El cura Molina aclaró que las modificaciones de la ley 23.737 que pretende enviar al Congreso atañen a la “no criminalización”, tras las críticas que recibió del padre Pepe y otros sectores de la oposición.
Martes 30 de septiembre de 2014
Luego de haber recibido el apoyo del Jefe de Gabinete Jorge Capitanich y fuertes críticas por parte de algunos sectores que plantean una firme posición prohibicionista, el cura Juan Carlos Molina, titular del SEDRONAR, aclaró que el proyecto que pretenden enviar al Congreso sólo se centra en la “no criminalización” y no en la despenalización del consumo de drogas. En las declaraciones que realizó en la Radio Nacional Rock, sin embargo, el padre Molina plantea contradictoriamente que con la modificación de los artículos 5 y 12 de la ley 23.737 están “buscando en la legalidad algo que ya es legal. Hoy el que consume no va preso, supuestamente por un fallo de la Corte Suprema", y por otro lado que no están "agarrando a los grandes narcotraficantes, sino a los perejiles".
Luego de que el padre Pepe, otro referente religioso en materia de adicciones, advirtiera que él está en contra de la despenalización al igual que el papa Francisco, Molina esclareció en la conversación radial que no se trata de tal cosa “porque no es ese el proyecto, sino que hay que hablar de la no criminalización".
El funcionario manifestó por momentos lo mismo que aclaman los números proporcionados por los ministerios de Seguridad y Justicia, y por el propio SEDRONAR: que la criminalización y penalización recae sobre los consumidores individuales dando vía libre a los gigantes negociados del narcotráfico donde la misma policía que detiene jóvenes, muchas veces de manera ilegal, está envuelta. "Hay que penalizar la comercialización, y los dealers tienen que ir presos", dijo, y luego agregó que “hay violencia institucional, hay muchos que son detenidos por portación de cara”.
Sin embargo, Molina manifestó a su vez que "el consumo personal ya no está penalizado de hecho, ahora buscamos que sea transparente". Estas contradicciones dejan a las claras una profunda crisis en el discurso oficial que intenta, por un lado, embeberse del progresismo que amagó mostrar en sus años de auge, pero que no puede ir a contracorriente de lo que en los hechos se lleva adelante: la prohibición de las drogas para perseguir a quienes consumen y dar vía libre a los negocios ilegales y millonarios.
Según los datos de las fiscalías federales, en 2011 se registraron 16.973 casos relacionados con las drogas, de los cuales 6688 fueron por tenencia personal y 3079 por tenencia simple o dudosa (sin finalidad probada de consumo o comercio). El resto se dividían en “otros delitos”, tales como almacenamiento, contrabando, producción, venta o financiamiento del narcotráfico. Es decir, en el 60% de los casos se imputó a consumidores, que en su mayoría suelen ser jóvenes sin antecedentes penales ni armas y detenidos en la vía pública.
La ley que Molina quiere modificar rige desde 1989 y establece penas de un mes a dos años para el consumo personal y de uno a seis por tenencia simple, figura que se hizo extensiva al autocultivo de marihuana y que se usó en numerosos casos de forma arbitraria violando el principio de inocencia del imputado. Alejandro Corda, investigador de la Asociación Intercambios, publicó en agosto de 2011 una investigación que revela la situación de hombres y mujeres detenidos en cárceles bonaerenses y federales, donde estima que algunos autocultivadores pueden pasar entre cinco y seis meses en prisión hasta que se aclare su situación procesal en los cuales muchos de ellos pierden su trabajo o tienen dificultades para conseguirlo por los antecedentes.
