El nuevo período de Ada Colau como alcaldesa demuestra los enormes límites que el reformismo tiene cuando el capitalismo está en crisis. Premios para los empresarios y castigo para el pueblo.
Lunes 29 de julio de 2019 09:51
En el comienzo del segundo mandato de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona ya hemos tenido varios anuncios que demuestran que eso de “Ayuntamientos del cambio” es un eslogan vacío. Se ha aprobado un aumento del salario de Colau del 40% pasando de 2.200 a 3.100€ y muchos funcionarios más. Están estudiando establecer un peaje a quienes entran a la ciudad con transporte privado. Los Comuns se plantean ampliar la Guardia Urbana y las horas extras.
Ecología para las empresas, contra el pueblo
En estos días, la flamante alcaldesa de Barcelona anunció que no le temblaría la mano en aplicar un peaje a aquellos que entren a la ciudad en transporte privado, de no ser efectiva la “Zona de bajas emisiones”. La Comisión Europea lleva a Barcelona, Madrid y El Prat de Llobregat ante los Tribunales por la mala calidad del aire.
La “Zona de bajas emisiones” entrará en vigor el próximo 1 de enero y prohibirá según cálculos la entrada a unos 50.000 vehículos considerados altamente contaminantes. Si ésta medida no fuese suficiente para bajar la contaminación, Ada Colau pretende aplicar un peaje para que dejen de entrar a Barcelona unos 125 mil vehículos.
Sólo se habla de los motores diésel de los coches. Sin embargo, un crucero de lujo emite 10 veces más óxido de azufre que los 260 millones de coches que hay en toda Europa. Y tan solo, los 15 buques más grandes emiten tanta polución como 760 millones de coches. También emiten altos niveles de óxido de nitrógeno. Durante el año pasado la ciudad recibió nada más y nada menos que 867 cruceros. ¿Cuál será la política del Ayuntamiento barcelonés respecto del tráfico de cruceros y los barcos mercantes?
No obstante, el cambio del transporte privado a público se pretende hacer con inversiones mínimas y descoordinadamente. Todos sabemos el estado lamentable de los trenes de cercanías con retrasos diarios y la escasa frecuencia en las horas punta. También es baja la frecuencia del nuevo sistema de autobuses de la ciudad. El metro en éste agosto tiene 3 líneas cortadas y el tramo central de la L9 lleva años de espera para acabarse.
La política del Consistorio Comuns-PSC es clara: el costo de reducir la contaminación será pagado por las clases medias y los trabajadores, ya sea con el peaje o la renovación del parqué automotor, o ya sea sufriendo las malas condiciones del transporte público. Las empresas de cruceros y barcos mercantes se van de rositas con Ada Colau y miran para otro lado.
Más salario para Colau y precariedad para los subcontratados por el ayuntamiento
También hemos recibido la noticia que la alcaldesa ha “obtenido” un aumento del 40% en su nómina. Son 900€ que se suman a los 2.200€ que ganaba durante su mandato anterior. Los concejales han recibido un aumento del 27% por cobrar 600€ más y los comisionados del 13% por otros 300€.
El argumento para justificar unos aumentos que ningún trabajador podría imaginarse para sí mismo, es para facilitar la conciliación de la vida personal y política a los representantes del Ayuntamiento. Desde BComú se insiste en que la dedicación de Ada Colau es total y tiene que pagar comidas fuera de casa, canguros, etc. Así se justificarían los 3.100€
El aumento de Colau es igual al Salario Mínimo Interprofesional que su formación pactó con el PSOE en la legislatura pasada. Los trabajadores de Telepizza en Barcelona (y otras ciudades) denuncian que su salario no llega al SMI y están haciendo jornadas de huelga ante la inacción de BComú y Ada Colau. ¿A qué espera Ada Colau para apoyar personalmente y con toda la fuerza de su formación política y el consistorio?
Por el contrario y al igual que en su mandato pasado, Ada Colau vuelve a actuar contra los trabajadores. En éste caso contra los Riggers que estaban en huelga contra Fira de Barcelona denunciando la falta de seguridad y los pliegos de la nueva licitación que tiran abajo las condiciones laborales pactadas en 2015. Para ellos no hay “argumento” alguno para subir salarios, sino para empeorar condiciones.
Pero, ¿es que los trabajadores no tienen derecho a la conciliación laboral y familiar? ¿O que el salario solo se debe adecuar a la alcaldesa? Y, los jóvenes que no pueden emanciparse antes de los 30 años, ¿deben trabajar por horas, cobrando monedas y en condiciones horribles y contratados como becarios? Y, ¿la brecha salarial de las mujeres?
Ada Colau podrá explicar que ella no es responsable de toda la precariedad laboral en Catalunya. Sin embargo, el Ayuntamiento contrata y subcontrata diversos servicios como es el de “Assistència domiciliària”. Un sector muy mal pagado teniendo que combinar dos trabajos, en el cual el 98% son mujeres. Aquí se acabó para los Comuns el feminismo y la conciliación laboral-familiar.
Más policía contra los manteros y el pueblo
Albert Batlle ha sido nombrado por Colau como Teniente de alcalde de Seguridad. A poco de asumir tuvo la brillante idea de proponer que a los Menores extranjeros se les expulse. Digamos que casi derribó el eslogan de “Barcelona acoge” con tres palabras. En su currículum podemos destacar que renunció en julio de 2017 al cargo de Director general de los Mossos d’Esquadra por estar “incómodo con la celebración del 1-O”. Mientras fue director, Ester Quintana perdió un ojo por bala de goma y el empresario Andrés Benítez murió durante una paliza de los Mossos.
Batlle asumió diciendo que iba a combatir la “crisis de seguridad”. Ada Colau insistió en que se debía ampliar la plantilla de Guardias Urbanos y las horas extras para dar respuesta a la inseguridad. Esta batería de propuestas para fortalecer el aparato represivo del Ayuntamiento parece ser la respuesta para “recuperar el espacio público” que tanto le exigen los empresarios y comercios que viven del turismo.
El jefe de la Seguridad de Ada Colau avisaba “Estoy absolutamente en contra del top manta y actuaremos. Daremos instrucciones a los cuerpos policiales para que combatan esta actividad ilegal. La lógica de golpear sobre el más débil atraviesa todas las medidas que está tomando el tándem Comuns-PSC. El caso de los manteros es el más grave. Los manteros malviven vendiendo en la calle todo tipo de productos porque no les dan papeles. Precisamente lo que proponía Manuel Valls en campaña.
Los mal llamados “Ayuntamientos del cambio”, en Barcelona se parecen cada vez más al de Xavier Trias de la extinta CiU continuada por JxCat y de Jordi Hereu del PSC. De nueva política, nada. Esto no tiene nada que ver con el 15M, ni con los anhelos de los jóvenes precarios, de quienes quieren acoger, ni de las mujeres que pararon el 8M contra la violencia de género y la brecha salarial.
