones de familias humildes y trabajadoras a la salud pública.
Aunque algunos municipios como Lanús avanzaron y ya firmaron convenios con Provincia, al parecer Lomas de Zamora todavía no lo hizo. Trascendió en estos días que la gente del intendente Martín Insaurralde dará quórum al tratamiento del presupuesto de la provincia, de acuerdo a lo que pase el 24.
Todavía estamos a tiempo para dar batalla y frenar el ajuste y las reformas cosméticas. La pelea de los trabajadores de salud y del pueblo trabajador es para que no se avance con este ataque a gran escala como es el Presupuesto 2019 ni convenios como el AMBA.
Este 24 tenemos que ser miles en el Congreso para hacer oír nuestra voz. Desde La Marrón Clasista en CICOP y ATE llamamos a impulsar el paro, la movilización y a organizar asambleas en cada hospital y en cada unidad sanitaria, en cada municipio. Porque se vota en el Congreso, pero lo derrotamos en las calles.
