Después de la masiva Diada, el jefe del ejecutivo catalán insistirá una vez más al gobierno central con un referéndum a la escocesa en Catalunya. Si es rechazado, elecciones constituyentes.
Federico Grom Barcelona | @fedegrom
Lunes 12 de septiembre de 2016
Foto: EFE
El próximo 28 de septiembre, día en que se someterá a la cuestión de confianza en el Parlament, el presidente de la Generalitat planteará al Estado una propuesta de consulta legal y acordada.
De esta forma Carles Puigdemont ha descartado una hipotética celebración de un referéndum unilateral de independencia (RUI), opción por la que se pronuncia la CUP y que despierta las simpatías de sus socios de ERC. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el jefe del ejecutivo catalán ha afirmado que si la Generalitat convoca una consulta sobre la independencia, esta debe ser vinculante y cumplir con los estándares aceptados por la comunidad internacional. Una idea más o menos similar a la impulsada por la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Un pasito “palante” y otro pasito “patrás”
Según los cálculos del jefe del Ejecutivo catalán, este referéndum debería celebrarse entre junio y julio del 2017. ¿Pero qué pasaría, como es seguro, si el Gobierno central se negara a la realización de la consulta? Según Puigdemont, se celebrarían elecciones constituyentes en septiembre del 2017. Un "verdadero plebiscito de validación" del proceso según sus palabras. No obstante, se ha apresurado a declarar que sea cual sea el mecanismo utilizado para "culminar el proceso", este debe ser "factible", es decir contar con “la venia” del gobierno central y las instituciones del Régimen del 78.
Pero es más que previsible que el Estado español también se oponga a esta fórmula. Lo que hace como poco sospechar que dejará a esta opción en unas nuevas elecciones autonómicas-plebiscitarias. Una reedición del 27S al estilo del “día de la marmota”.
"No cometeremos el acto irresponsable de hacerlo si no estamos preparados", ha sentenciado, al tiempo que ha señalado que "No nos deslumbremos con el instrumento. La fórmula ideal, el mejor instrumento es un referéndum, esto no lo duda nadie. Ahora bien, un referéndum que no se puede hacer no es un buen instrumento".
Pero si se mide “lo que se puede hacer” por lo que los estrechos marcos de este régimen heredero del Franquismo permite, pone en cuestión no ya la independencia que dice defender sino el derecho democrático de los pueblos a su autodeterminación.
Mireia Boya, presidenta del grupo parlamentario de la CUP, ha salido a responder al jefe del ejecutivo catalán: "la factibilidad depende del grado de desobediencia” señalando que el referéndum solo podrá hacerse realidad si se "desobedece" la legalidad estatal.
Por si a alguien le quedaba alguna duda el ministro de justicia, Rafael Catalá salió al cruce de las declaraciones de Puigdemont "Una consulta pactada no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Nunca va a ser posible"
La quinta columna dentro del movimiento democrático catalán
La dirección del proceso mantiene controlada la movilización y en una estrategia de desgaste. El rol dilatorio que están jugando Junts pel Sí, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium son el gran escollo interno para que se haga un referéndum decisorio y contundente sobre la independencia.
El pueblo catalán quiere decidir. Hay un aplastante consenso en la sociedad catalana sobre esta cuestión. Así como existe una unanimidad y la voluntad en las fuerzas del régimen y del aparato del Estado en que eso no ocurra bajo ningún punto de vista.
No hay que ser un “lumbreras” para darse cuenta que un referéndum que se pronuncie sobre la independencia o no del Estado español deberá ser unilateral o no será.
El referéndum negociado de los representantes de la burguesía catalana y el 3% es una quimera. Un sinsentido político que viene a expresar el delicado equilibrio que esta debe mantener, por un lado a la cabeza de un movimiento que pretende llevar adelante sus aspiraciones nacionales y una burguesía catalana que lo único que pretende negociar realmente es el mantenimiento y la mejora de sus condiciones con respecto a la burguesía central, en una comprometida situación económica que pone en cuestión el estado de las autonomías. El último desvío a las aspiraciones democráticas de los pueblos del Estado español.
Pero para que esto sea posible, no solo bastará la voluntad política de los que estén a la cabeza de este proceso. Aunque condición “sine qua non”, frente a las fuerzas de un Estado que se constituyó como una verdadera “cárcel de pueblos” hará falta la más amplia movilización de los trabajadores y los sectores populares. Una amplia campaña militante y de base con múltiples iniciativas, asambleas en los lugares de trabajo y de estudios, una campaña que ponga a los trabajadores y el pueblo a la cabeza de la lucha por la autodeterminación, que la saque de los legalismos institucionales para meterla en las calles que es donde se puede ganar.
La burguesía catalana teme más a esta movilización que a una mala negociación con el Estado central. Una dinámica de movilización desataría fuerzas que pueden poner en cuestión su dominio. Prefieren perder algo frente al peligro de perderlo todo.
Qué una asamblea constituyente es una necesidad, independientemente de si es en el marco de una Catalunya independiente o en los actuales marcos del Estado es un hecho. Pero para que sea verdaderamente libre y soberana no puede venir de la mano de la burguesía catalana que subordina todo a la "legalidad" del Estado español.
Menos, si cabe, de la española. Ambas burguesías, tienen en común que no quieren que se discutan otras cuestiones como las medidas sociales necesarias para revertir los últimos ataques, un verdadero programa de emergencia contra el paro, la precariedad, los desahucios y un largo etcétera.
Siguen mareando la perdiz.
