El veto a Montero: una lectura desde el feminismo socialista y revolucionario

El veto a la candidatura de Irene Montero se ha convertido en el principal punto de fricción en las negociaciones entre Sumar y Podemos. La formación de Yolanda Díaz manda el mensaje de que “hay que pasar página”. La de la ministra de Igualdad viene alentando una campaña en su defensa que ha contado con el apoyo de diputados como Gabriel Rufián, periodistas como Cristina Fallarás o un manifiesto firmado por algunas organizaciones feministas y LGTBI.

Estamos, en primer lugar, en un nuevo capítulo de una pelea de aparatos. Es evidente que la voluntad de Sumar es debilitar lo más posible las posiciones de la formación morada para la siguiente legislatura. El acuerdo con Mas País, Compromís, IU, Equo y otras cinco formaciones, es el punto de apoyo para intentar consolidar un cambio de liderazgo en el espacio neorreformista. Dejar fuera de juego a la principal figura de Podemos es parte del plan.

Los métodos para conseguirlo no tienen nada que envidiar a las formas habituales de la política burguesa: maniobras, vetos y mucha pelea sin apenas diferencias políticas ni programáticas, como ambos bandos reconocen. Si lo comparamos con otras peleas recientes, como la que defenestró a Casado del PP, en las formas hay más similitudes que diferencias. Tampoco son una novedad de la era Yolanda. La etapa Iglesias (y Montero) está repleta de defenestraciones, vetos y gestoras, medidas tan burocráticas o más como la que ahora les toca padecer.

Pero quedarnos solo en este plano sería superficial. El veto a Montero tiene también una lectura que saca a la luz el taranná (aún más) conservador de este neorreformismo 2.0. Es parte de una reubicación apaciguadora frente a la ofensiva de la derecha – política, mediática y judicial– contra el movimiento de mujeres y en reacción a la ampliación de algunos derechos conquistados en los últimos años.

El PSOE hace tiempo que optó por esta vía, como vimos abiertamente en su política de boicot desde la sombra a la aprobación de la Ley Trans o en su acuerdo con el PP para reformar la Ley del solo Sí es Sí. Aunque Yolanda Díaz no haya cruzado esta línea en esta legislatura, apartando a Montero pretende mandar el mensaje de que en la siguiente no habrá nuevos “choques” con sus socios en estas materias.

Los ataques de la derecha y la extrema derecha a Montero, así como sus propuestas de acabar con el Ministerio de Igualdad, son parte de esta ofensiva que pretende recortar derechos a las personas trans y a todas las mujeres, como la derogación de la reforma de la Ley del Aborto. La posición de Sumar es un mensaje de que hay toda una intención de frenar la ampliación de derechos, sobre todo aquellos que impliquen diferencias con sus socios del PSOE. Una posición que no es distinta a la de Podemos, que tampoco incorpora las demandas pendientes como parte de la agenda para los próximos años.

Esto está siendo hábilmente utilizado por Belarra, desde la secretaria general de Podemos, e Iglesias, desde su podcats de La Base, para intentar defender su principal baza electoral, como si estuvieran defendiendo los derechos de todas las mujeres. Sin dejar de señalar el devenir conservador y claudicante de Sumar ante la ofensiva antifeminista de la derecha, conviene hacer un balance serio del legado de Irene Montero comenzando por preguntarnos ¿en qué condiciones nos deja a las mujeres y al movimiento feminista para enfrentarla?

Montero ha sido una de las piezas fundamentales para millones de personas, asociada a la palabra “feminismo” y a la labor de un gobierno que ha tenido mucho de relato “más progresista y feminista de la historia”, pero muy poco de mejora de las condiciones materiales de la mayoría de las mujeres y el conjunto de la clase trabajadora. Poner la etiqueta feminista al gobierno que ha mantenido el legado neoliberal en materia laboral y de pensiones, ha permitido una caída del poder adquisitivo de los salarios de un 8% desde 2019 o que se desarrolle una crisis habitacional sin precedentes desde la de 2008, es el mejor abono para que el discurso antifeminista pueda cundir también entre sectores populares.

Todo cuando, además, muchos de los reconocimientos de nuevos derechos no han pasado del papel y han quedado vacíos de presupuesto. El más trágico ejemplo son los planes contra la violencia machista, que siguen sin garantizar un ingreso suficiente a las mujeres agredidas, vivienda para poder separarse y mantiene los sistemas de atención infradotados de recursos y con sus trabajadoras en regímenes de subcontratación y explotación laboral.

La ampliación de derechos reproductivos como el aborto o los avances logrados para las personas trans, ha querido ser totalmente atribuida a su labor en el gobierno. Un relato que pasaba por alto que estas demandas se han logrado imponer, no por la fuerza de las diputadas y diputados de Unidas Podemos, sino por años de organización y masivas movilizaciones.

Una parte importante de las direcciones del movimiento feminista han aceptado y cultivado esta ilusión en el feminismo ministerial, mientras trabajaban para la desmovilización o la reducción de nuestras protestas a lo simbólico o el apoyo al gobierno. Esta gran operación de desactivación y cooptación del movimiento de mujeres, nos deja hoy peor preparadas para enfrentar la ofensiva que puede iniciarse contra nuestros derechos después del 23J.

Por último, no podríamos entender esta ofensiva sin ver la relación que tiene con la deriva punitivista que ha sido la apuesta del equipo de Montero y Unidas Podemos. Delegar en el Código Penal y la Judicatura la resolución de la violencia machista y sexual, no solo se ha demostrado completamente ineficaz, sino que, como advertíamos algunas, lo que ha conseguido es precisamente fortalecer a esta Judicatura, a la derecha y a los discursos securitistas.

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La idea de que lo que se necesitan son más penas, más cárceles y más policías, es lo opuesto a la lucha del feminismo contra las razones estructurales de las violencias generadas por el capitalismo patriarcal. Un feminismo que apunte a donde ni la derecha ni el “progresismo” quieren que miremos, y que defienda medidas como acabar con la precariedad laboral, las leyes de extranjería o avanzar sobre los beneficios y privilegios de los capitalistas para sostener una verdadera socialización de las tareas de reproductivas.

Por eso, aunque el veto a Montero por parte de Sumar es una concesión más a la ofensiva de la derecha, en contra de lo que defienden Podemos, la solución no pasa por insistir con más feminismo de los ministerios y más punitivismo. A la derecha de verdad que nos amenaza, no se la puede enfrentar con una izquierda de mentira, ni con un feminismo basado en el relato, derechos sin presupuesto ni medidas estructurales para garantizarlos, ni con complicidades con las políticas del gobierno que ha seguido gobernando para el IBEX, manteniendo la precariedad y los salarios de miseria, asesinando migrantes en la frontera o embarcándose en la mayor escalada militarista del imperialismo español en décadas.

Es urgente abrir una profunda reflexión y debate en el movimiento feminista sobre el balance de estos últimos años, revertir la cooptación y desmovilización. Y a la vez, recuperar la lucha conjunta contra las opresiones y todas las violencias, enfrentando al sistema capitalista y patriarcal y todas las políticas que, como las del gobierno “feminista” de Sánchez, Díaz y Montero, han seguido gobernando contra las grandes mayorías.

Lo que necesitamos es reconstruir un movimiento feminista independiente que retome la lucha contra el patriarcado y el capitalismo.