"Estamos desbordados y sufriendo" escribió el jefe del servicio de Clínica Médica en una carta a sus colegas. La provincia ya tiene el 95% de las camas de terapia ocupadas. El Gobierno informó que acordó con gremios y hospitales la suspensión de las licencias ante la falta de personal.
Viernes 11 de septiembre de 2020 18:38
Foto: Flor Salto
“Nuestra familia de clínicos está estresada, agotada, expuesta al virus y está sufriendo, por momentos enferma y asustada. Desde marzo a la fecha nuestro personal trabaja diariamente sin la posibilidad de licencias o descansos diarios o semanales como vienen realizando otros servicios", describió Walter Molini, jefe del servicio de Clínica Médica del hospital Castro Rendón en una carta dirigida a sus compañeros y compañeras.
Nuestra familia de clínicos está estresada, agotada, expuesta al virus y está sufriendo, por momentos enferma y asustada
En forma cruda describe la dura situación que atraviesa el sistema público de salud, al borde del colapso y el agotamiento de la primera línea, trabajando al borde de sus capacidades.
La crisis sanitaria pegó un salto en las últimas semanas en la provincia. El mismo jefe de Gabinete, Sebastián González, tuvo que reconocer que "estamos con una enorme presión sobre el sistema de Salud". Sin embargo, siguen sin tomar las medidas de fondo necesarias para poner todos los recursos disponibles al servicio de garantizar la salud de la población y de la primera línea.
La organización sanitaria prevista hasta el momento, comienza a resentirse. En un mes se triplicó la ocupación de camas de terapia intensiva, llegando hoy al 95 por ciento en la provincia. También aumentaron los casos de personas positivas en tratamiento ambulatorio en sus domicilios y las internaciones por cuadros moderados. En total son 2114 los casos activos.
Lo que resiente al sistema de salud, no es únicamente la falta de camas de terapia o aparatología adecuada sino la falta de personal especializado en el manejo de pacientes complejos.
En un mes se triplicó la ocupación de camas de terapia intensiva y hoy llega al 95 por ciento
En los últimos días, el gobernador Omar Gutierrez presentó un plan de contingencia que contempla la provisión de 50 respiradores, la ampliación de la línea telefónica de asistencia y la convocatoria a médicos jubilados del sistema de salud como así también a personal de los tres poderes que posee formación y experiencia.
Ante la falta de personal, otra medida que se acordó con los gremios y autoridades hospitalarias, fue la suspensión de las licencias.
Junto con esto dispuso mayores controles policiales y multas a quienes incumplan las medidas de “distanciamiento social” y apeló una vez más a las responsabilidad individual para evitar volver atrás en la apertura y flexibilización de las actividades económicas.
La inversión que está haciendo el gobierno a esta altura de la situación epidemiológica, cae en saco roto. Llegamos a esta emergencia sanitaria con un sistema de salud vaciado por décadas de desfinanciamientoy colmado de problemas estructurales y de larga data.
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Si se avizoraba el colapso del sistema sanitario ¿por qué el Gobierno del MPN no avanzó en estos meses en la centralización del sistema de salud?
Es una medida urgente y elemental que se tiene que tomar hoy ante “la presión que sufre el sistema” como ellos mismos reconocen. Todos los recursos existentes tienen que estar bajo la dirección estatal con control de trabajadores y usuarios para ponerlos a disposición de la emergencia sanitaria. Es hora de dejar de defender los intereses de los empresarios de la salud que hacen sus fortunas a costa de la enfermedad de la población.
Todos los recursos existentes tienen que estar bajo la dirección estatal con control de trabajadores y usuarios para ponerlos a disposición de la emergencia sanitaria
Foto: Flor Salto
Es urgente preservar la salud de las trabajadoras y trabajadores de la salud
Los trabajadores y trabajadoras de la salud, son los más expuestos al contagio y propagación del virus. Desde que comenzó la pandemia se registraron 220 contagios en personal de salud en la provincia. Son los que se contabilizaron desde el inicio de la pandemia. Los casos actuales son 96 , aunque la cifra sigue en incremento con mayor celeridad pero en los últimos partes oficiales se dejó de discriminar esa información.
Luego de 6 meses en la primera línea, la sobrecarga laboral y las jornadas extenuantes de trabajo, agota a los planteles. Genera situaciones de estrés, tensión y alienación en la tarea. La precarización laboral y el pluriempleo agrava aún más la situación de los equipos de salud.
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A principios del mes de agosto el gobernador anunció que se iban a comenzar a otorgar licencias psicoprofilácticas y ordinarias. Pero por falta de personal, no se pudieron hacer realidad.Y hoy ante el recrudecimiento de la crisis, las volvieron a suspender.
La importancia de cuidar a quienes cuidan se hace evidente. Es urgente incorporar al personal necesario en todos los servicios, principalmente en los sectores críticos. Es necesario que el Gobierno garantice condiciones laborales y salariales para cubrir las faltantes, que se avance en el pase a planta permanente de las y los trabajadores tercerizados y eventuales.
Una profunda crisis social
La crisis sanitaria y social que estamos atravesando no afecta a todos y todas por igual. Las condiciones de vida de las grandes mayorías se agravan.
Historias de vulnerabilidad que se repiten y que dejan a la luz problemas estructurales en la provincia de Vaca Muerta.
Familias enteras que en medio de la pobreza se alimentan de la basura, de los desechos de otros
La semana pasada, la imagen de un adolescente de sólo 13 años que fue atropellado y herido por un camión de residuos en el basural de la capital neuquina, expuso la brutal desigualdad que existe en la ciudad: familias enteras que en medio de la pobreza se alimentan de la basura, de los desechos de otros. Niños, niñas y adolescentes que acuden a este lugar a garantizarse su alimento o recrearse en un espacio tan lejano a las plazas en las que merecerían ejercer su derecho a jugar.
Foto: Mauro Perez
Esta historia conmovió pero se repite por cientos en una provincia en la que la desigualdad se acrecienta, en la que muchos de esos niños junto a sus madres, están tomando tierras porque se quedaron en la calle en medio de la pandemia, sin trabajo y sin posibilidades de costear un alquiler, son los que asisten a comedores y merenderos de las organizaciones sociales para paliar el hambre, que vio triplicada su concurrencia en medio del aislamiento.
Pero no se oyó de ningún funcionario municipal o provincial alguna referencia a ese hecho. Mucho menos ocupa la agenda que en Neuquén sean 105.000 las familias que dependen del Ingreso Familiar de Emergencia. Dos días después el flamante secretario de Energía Darío Martínez recibió junto al gobernador al CEO de YPF, Sergio Affronti, y el futuro de los negocios multimillonarios de las empresas en Vaca Muerta se llevó todas las atenciones. Esta semana se repitió la escena con el CEO de Pan American Energy. Sus urgencias no son las nuestras.
Mientras se afronta la profundización de la crisis sanitaria y social, el Gobierno apela a la responsabilidad individual y al control policial y sanción, para quienes incumplan las medidas de distanciamiento social. Entonces pareciera que como no hay sistema sanitario que pueda controlar el virus, lo que hace el Estado es controlar a la gente, incrementando los costos de las multas a $20000 pero contradictoriamente promueve la apertura de la economía a la medida de las necesidades empresarias.
Hay que afectar las ganancias de los que más tienen, de los grandes empresarios y las petroleras.
En esta provincia, recursos hay para que las consecuencias de esta crisis sanitaria, económica y social no la paguen siempre las familias trabajadoras. Para esto hay que afectar las ganancias de los que más tienen, de los grandes empresarios y las petroleras. Con esos recursos hay que tomar medidas urgentes en favor de las mayorías: prohibir los despidos, suspensiones y rebajas salariales. Garantizar un salario de emergencia de $30.000 para todos los trabajadores y trabajadoras que no están en actividad. Un plan de obras públicas destinado a la construcción de viviendas, escuelas y hospitales con compre privilegiado a las gestiones obreras.