El voto nulo o abstención de la ANC y el anhelo del callejón sin salida del procés

Finalmente, la ANC no pedirá el voto para ninguna de las formaciones que se reivindican independentistas. La entidad presidida por Dolors Feliu así lo ha decidido en su asamblea general ordinaria celebrada en Girona. En los próximos días realizarán una consulta a sus miembros para decidir si el próximo 23J votan nulo o hacen campaña por la “abstención activa”. Una consigna de voto que coincide con la que plantean organizaciones como la CRT, pero en este caso en clave de defensa de una política de independencia de clase y socialista.

Desde la entidad independentista lamentan que no haya voluntad de realizar un nuevo “embate real por la independencia”, y aseguran que ir a Madrid sin la unidad de JxCat, ERC y la CUP, dibuja un escenario sin futuro para Catalunya y la pelea por su derecho democrático a decidir. En un primer momento, después del sorprendente anuncio de adelanto electoral realizado por Pedro Sánchez, la ANC se mostró partidaria de apoyar una candidatura unitaria que aglutinara a las tres formaciones que se reivindican independentistas.

La lectura de la ANC es que el 23J no permitirá resolver ni avanzar en la resolución de los problemas democráticos y sociales, lo cual es totalmente cierto. Uno de los puntos de coincidencia entre un futuro gobierno PSOE-Sumar u otro PP-Vox, es que ambos no van a ceder un ápice a las demandas democráticas y sociales de Catalunya.

En 2017, con el gobierno del PP, se produjo la brutal jornada de represión histórica al pueblo catalán el 1 de octubre. Una ofensiva que continuó (y continúa) con detenciones, encarcelaciones y el procesamiento de miles de activistas independentistas y con la intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado español. La ejecución del artículo 155 fue una decisión acordada desde el primer momento entre el PP y el PSOE de Pedro Sánchez, con el apoyo de los principales actores del Régimen, como la Corona y toda la Judicatura.

Fue el mismo PSOE, una vez ya en el Gobierno tras la moción de censura, el que ejerció de acusación en el juicio del procés, a través de la Abogacía del Estado, cuyas tesis fueron la base de la sentencia. También fueron ellos, con la colaboración de la Generalitat de Junts y ERC, los que reprimieron brutalmente las manifestaciones contra dicha sentencia en 2019.

Estos últimos 4 años desde Moncloa, ya con Unidas Podemos en el gobierno, han construido un discurso de intercambio de medidas de gracia – como los indultos - y “mesas de negociación” vacías. Pura palabrería, aceptada por los viejos partidos procesistas, manteniendo la represión sobre los miles de activistas del movimiento independentista procesados, encajonando otros 40 años el derecho a decidir y restaurando una normalidad autonómica vigilada.

Por lo tanto, el gobierno que salga de las urnas el próximo 23J, aun con diferencias en ritmos, grado y relatos, será un dique de contención de la “sagrada unidad territorial” y en defensa del Régimen del 78.

Si hoy PP y Vox se pueden proponer ir un paso más allá y tomar medidas de intervención contra la autonomía o ataques a cuestiones elementales, como el modelo lingüístico, es gracias a toda esta obra restauradora del gobierno “progresista”.

Pero esta obra restauradora es también responsabilidad de los partidos independentistas a los que la ANC llamaba a conformar una candidatura unitaria. El movimiento independentista ha retrocedido, especialmente en su presencia en las calles, gracias al rol de claudicación y colaboración de Junts y ERC, y una CUP que hasta hace unos meses seguía insistiendo en su política de “mano extendida” y “reconstruir la unidad independentista” con ambos partidos.

La estrategia procesista de Junts y ERC se demostró un castillo de naipes, y la izquierda anticapitalista fue durante los años de mayor movilización una comparsa de Puigdemont y Junqueras, eliminando la posibilidad de cualquier alternativa una vez la hoja de ruta del procesisme si viera inútil para hacer efectivo el resultado del 1 de octubre.

Estos 5 años de gobierno de Pedro Sánchez, ERC, de forma más visible por su presidencia en la Generalitat, pero también Junts, con sus pactos en ayuntamientos y diputaciones, han vuelto a la senda del autonomismo. La independencia a duras penas ha quedado para discursos y la Diada.

Tampoco la CUP extrajo conclusiones del periodo 2012 - 2017 a la altura de los sucesos y en muchas ocasiones post 2017 ha sostenido un discurso de unidad nacional, a la vez que ha participado con ERC y Junts en diferentes ayuntamientos a lo largo de Catalunya, e incluso junto al PSC en localidades como Sant Cugat.

La situación actual del movimiento democrático catalán es, por lo tanto, responsabilidad de los principales partidos que se reclaman independentistas, que en 5 años, de diferente forma, han allanado el camino a esta vuelta al autonomismo. Entonces, ¿Por qué una unidad de estas formaciones para el 23J sí sería positiva para los intereses de Catalunya? ¿Por qué una candidatura de Junts, ERC y la CUP podría hacer cambiar el voto para las próximas generales?

Una candidatura común, más allá de los efectos en términos de número de diputados en las Cortes producto de la ley electoral, no reportaría ningún cambio real y tangible en el avance a la independencia de Catalunya.

¿Alguien cree que con diez “rufianes” en lugar de uno se hubiera avanzado más en este objetivo? Al igual que sucede con otras cuestiones, resolver y avanzar para que Catalunya pueda decidir su relación con el Estado español de forma libre, pasa por abandonar toda ilusión “procesista” y en aquellas formaciones que la han llevado a cabo, defendido y seguido.

Su hoja de ruta es un callejón sin salida en 2023 del mismo modo que lo era en 2017. Se trata de un anhelo por una hoja de ruta que ya sabemos como termina, con los representantes de la burguesía catalana claudicando, frenando las fuerzas sociales capaces de conquistar el derecho a decidir, y la izquierda independentista como furgón de cola de todo esto. Arrancar un derecho democrático como el que expresó Catalunya aquel 1 de octubre de hace 6 años, pasa por una estrategia distinta.

Una estrategia de movilización en las calles, de organización de asambleas en centros de estudio, centros de trabajo, en barrios. Una pelea que, además de incluir el democrático derecho a decidir, pelee contra la precariedad y contra la explotación que permiten las externalizaciones a nivel autonómico y a nivel municipal, contra las privatizaciones que en su día intentó Pere Aragonès, contra los lobbies del Círculo Ecuestre donde tan a gusto se sentía Artur Mas y se siente Trias. Por acabar con leyes racistas como la Ley de Extranjería y pelear porque todas y todos los migrantes cuenten con los mismos derechos que una persona nacida aquí. Quitar de las garras de las grandes empresas, las universidades y planes educativos y crear un sistema de educación público, gratuito de calidad, para que toda y todo aquel que quiera pueda estudiar lo que quiera.

Una pelea por estas y más cuestiones que interpele, esta vez sí, al conjunto de la clase trabajadora y sectores populares de Catalunya, y permita soldar una alianza con los del resto del Estado en una lucha común contra el Régimen del 78. Todo esto, de la mano de Junts y ERC, o siguiéndoles como ha hecho la CUP en la última década, no fue ni es posible. Ni lo fue en 2017 ni lo será el 23J, vayan juntos o separados.

Por ello, en el marco de una jornada electoral, coincidimos en la consigna de voto nulo o abstención que plantean la ANC y otros sectores del movimiento democrático catalán. Pero no con la ilusión de un retorno a la “unidad de los partidos independentistas”. Es necesario construir una alternativa política de independencia de clase, que apostara por la organización de la clase trabajadora y la lucha en las calles como forma de conquistar el derecho de autodeterminación y el resto de demandas democráticas y sociales pendientes.