Como millones en la Argentina, Rut está padeciendo los problemas de quienes no tenemos vivienda propia y tenemos que alquilar. Por eso se acercó al local del PTS/FIT de Ramos Mejía. En LID le damos el espacio para que publique su opinión, esperando que esta sea la primera de muchas notas que abordan esta problemática desde los propios protagonistas, que somos muchos.
Sábado 30 de julio de 2016 16:32
Nos proponemos hoy desandar el tortuoso camino de vivir años alquilando una vivienda, para intentar hacerla nuestro hogar. Más allá de los recovecos administrativos que siempre favorecen a los poderes de turno, hay un derecho que sistemáticamente es vulnerado una y otra vez. Ese artículo constitucional, entre otros, que hace a lo básico para la existencia y que, a estas alturas, debiera ser genuinamente garantizado.
Se entiende que hay quienes desde la derecha neoliberal, tal como hoy se la conoce, no tienen entre sus intenciones claramente el que todos tengamos nuestra casa. Pero, alguien se puso a desmenuzar la maraña tramposa de la llamada sociedad civil organizada, al respecto? Pongamos por caso mi familia: casa adquirida en los 70, con crédito bancario y en un hogar de clase media obrera de un modo de vivir responsable en cuanto a la administración de sus recursos.
En menos de una década y, como sucede cada 10 años matemáticamente, las implacables políticas macroeconómicas terminaron no sólo con los sueños de quienes quisieran tener casa propia, sino también con la realidad de quienes ya la tenían. Y así, como en tantos casos, comenzó un periplo que por circunstancias similares, abarcó a las siguientes generaciones. Nadie piense que el poder instituido se ocupe de que todos tengamos acceso a todo. Porque no es así, porque no está en su lógica, porque mienten los que dicen que en base a una especie de pacto social podremos depositar nuestras expectativas en sus manos, para que ellos las hagan realidad. Es por esto que, cada tanto están los que se animan y logran tomar lo que por derecho les corresponde, y otros que de forma asociativa imponen su derecho, el que el Estado no les concede.
Si en toda sociedad tal como la conocemos, hay tres actores que la conforman e interactúan, superponiendo roles e intervenciones, en el tema vivienda la ausencia del Estado gobierno, parece ser la clave para entender el por qué de semejante carencia. A su vez, parte de esa misma sociedad generó un entramado de intermediarios y cobradores de tasas, que se arguyen el derecho de “otorgar permiso” a quiénes quieran rentar una casa de acuerdo a sus posibilidades. Y son grandes los requisitos y son muchas las preguntas, como en todo aquello que librado a los intereses del mercado, oficia de filtro para no reconocer que en éste reparto pocos se van a quedar con mucho, y muchos sin nada. La sensación es recurrente, un inquilino se siente más de una vez juzgado y despreciado.
La práctica indica que ante la necesidad más vale que se acepte lo que venga y, lo que resulta un agravante: se confíe en aquél que en un alto porcentaje miente o esconde falencias o carencias del bien a alquilar. Así, comienzan en muchos casos las represalias de un lado y del otro. Pero para quiénes somos gente de bien – y habemos muchos por cierto – el empecinado intento por resolver problemas, obtener respuestas y llegar a un acuerdo para mejorar el sistema resulta frustrante y agotador.
Se pretende, como en tantos conflictos que se presentan al administrar bienes y recursos, judicializar lo que no se es capaz de resolver ya que lo primero que habría que admitir del lado de los detentores, es que estamos ante un derecho que está por encima de cualquier usufructo material. Y la carencia se convierte en estigma de fracaso e ineptitud adjudicado por los que, de la manera en que haya sido, son lo dueños de los bienes y administradores de los mismos.
La complicidad con las instituciones que se suponen representan la Democracia, alimenta un circuito de servicios innecesarios y averiguaciones impuestas por la hipótesis de que, ante todo, un inquilino es un “mal necesario” al que hay que investigar a fondo y que deberá pagar por ello. Entonces, atrás queda el derecho natural – humano?-, porque el orden establecido hará preponderar el beneficio del locador y su red de prestadores instaurados a tal efecto. Hay casos de sobrefacturación tanto en contratación de servicios como, eventualmente, reparaciones que tienen como contracara la ausencia de lo que si no es llevado a cabo de tal modo, no se justifica.
Así las cosas, y como todos sabemos de qué estamos hablando, en este sistema y con lo recorrido hasta aquí no habrá manera de salirse de esto si no se revierte la lógica que hoy desemboca en éste malvado accionar. Bancos: estatales y privados, intermediarios en muchos casos incompetentes y falaces, propietarios desaprensivos, abusadores e interesados y gobiernos ausentes seducidos por el afán recaudador, se aprovechan de quien no posee casa propia y, en todo caso, lo ven como un engranaje más del circuito generador de ingresos seguros y de fácil obtención. Las razones expuestas avalan esta afirmación que se puede hacer extensiva a tantas situaciones naturalizadas, que sostienen una convivencia hostil y carente de valores. Cuando de derechos se trata, como reza el axioma, no hay que pedir sino tomar lo que corresponde. La historia confirma que si muchos peleamos, argumentamos y actuamos conforme al sentido común, la sucesión de hechos en el tiempo logran construir otros mecanismos de relacionamiento en esto que llamamos sociedad. Lo importante es comenzar a equiparar derechos y obligaciones en un contexto que – por momentos – es adverso para los que menos tienen. No bajar los brazos, juntarse y pedir hasta el cansancio que el llamado poder institucional nos brinde la atención que merecemos, harán entonces que el camino sea un poco menos tortuoso.
