La doble vara del gobierno bonaerense. El titular de ARBA pide que los barrios privados "dejen de pagar como baldío"

La polémica por las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires, que tuvo al predio de Guernica en el centro del debate, derivó en una disputa mediático sobre la situación legal e impositiva de los barrios cerrados.

Fue el propio gobernador, Axel Kicillof, quien comparó a los countries de la provincia con las “usurpaciones” de tierras. "La mayoría de los barrios privados no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra", sostuvo.

Comparando así, a las miles de familias sin techo que buscan una vivienda digna, con los especuladores inmobiliarios y evasores impositivos, que le restan a la Provincia unos 1.500 millones de pesos anuales en ingresos.

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Dinero que podría ser reinvertido en panes de vivienda para brindar una mejor calidad de vida a los y las bonaerenses. Sin embargo, y lejos de pretender cambiar la matriz de desigualdad habitacional, el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, ratificó los dichos del Gobernador agregando que la idea es que “también hay que regularizar la situación de los que viven en los barrios cerrados" porque “la Provincia deja de recaudar por la no regularización de los countries".

En esa misma línea, el funcionario destacó que: "En provincia de Buenos Aires detectamos 871 barrios cerrados”, de los cuales “el 25% no están tipificados como tierra country. O sea que no pagan como barrios cerrados sino como baldíos o tierra rural".

En su dialogó con radio El Destape, Girard también se refirió al debate por el impacto ambiental, uno de los ejes de la discusión por las tomas de tierras, admitiendo que "los barrios cerrados tienen implicancias ambientales” ya que no cumplen con los protocolos de análisis del suelo que exige la ley provincial y en algunas ocasiones “pueden avanzar sobre humedales o contaminar afluentes". Además del “impacto económico porque desplazan a tierras productivas", reconoció el funcionario.

Durante la charla, Girard cargó con las responsabilidades sobre los especuladores inmobiliarios "no es un tema de la gente que vive en esos barrios, sino de los desarrolladores", explicando que “un grupo empresario compra tierras, hace un barrio cerrado, el municipio rezonifica y lo habilita. Pero eso debería tener autorización de la provincia", reconociendo que las administraciones municipales hacen la vista gorda a estos proyectos.

Agregando, que "los desarrolladores consiguen el terreno, avanzan con el barrio y luego piden autorización a la provincia", lo que genera que existan “barrios cerrados que pagan impuestos como si fueran un terreno rural o un baldío".

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Para finalizar, y llevando tranquilidad a quienes habitan en estos sectores privilegiados del territorio bonaerense, el titular de ARBA, destacó que "lo que tendrán que pagar no es retroactivo”, sino se trata de que, sin prisa y con calma, regularicen su situación para que “dejen de pagar como baldío".

Recalcando que: "Los que viven en los barrios cerrados tienen un nivel de vida medio superior al resto. Lo ideal es recaudar ahí para volcarlos donde hace falta".

Si bien, desde el gobierno bonaerense reconocen que "el déficit habitacional en la provincia lleva décadas", no han manifestado ningún plan para resolver la situación, olvidando además que gran parte de esas “décadas” han gobernado ellos mismos.

Parece que por ahora, solo resta estigmatizar, demonizar y amenazar con represiones y desalojos a aquellas miles de familias, de trabajadores y trabajadoras, que día a día tratan de mejorar sus condiciones de vida, mientras que para los habitantes de los barrios privados, solo hay una advertencia amistosa para que “regularicen sus situación”.