Poder Judicial. El supremo Rosenkrantz, las necesidades y los derechos

El juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz hizo declaraciones días atrás que abrieron una polémica: las necesidades que generan derechos, el rol del Poder Judicial y la falta de recursos. En la conferencia titulada "Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica", organizada por la Universidad de Chile, Rosenkrantz afirmó que: “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables”.

Resulta fácil para alguien como Rosenkrantz desestimar la importancia de satisfacer esas necesidades, hablando desde un lugar donde no tiene ninguna. Él forma parte del régimen político judicial, desde que recibiera abultados honorarios como abogado para defender empresas como Grupo Clarín y La Nación, ahora como juez de la Corte tiene un sueldo básico que ronda el millón de pesos, cargo vitalicio por lo que es un sueldo que mantendrá toda su vida hasta retirarse.

Sin dudas, Rosenkrantz apuntaba a dejar una posición no sólo jurídica, sino política e ideológica clara: el objetivo del Poder Judicial no es hacer cumplir los derechos que son necesarios para garantizar las condiciones de vida de las grandes mayorías. En cambio hay que debatir cómo restringirlos, o simplemente dejarlos vacíos e inertes como papel mojado. Con sus dichos da más agua al molino de un discurso que viene agitándose desde el poder económico concentrado, la oposición de derecha del macrismo y Milei, y corporaciones mediáticas que reproducen ese mensaje: es necesario negar derechos fundamentales a las grandes mayorías, como trabajo y vivienda digna, educación y salud pública, porque “no hay suficientes recursos”.

Dirigentes del Frente de Todos salieron a cruzar estas afirmaciones ya que las entendieron como un ataque directo a la doctrina peronista, una frase atribuida popularmente a Eva Perón “detrás de cada necesidad, hay un derecho”. Desde Axel Kicillof, pasando por Juan Grabois, y Martín Soria -Ministro de Justicia- cuestionaron las afirmaciones de Rosenkrantz por buscar retroceder en derechos que los gobiernos peronistas otorgaron y siguen otorgan a amplios sectores populares, según ellos, y de reivindicar una justicia que sólo aplique para algunos privilegiados.

Al respecto, la ex jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, jubilada en octubre de 2021 (probablemente por las diferencias crecientes con la nueva composición de la Corte), dijo a la radio AM 990: "Creo que donde hay una necesidad, hay un derecho. De ahí a que haya recursos para solucionarlo, es otra cosa. Pero la necesidad implica el derecho a resolverla y hay que tratar de llegar a que ese derecho exista y que se cumpla". También, como parte de la casta judicial vive con una jubilación de privilegio, una mirada desde muy lejos a esas necesidades. Una casta avalada por todos los gobiernos que no ponen en discusión cuánto ganan y los privilegios que tienen.

Lo que hay de fondo es una crisis tanto del Poder Judicial como de los gobiernos para poder satisfacer las expectativas de las mayorías trabajadoras y populares por realmente acceder a estos derechos. Los que hablan defendiendo derechos en sus acciones desde los cargos de gobierno los niegan. Lo vimos en el caso de GuernicaSe cumple un año del desalojo de las familias de Guernica], donde se desalojó a cientos de familias pobres que reclamaban su derecho a la vivienda, mostrando cómo actúan el Poder Judicial y el gobierno en estos casos.

El Poder Judicial en este caso ordenó el desalojo de las familias, preservando el derecho de propiedad por supuestos dueños que no lo pudieron demostrar fehacientemente, para construir un country privado de lujo, antes que las familias empobrecidas sin techo. El derecho al acceso a la vivienda digna, a la salud, a preservar a las niñas y niños que estaban habitando bajo chapas y plásticos, quedó como papel mojado. La democracia capitalista permite reconocer algunos derechos en leyes, códigos, constituciones y tratados, porque de lo que se trata realmente es de la dificultad para aplicarlos.

Tanto Rosenkrantz como Highton hacen referencia al supuesto límite que tiene el Poder Judicial para garantizar derechos cuando no hay recursos. Por sus facultades, y la división de poderes que tanto defienden los republicanos, no puede inmiscuirse en las facultades del Poder Ejecutivo y por lo tanto eso incluye la asignación de recursos, presupuesto, etc. Además, desde los organismos y tratados internacionales se concibieron que estos derechos humanos, considerados económicos y sociales (para diferenciarlos de las libertades políticas), no pueden ser exigidos para cumplirse de forma absoluta a los Estado, sino que dependerá de los recursos y la progresividad en su otorgamiento (es decir, que no se retroceda) para determinar si son cumplidos. Hecha la ley, hecha la trampa.

En el caso que conmovió al país, ni siquiera se llegó a ese debate sino que simplemente el Poder Judicial actuó protegiendo intereses de clase. Al respecto no se escuchó a ningún juez de la Corte denunciar la inconstitucionalidad y violación a los derechos humanos que implicó esa orden, ni el problema de la falta de recursos del Estado para garantizar derechos, así como tampoco en ninguna otra de las cientas de situaciones que se expresan en todo el país con la misma problemática y resolución represiva contra mujeres, jóvenes, niños y niñas, los más vulnerables. Una justicia de clase.

El kirchnerismo se escandaliza por los dichos de Rosenkrantz, y sin embargo, bajo el gobierno de Axel Kicillof, Sergio Berni comandó una represión brutal contra las familias de Guernica, y la única defensa a los cuestionamientos fue que había una orden judicial que cumplir. Una política de represión a la pobreza y desalojos que recorre las distintas provincias del país bajo el peronismo o macrismo: la semana pasada Perotti en Santa Fé, peronista aliado de Havkin,reprimió a mujeres con niños y embarazadas que ocupaban tierras, resultando herida la abogada Celina Tidoni del Centro de Profesionales de Derechos Humanos, lo cual generó un amplio repudio.

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La naturaleza de la desigualdad

El debate que abrieron las declaraciones de Rosenkrantz da por sentado que no hay recursos suficientes para garantizar las necesidades sociales. Lo que ocultan es que mientras aumenta la pobreza, la indigencia, los problemas de acceso a los alimentos para cada vez más personas, la porción de la torta que se llevan los grandes empresarios viene creciendo respecto a lo que obtienen los trabajadores, o sea, mientras ellos aumentan sus ganancias cada vez más concentradas en pocas manos, cada vez hay mayor desigualdad. Son los propios empresarios admitiendo cómo aumentan sus ganancias mientrasremarcan precios, como hizo Federico Braun en la jornada de la AEA, que contradicen esa idea.

El gobierno del Frente de Todos es el responsable de la falta de recursos para garantizar las necesidades más básicas. No solo la vivienda, sino también los reclamos de salarios y condiciones laborales de los trabajadores, presupuesto para víctimas de violencia de género, la falta de comida y gas en las escuelas, las jubilaciones de hambre que tienen los adultos mayores, la desfinanciación al sistema de salud público, mantener empresas privatizadas que deberían ser servicios públicos y no negocios, y un largo etcétera.

Hoy la prioridad es el pago de la deuda externa, y que cada dólar que entre al país, o se “ahorre” mediante el ajuste en curso, vaya a las arcas del FMI, organismos internacionales o los fondos buitres, continuando y avalando este mecanismo de sumisión soberana y saqueo permanente de recursos a costa del empobrecimiento masivo. En este plan, no hay grietas dentro del Frente de Todos, ni tampoco diferencias con Juntos por el Cambio, que ayudó con sus votos a aprobar el acuerdo con el FMI en el Congreso.

Mientras tanto, el debate sobre el Poder Judicial viene girando en torno al avance de la Corte en el Consejo de la Magistratura, y la propuesta del gobierno para reformar la Corte Suprema, midiendo cuánto poder tienen los partidos tradicionales para poner y sacar jueces en su beneficio, intereses absolutamente alejados de los problemas de los trabajadores. El gobierno podrá proponer que la Corte pase de 5 a 25 jueces, pero nunca proponen tocar los privilegios de casta ni el carácter de clase que tienen (¿los 25 cobrarán también un millón de pesos por mes?). Para eso es necesario implementar juicios por jurados, y los jueces tienen que pasar a ser elegidos por el voto directo del pueblo y ser revocables.

El reconocimiento de los derechos humanos, incluyendo las necesidades económicas y sociales es un punto de partida fundamental contra los que quieren que la “libertad del mercado” destroce todo y a todos a su paso. La conquista de esos derechos de manera plena choca con la desigualdad intrínseca del sistema capitalista.

El derecho al acceso a la vivienda, trabajo y salarios con plenos derechos derechos que garanticen las necesidades básicas, salud, educación, acceso público a servicios fundamentales para la vida como la energía y el gas, son peleas que cuestionan la desigualdad que genera y necesita el capitalismo para funcionar, manteniendo las ganancias de unos pocos en el mundo, con ayuda del poder político en las casas de gobierno y tribunales de justicia. Los discursos sobre la necesidad de regular o humanizar al capitalismo quedan impotentes frente a las exigencias del gran capital y sus organismos internacionales, mientras siguen creciendo las ganancias empresariales, no mejoran las condiciones de vida de las grandes mayorías populares sino que empeoran. El escenario mundial habla de escasez alimentaria y una perspectiva cada vez peor de la crisis. La única forma de evitarlo y realmente priorizar las necesidades de los y las trabajadoras es poner en cuestión la ganancia capitalista y su orden.