Un nuevo sistema que centraliza datos de diferentes fuentes estatales y arma un mapa para “prever” la comisión de delitos.
Martes 8 de noviembre de 2016
Foto: El Ciudadano
El Centro Operativo de Información Criminal (OJO) es el nuevo sistema que está por poner en marcha el gobierno del gobernador Miguel Lifschiz que mediante el entrecruzamiento de datos “determinaría donde, cuando, como y que delitos pueden cometerse”.
Este sistema, que le costará al Estado 6 millones de dólares, viene a aumentar el poder de vigilancia de las fuerzas de seguridad. Las mismas que son altamente cuestionadas por el gran índice de gatillo fácil y violencia estatal y que su narcopolicía muestra a diario su accionar sobre la violencia en los barrios controlando el negocio de la droga. A estos productores del delito le están poniendo en la mano una herramienta más que consta en modificar el sistema de comisarías de toda la ciudad, adquirir móviles de alta complejidad, para que puedan “actuar con más profesionalidad” para combatir sus propios crímenes (?).
Es, nada mas ni nada menos, que una legitimación por parte de la provincia para usar información de la población, por ejemplo de la AFIP, API, BCRA, bancos, antecedentes penales, y otras fuentes como los municipios y comunas, que según anticiparon desde el Ministerio de Seguridad “será clave la colaboración y complementariedad (...) que aporten sus bases de datos y fuentes de información al sistema".
Este sistema pone en cuestionamiento principios constitucionales básicos como el derecho a la intimidad que de hecho ha sido protegido con una garantía especial, como es el habeas data, para que la información de cada persona no pueda ser utilizada indiscriminadamente por el Estado, ya que forman parte de una órbita privada.
Este “gran hermano” que prepara el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, tiene tantas semejanzas con el Proyecto X de la Gendarmería que fuera utilizado en los últimos años por el Ministerio de Seguridad Nacional para criminalizar la protesta social. Hoy bajo la máscara de la prevención del delito quiere someter a mayor control por parte de la Policía de Santa Fe. Esa misma base de datos podrá ser utilizada en un futuro sobre los trabajadores y sectores populares que salgan a la calle, acusándolos por ejemplo de cortes de calle y incluyéndolos en sus registros.
A los 1500 gendarmes que desembarcaron en la provincia hace pocos meses la reaccionaria reforma del Código procesal penal y el freno consciente sobre las causas contra las fuerzas de seguridad como la de Gerardo Pichón Escobar, Jonatan Herrera y Franco Casco, hoy se suma esta herramienta de control que seguramente generará amplios repudios.
