Contactamos con una trabajadora que nos explica cómo se vive la crisis del coronavirus en los call-center y como fuerzan a la plantilla a hacerse cargo de las medidas de seguridad necesarias para trabajar, salvando los beneficios de su empresa.
Martes 24 de marzo de 2020
La crisis sanitaria se ha extrapolado en crisis política y económica. Ante esta situación, las empresas tratan de salvar sus beneficios a toda costa, como ratas que huyen de un barco que se hunde poco a poco. Y los call-center no son distintos.
Algunas empresas han aplicado un ERTE, de modo que el Estado asuma el coste de la crisis que ellas han agravado a base de recortes y precarización. En estos casos, los trabajadores se han visto forzados a estar recluidos en sus hogares, con un sueldo reducido que apenas les permite salir adelante, al tiempo que sus mismas empresas descansan tranquilas sabiendo que no tienen gastos.
Otras siguen en pleno rendimiento, pero si dar medidas de seguridad a sus empleados, escatimando en lo posible el impacto económico que ha supuesto el Covid-19. En el caso de los call-center que siguen en activo, las plantillas siguen sufriendo la falta de medidas de prevención y seguridad, tal y como nos ha podido contar una trabajadora. La empresa, en el mejor de los casos, se limita a dar consejos y deja a la responsabilidad el trabajador: “Es él quien tiene que lavarse las manos y desinfectar su propio puesto de trabajo sin ningún equipo de prevención, ni guantes ni mascarilla”.
Son muchos los trabajadores que están denunciando ante los sindicatos esta precariedad laboral que, si antes sólo explotaba, ahora resulta mortal. Los sindicatos, sin embargo, no presionan los suficiente a sus respectivas empresas y en muchos casos hacen un declarado seguidismo. “El resultado de todo esto es un incumplimiento sistemático de las medidas de prevención, las cuales deben ser costeadas por la empresa, no por los trabajadores”.
No obstante, ante la pandemia, ésta sigue priorizando sus beneficios a la salud de los trabajadores y sus familias, para las cuales la cuarentena no vale de nada si el trabajador no recibe la protección adecuada.
Se ha dado el caso de trabajadores que tienen la posibilidad de teletrabajar en casa y, sin embargo, les ha sido denegado. ¿El motivo? Que la empresa no quiere poner los medios para trasladar el trabajo de casa a la oficina, llegando incluso a pretender que sean los trabajadores quienes paguen un ordenador y unos cascos para poder cumplir con su jornada laboral.
Aquellos que no pueden cumplir con estos requisitos deben seguir yendo a trabajar con todos los riesgos que ello conlleva. Emplean un transporte público cuya desinfección se hace en las mismas condiciones que él trabaja. En su puesto de trabajo, “nos vemos hacinados con otros tantos trabajadores. Usamos materiales comunes, lo que favorece el contagio. Compartimos puestos sin guantes, ni mascarillas, ni auriculares higienizados, que se usan por distintas personas en distintos horarios. La distancia de seguridad brilla por su ausencia”.
En esta situación, es natural el descontento de la plantilla, que exigen a la empresa que invierta en seguridad o en todo caso que ofrezca una licencia remunerada. La contraoferta de la empresa es emplear los derechos de trabajadores como arma arrojadiza y darles la posibilidad de cambiar sus días de vacaciones para ser usados como días para la cuarentena. En primera y última instancia, el trabajador debe hacerse cargo de los costes: debe exponer su salud, perder sus descansos o quedarse en casa con un extenuado salario fruto de un ERTE. ¿Hasta cuándo los trabajadores precarios deben seguir siendo las víctimas de cualquier crisis frente a las millonarias ganancias de la patronal?
A pesar de los amagos del Gobierno progresista, millones de trabajadoras y trabajadores siguen siendo forzados a cumplir con trabajos que no son de primera necesidad y sometidos a vejaciones contra su salud e integridad en pos de mantener los beneficios de las patronales.
Si las empresas no están dispuestas a someterse al cierre necesario para frenar la pandemia y a costear la retribución completa de sus trabajadores, si van a usar esta crisis sanitaria para implementar un régimen aun mayor de precariedad, serán los trabajadores y trabajadoras los que deban tomar cartas sobre el asunto e imponer su vida a las ganancias de los capitalistas, luchando por comités de seguridad y salud que impongan el control en las empresas, exigiendo medidas sanitarias costeadas por estas, imponiendo reducciones de jornada retribuidas con el mismo salario para que haya menor exposición de las plantillas, tomando todas las medidas que hagan falta para realizar su trabajo con la máxima seguridad y reorientándolo hacia las necesidades para enfrentar esta crisis en favor de la mayoría social y no de los beneficios de las empresas y sus clientes capitalistas.
