En declaraciones a medios locales el vicegobernador Haquim, dejó más que claras las intenciones y formas con las que quieren gobernar Jujuy junto al gobernador radical Gerardo Morales
Lunes 14 de noviembre de 2016 10:10
Algún defensor del nuevo relato diría que esta fue una frase “fuera de contexto” o que los medios no supieron interpretar el mensaje del actual vicegobernador de Jujuy. Lo cierto es que la frases y la esencia del discurso del mismo, más allá de no ser políticamente correcto, muestra a las claras las intenciones del equipo de gobierno de la dupla radical-massista.
Varios fueron los sectores políticos que leyeron con asombro las crónicas locales y encontraron en las declaraciones del funcionario una muestra del autoritarismo y desprecio por la voluntad popular que día a día, muestran en Jujuy. El viejo caudillo peronista, ahora aliado al radicalismo, manifestó que se hace necesaria la intervención de intendencias y comisiones municipales del interior de la provincia que al día de la fecha se mantienen con conflictos institucionales.
Profundizó su autoritaria idea diciendo que se lo debería aplicar a las ciudades de Perico, Fraile Pintado y Maimará que, casualmente, son gobernados por el PJ.
En el caso de Fraile Pintado, el intendente Omar Carrasco (PJ-FPV), fue suspendido por el Concejo Deliberante por el plazo de tres meses, a partir de denuncias de corrupción en un marco legal controvertido. Y la semana pasada, la misma suerte corrió el intendente de Valle Grande, René Tolaba (PJ massista), a quién los concejales le quitaron los fueros y luego lo suspendieron .
Algo similar sucedió con la destitución del Defensor del Pueblo de Jujuy que respondía al fellnerismo, un lugar que luego fue ocupado por un funcionario del PJ de Haquim.
El vicegobernador argumentando que la intervención sería una solución "para aquellos municipios donde reinan los conflictos por intereses políticos y no avanzan con un plan de gobierno como lo hace la Provincia", no hizo más que dejar a las claras la verdadera intención de la dupla radical-massita de instaurar un régimen de persecución a sus opositores o a quienes no se disciplinan al plan de gobierno dentro del PJ (oficialista o fellnerista). Incluso esta arremetida se da pese a que los diputados fellneristas les vienen aprobando las principales leyes en la provincia y en las legislatura nacionales a la coalición de gobierno de Morales y de Macri.
Una política que tiene su refracción con mucha más fuerza con detenciones arbitrarias y represión policial sobre las organizaciones sociales opositoras y los sindicatos de trabajadores como el del Ingenio Ledesma o a la juventud en los barrios populares; como denunciaron organismos de derechos humanos, legisladores nacionales y provinciales, que se dieron cita en la provincia en el mes de septiembre. Y que por ello recibieron el espionaje de la gendarmería nacional como denunció la diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, semanas atrás.
Al parecer, el CPN Haquim, intentó justificar y aliviar el impacto de sus declaraciones diciendo que “la defensa de los intereses de los habitantes" es lo que motiva esta política antidemocrática y de tipo bonapartista, haciendo uso del poder desde el Ejecutivo (tipo monarca) de definir por sobre la voluntad popular quién gobierna -o no- los municipios apoyándose en las denuncias de corrupción de los funcionarios.
A contramano de la supuesta defensa de los habitantes se viven las constantes medidas del gobierno hacia el conjunto de la clase trabajadora, con un permanente ajuste, persecución y criminalización de la protesta, negativas a los pedidos de los arcos sindicales, por solo nombrar algunas.
