El acceso al fondo de rescate europeo no será incondicional. Varios países y el PP exigen condiciones que van siendo asumidas en los hechos por el gobierno “progresista”. El mantenimiento de la reforma laboral y la futura contención del gasto social están sobre la mesa.
Jueves 18 de junio de 2020
Hasta 140 mil millones de euros. Esta es la cantidad que podría recibir el Estado español del fondo de recate de 750 mil millones de la Comisión Europea. Dos tercios serán en forma de subvenciones, el restante en nuevos créditos.
En su mayor parte, los fondos deben ser dedicados para el rescate de las empresas y sectores más golpeados por la crisis. Si en 2008 el desembolso que disparó la deuda pública de los Estados se destinó al rescate de la banca, ahora se dirige a la llamada “economía real”.
En aquella ocasión el Estado español accedió a 100 mil millones de euros en préstamos. Finalmente recibió 60 mil para el rescate de la banca, de los que no se han recuperado 42 mil. Las entidades financieras españolas han ganado en la última década más de 100 mil millones. A pesar de ello, no han devuelto ni un euro y el gobierno renuncia a reclamar nada.
Ahora esta cantidad puede multiplicarse por tres. De los fondos que se esperan recibir en los próximos años, 45 mil millones engrosarán la deuda pública, que puede escalar por encima del 120% del PIB. Pero esta no será la única hipoteca. El acceso al fondo de rescate no será sin condiciones y estas tendrán mucho parecido a los ajustes que demandaba la Troika de 2010 en adelante a los países más endeudados.
Un rescate a cambio de futuros ajustes y contrarreformas
Las condiciones que se impondrán al Estado español y el resto de Estados que se acogan al fondo están en discusión. Países como Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca, conocidos como los “frugales”, exigen condiciones casi tan exigentes como los memorándum. El PP apoya estas tesis que pondría límites al empleo de los fondos por parte del gobierno del PSOE y UP en el desarrollo de políticas de contención o de reversión parcial de la década de ajustes.
La ilusión de que en esta ocasión el “rescate” será poco menos que gratis se desvanece. El gobierno “progresista” culpabiliza a la falta de patriotismo de la derecha. Pero son ellos mismos los que asumen como propias las principales condiciones que la patronal y la Comisión Europea exigen para poder acceder a los fondos y facilitar un rescate a los grandes capitalistas.
Ayer, dos ministras de Unidas Podemos -la de Igualdad, Irene Montero, y la de Trabajo, Yolanda Díaz- confirmaron en un encuentro con las Kellys en el Congreso, que de derogar la reforma laboral del PP nada. No es ninguna novedad, ya el PSOE lo aclaró después de firmar y "desfirmar" el acuerdo con EH-Bildu sobre la cuestión. Pero no es casualidad que la noticia se filtrara justo después de la cumbre de la CEOE de esta semana, en la que, en la misma línea que la Comisión Europea, la patronal exigió que no se derogue “nada que funcione”.
En esa misma cumbre los 130 mayores empresarios han elaborado su lista de peticiones al gobierno: avanzar en medidas de flexibilización laboral, moderación salarial, reequilibrio del gasto público y poner coto a medidas de contención como el “ingreso mínimo vital”. Ésta última medida ya fue adaptada a las peticiones de la patronal: que quedara por debajo del SMI, y tanto los casos de pobreza sobrevenida como los migrantes sin permiso de residencia fueran excluídos. De esta manera sectores como la hostelería, la construcción o el campo seguirán teniendo garantiza una reserva de mano de obra barata y ultraexplotada.
Los 100 “expertos” del gobierno que diseñan uno ajuste al gusto de los lobbys
El gobierno “progresista” presume de haber puesto en marcha un gran “escudo social” para rescatar “a la gente”. Sin embargo, más allá del relato, las cifras dejan claro cual es la prioridad. Se han desembolsado 9 mil millones para el refuerzo de la sanidad, 2 mil para educación y se prevén otros 3 mil para el llamado “ingreso mínimo vital”.
Pero solo las ayudas a la patronal del automóvil y el turismo se embolsan juntan 8 mil millones de ayudas directas no reembolsables. Además de ponerse a disposición de la banca 100 mil millones en avales para préstamos a las empresas, que según denuncian fuentes de la misma patronal, se están dedicando a refinanciar créditos para que en caso de morosidad el Estado asuma el 80% de las pérdidas.
La principal partida presupuestaria ya ejecutada es la destinada al pago de los ERTEs. Más de 21 mil millones entre el pago de la prestación y las exenciones de cotizaciones hasta la fecha. Una medida que ha permitido a la patronal beneficiaria no abonar los salarios durante tres meses 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras, sin tocar un euro de sus reservas o los beneficios millonarios de los últimos años de muchas de las empresas que se han acogido a la medida.
La prórroga de los ERTEs es todavía objeto de negociación. Hay acuerdo en extenderlos hasta finales de septiembre y rediscutir más tarde si se llevan hasta el 31 de diciembre. La patronal y la burocracia sindical quieren que se mantengan las ventajosas condiciones en materia de exenciones de cotizaciones sociales. El gobierno quiere reducirlas por el temor a que esto pueda acelerar la quiebra de la seguridad social que solo dispone de 2 mil millones en el fondo de reserva.
Más allá de estos desacuerdos tácticos, la hoja de ruta para esta crisis del gobierno “progresista” no la quiere escribir solo. Zapatero reunió varias veces a los directivos del IBEX35 en Moncloa para definir la suya en 2008. Sánchez e Iglesias han conformado un grupo de “expertos” conformado por burócratas del Banco Mundial, instituciones de la banca y las grandes empresas y catedráticos. Las recetas que propondrán no pueden sorprender a nadie. De entrada la letra de la CEOE, la derecha y la Comisión sobre las reformas estructurales ya aprobadas y la necesidad de “racionalizar el gasto” es asumida.
Como reconocen desde el propio gobierno “lo peor de esta crisis está por venir”, y no tomará forma solamente de caída de la economía y aumento de desempleo, sino de una nueva tanda de ajustes para pagar la factura del nuevo endeudamiento y los compromisos de contrarreforma en materia laboral y de pensiones. La burocracia sindical está totalmente subordinada a este plan, codo con codo con la patronal. La izquierda sindical y la izquierda política que se reivindica anticapitalista tiene hoy la oportunidad y responsabilidad de preparar la necesaria respuesta para que esta crisis no sea descargada de nuevo sobre la clase trabajadora y los sectores populares.
