A 45 años del Golpe de Estado en Chile se continúa luchando por verdad y justicia, y fue Ana González de Recabarren, dirigenta histórica de la Asociación de Familiares de Detenido Desaparecidos, quien llevó una insaciable lucha hasta el último día de su vida.
Sábado 27 de octubre de 2018
En la mañana del día viernes 26 de octubre, a los 93 años falleció en el hospital San José, la gran luchadora por los DD.HH y fundadora de la AFDD, Ana González de Recabarren, quien en dictadura perdió a su marido, a sus dos hijos y a su nuera embarazada con tres meses de gestación, a manos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Llegando la democracia, ¿Qué ocurrió con los DD.HH?
Dentro del programa político de la Concertación en materia de derechos humanos se proponía avanzar a la “reconciliación nacional” y para eso, el 21 de abril de 1990, Patricio Aylwin crea la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional. El rol de esta comisión era analizar los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos tanto del terrorismo de Estado como los cometidos según señalaba “por particulares bajo pretextos políticos”.
Tras una serie de análisis e investigaciones de parte de figuras como el abogado Raúl Retting, Jaime Castillo Velasco, hasta figuras de la derecha como Gonzalo Vidal se elaboró el informe Retting, el cual indica “que la verdad debía tener un fin preciso y determinado: colaborar a la reconciliación de todos los chilenos”. Al hablarnos de “reconciliación” se entiende que debemos pactar acuerdos con los violadores de los derechos humanos, conciliando hacia la total impunidad. De hecho, apenas fue emitido públicamente este informe, ramas de las FF.AA y Carabineros de Chile reivindicaron este escrito al igual que la derecha.
Además, creemos importante denunciar el tono justificativo del documento cuando señala que el supuesto quiebre institucional de la época y la polarización social de la población chilena, “hizo más probable que se dieran las violaciones a los DD.HH”.
El informe Rettingfinamente se convirtió en una maniobra de Patricio Aylwin para desviar la organización de los familiares de los detenidos desaparecidos por verdad y justicia, ya que sus objetivos fueron reunir información de ciertos casos ocurridos en dictadura para avanzar en la reparación de las víctimas.
Ante lo vacíos que se tuvieron en el informe Retting, es que en el año 2004 en el gobierno de Ricardo Lagos, nace la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por Sergio Valech,la cual creó en Noviembre del mismo año el Informe Valech, donde se avanzó en materia de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos contemplando torturas y prisión política. Y, más tarde, en el año 2009 bajo el mandato de Michelle Bachelet, se crea oficialmente la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, comisión que crea el Informe Valech II, con el objetivo de que el Estado avance en materia de garantizar verdad y justicia para los familiares de detenidos desaparecidos.
Tanto el Informe Retting como el Informe Valech, elaborados bajo gobierno de la ex Concertación, no se consideran suficientes en materia de derechos humanos para los familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos, puesto que, hasta la fecha no ha existido verdad ni justicia, y los genocidas de la dictadura aún continúan impunes bajo el alero del Estado.
Fin a la impunidad
Cuando hablamos de acabar con la impunidad para los violadores de los derechos humanos, exigimos ponerle fin al pacto de silencio que hay en los altos mandos de las fuerzas armadas, y a su vez exigimos el cierre del penal Punta Peuco para que paguen sus crímenes en cárceles comunes.
Para acabar completamente con la impunidad, es necesario barrer con toda la herencia que nos dejó la dictadura, exigiendo el cese a la justicia militar, ya que en democracia siguen quedando impunes los crímenes por parte de los agentes del Estado a quienes se alzan contra este régimen neoliberal.
Finalmente, nos damos cuenta que hasta la fecha no ha habido justicia ni verdad para las familias de detenidos desaparecidos, siendo Ana González una de ellas, quien esperó durante 42 años para que ésta llegara hasta el último día de su vida, sin tener resultados algunos del paradero de su marido Manuel Recabarren, de sus hijos Manuel Guillermo y Luis Emilio Recabarren, ni de su nuera Nalvia Rosa Mena Alvarado, quien se encontraba embarazada.
Tal como lo señaló Ana González en una entrevista para el país el 11 de Septiembre del presente año,
“…confío en los jóvenes de hoy. Salen a las calles a protestar y eso significa que vamos bien”.
Somos las y los jóvenes en conjunto de las mujeres, las trabajadoras y los trabajadores quienes nos seguiremos organizando en las calles para exigir justicia, verdad, y cárcel común a todos los genocidas violadores de los derechos humanos y así ponerle fin a toda la herencia de la dictadura.
