La bancarrota política de Macri se tradujo al día siguiente en una contundente respuesta de los “mercados”, abstracción compuesta por fondos de inversión (entre los que se cuentan los numerosos buitres que hace años carroñan la economía argentina estimulados por los festines financieros que produce la desequilibrada economía nacional), bancos que actúan en nombre propio y de grandes inversores, y empresarios que salieron a poner a resguardo sus fondos de los activos argentinos. Con la derrota por más de 15 puntos en las primarias, el presidente se devaluó de cara a todos los sectores de “dueños” que apostaban a su continuidad durante cuatro años más. Con la velocidad de un rayo, lo mismo ocurrió el lunes con la moneda nacional frente al dólar: más de 30 % de devaluación llegó a alcanzar el tipo de cambio durante la jornada. El mercado bursátil local tuvo una de las caídas diarias más grandes de toda la historia financiera mundial: 46 % medido en dólares. Solo la superan el derrumbe de la bolsa de Sri Lanka en 1989 (-60 %) y el que ocurrió también en el Merval en 1990: en la primera rueda de ese año, tras varios feriados bancarios y cambiarios, la bolsa abrió con una caída de 50 % ante la implementación del plan Bonex. Bonos y acciones de empresas argentinas en Nueva York llegaron a caer hasta 60 %.

La derrota electoral del gobierno, descontaba pero no por una diferencia tan abultada (fuera de los cálculos de las encuestas circuladas por los medios y también de las que manejaban los candidatos, al menos hasta donde se conoció), mostró un contundente rechazo al plan de ajuste pactado por Macri y el FMI en aplicación desde junio de 2018, que viene profundizando el hundimiento de la economía que inició el cierre de los mercados de crédito y la corrida contra el peso que arrancó en abril del año pasado. Un programa económico que ya aumentó la pobreza a 36 % y llevó el desempleo arriba de 10 % con una destrucción de puestos de trabajo formales superior a 200 mil, cifra que se amplía diariamente. Contra ese voto del domingo se pronunciaron los tenedores de activos argentinos. Y, ante una intervención “a reglamento” del Banco Central (BCRA), que subió tasas de Letras de Liquidez 10 puntos (a 75 %) pero vendió poco más de 160 millones de dólares ese primer día de la semana (incluyendo las subastas diarias que hace en nombre del Tesoro), bastó una demanda de dólares relativamente limitada para que la cotización de la divisa alcanzara los valores que los mercados de futuro operaban para dentro de cuatro meses. La conferencia de prensa del presidente el día lunes, realizada cuando ya había concluido la rueda financiera del día, echó nafta al fuego para el día siguiente.

La escalada siguió hasta el miércoles. Ese día Macri recalculó, pidió “perdón” por sus declaraciones del lunes, y anunció módicos incrementos (la mayoría solo por dos meses) para casi todos asalariados, beneficiarios de AUH, etc., que apenas si compensarán −en el mejor de los casos− los efectos que tendrá el salto del dólar en los precios. También anunció un congelamiento de los precios de los combustibles por 90 días, que no pudo ser negociado con las petroleras (deseosas de ajustar las tarifas dolarizadas a la par de la devaluación) y debió salir por decreto publicado el viernes, rechazado no solo por las empresas sino también por las provincias donde se extraen hidrocarburos. El paquete anunciado esta semana incluye financiamiento por 10 años de deudas impositivas para Pymes y cambios en Ganancias para la cuarta categoría. Los convidados de piedra fueron los jubilados, que deberán conformarse con el incremento de los haberes pautado por la movilidad jubilatoria desde septiembre, de apenas 12,22 %.

En todo el paquete fue llamativa la ausencia del hasta el sábado ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que era el garante de la austeridad acordada con el FMI. Será reemplazado por Hernán Lacunza, hasta ayer ocupante de la misma cartera en la Provincia de Buenos Aires.

El gesto más trascendente para los “mercados” no fue el “populismo de emergencia”, que tendría nuevos capítulos el jueves, sino la charla de Macri con el ganador de las PASO, Alberto Fernández, el miércoles por la tarde. Luego de ella, ambos enviaron señales tranquilizadoras. Por la noche, un ex funcionario de Macri (Luis Caputo) compartió un panel con un ex funcionario de CFK (Emmanuel Álvarez Agis), donde ambos se tiraron flores y aseguraron que ningún default ni incumplimiento de contratos estaba en el horizonte. Los “mercados” podían respirar aliviados. Aunque algunos fondos y bancos tuvieron una pérdida estrepitosa en esta semana de furia –en buena medida autoinfligida por haber tomado por buenas las encuestas más optimistas e inverosímiles y los análisis que llegaban a hablar de un triunfo de Macri, dando lugar a un curioso rally alcista el viernes 9 que está envuelto en sospechas–, mirando al horizonte de mediano plazo estos mensajes de compromiso despejan los nubarrones. Ellos ya ganaron.

El mundo según Álvarez Agis ofrece una perspectiva poco halagüeña: una economía que para crecer deberá mendigar a los inversores internacionales, los mismos que no vinieron con Macri (en esto parece que lo robó el powerpoint a Mauricio Macri, llegando a decir incluso que fue correcta la aspiración a la “lluvia de inversiones”), porque la economía doméstica estará signada por el ajuste del gasto público y la contracción del poder de compra privado, y el aumento de exportaciones no se avizora en un mundo en el que el comercio está creciendo menos que la economía y sacudido por las amenazas de “guerras comerciales” motorizadas por Donald Trump (que anuncia y luego modera, pero igual tensan la situación). Habrá que renegociar con el FMI para extender los plazos de devolución del crédito y esto, ya lo sabemos, viene con reformas laborales, previsionales, y toda una serie de “modernizaciones” que nada bueno traen bajo el brazo. “Compro”, dice Álvarez Agis a todo este paquete, aunque le ponga algunos peros: rechaza un cambio a la ley laboral, pero acepta la extensión del modelo “Vaca Muerta”. Lo mismo que dijo Alberto Fernández el lunes en el programa Corea del Centro. La reforma previsional que aceptaría sería a la portuguesa, es decir, “ajustando por aumento del nivel de vida”, la edad para retirarse. A todo esto se suman las exigencias fiscales, que en su opinión el FMI deberá aceptar que se relajen, pero serán sin embargo bastante exigentes. Nada que se parezca a terminar con el ajuste.

Pero al mismo tiempo, Álvarez Agis evalúa que la crisis es “un tercio de la de 2001”. Si “rolleamos” con el FMI, el panorama de la deuda estaría lejos de ser complejo, evalúa el ex funcionario, a pesar de que los pasivos después el nuevo salto del dólar superan ya el 100 % del PBI, y de que si analizamos el déficit total del Estado (contando el del BCRA) alcanza la friolera de 9 % del PBI. La “bomba” de las Leliq, que está en el corazón del descalabro monetario y financiero, es puro alarmismo sin fundamentos en su lectura optimista.

También quedan fuera del análisis los nubarrones cada vez más densos que se acumulan en la economía mundial, y que podrían producir tempestades más fuertes que los vientos de frente internacionales de 2018, que acá se convirtieron en tormenta. Esta versión albertista de “lo peor ya pasó”, solo es posible realizando un recorte que deja fuera muchos de los talones de Aquiles que aquejan a la economía, no solo en el mediano plazo, sino incluso en el de una transición de cuatro meses que promete ser sinuosa. El viernes, la agencias Fitch y Standard & Poor’s le bajaron la calificación a la deuda argentina, lo que podría volver a empujar bajas cuando abra la bolsa neoyorquina el lunes.

A Alberto le gusta esto

Después de superar los 60 pesos, el dólar se acomodó al final de la semana un poco por debajo de ese nivel. Empezó a desinflarse el jueves. No se debió solo al giro de Macri, ni a la calma de ánimos que estimuló Álvarez Agis: el BCRA impuso el miércoles una reducción de la cantidad de dólares en efectivo que pueden tener los bancos, que no puede superar el 5 % a partir del 20 de agosto. Hasta ahora regía el límite del 5 %, pero para la posición total en moneda extranjera, sin distinguir entre tenencias contado (spot) y dólar futuro. O sea que las entidades podían superar el tope en dólares spot, pero compensarlo con ventas en futuro. Ya no podrán hacer eso. Como ocurrió con medidas similares a lo largo del último año y medio, esto genera de manera inmediata una oferta de dólares que contribuye a bajar la presión del mercado, pero el efecto se evapora en algunos días. El dólar de 60 pesos (como mínimo) llegó para quedarse. Durante la semana el BCRA perdió 3.900 millones de reservas, entre ventas en el mercado (hasta 250 millones de dólares diarios), pagos de deuda y caída de depósitos en dólares (que se traduce en menos depósitos de dólares de los bancos en el BCRA).

El día viernes Martín Redrado, ex titular del BCRA durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sostuvo en conversaciones radiales que el ajuste del dólar fue completamente deliberado en aquel lunes de ánimos incendiarios en el poder. Más allá de estas especulaciones, altamente plausibles, lo cierto es que el resultado del dólar se ajusta a lo que desde hace varias semanas venía señalando Fernández, que venía advirtiendo contra una supuesta apreciación del tipo de cambio. Ya el día lunes el candidato opositor había reclamado que el BCRA cuidara las reservas, lo que solo podía significar dejar correr el aumento del tipo de cambio que estaba teniendo lugar. El jueves afirmó que le parecía completamente “razonable” el dólar a 60 pesos, otra de las señales que contribuyó desde ese día a ponerle un techo provisorio a la suba de la cotización.

¿Dónde quedó la grieta de “modelos”?

Álvarez Agis, uno de los economistas del entorno del candidato opositor, contradijo parcialmente a Fernández el miércoles respecto de que hubiera, hasta el domingo, una apreciación del peso: señaló que el tipo de cambio que regía hasta el domingo estaba “bien”. El actual, entonces, está sobradamente más que bien. Estas afirmaciones surgían de los ejercicios realizados por su consultora sobre el ajuste del déficit de cuenta corriente (el exceso de dólares que “gasta” el país en importaciones y pago de créditos y rentas respecto de lo que genera en exportaciones y cobro de los mismos conceptos) según la variación del tipo de cambio. Con el nivel alcanzado después de la devaluación de esta semana, Álvarez Agis estimó que el rojo de la cuenta corriente podría caer hasta 1 % del Producto Bruto Interno (PBI). Es decir, que el país (ya sea el sector público o el sector privado) tendría que endeudarse menos con el exterior para cerrar ese rojo, uno de los principales motivos del endeudamiento. Por eso, si 45 o 47 pesos por dólar estaba bien, 60 es “espectacular”. ¿Qué es lo que ajusta con este salto del tipo de cambio? Básicamente, la compra de bienes y servicios al exterior, realizada centralmente por el sector privado. Podrían, hipotéticamente, crecer las exportaciones. Pero no es lo que viene ocurriendo en la Argentina. Hace un año había un déficit de cuenta corriente de 5 % del PBI y hoy hay uno de 2,5 %, centralmente por el desplome de las importaciones. La hipótesis del ex viceministro de reducir el rojo actual a menos de la mitad se basa una compresión todavía mayor de estas compras al exterior. Esto significa menos producción local (ya que esta funciona con una elevada proporción de insumos comprados en el exterior), menos inversión (que en muchos rubros trae “fierros” de afuera) y menos consumo (logrado por el hecho de que muchos productos, no necesariamente suntuarios, se vuelven más caros). Es decir el ajuste que podría traer el tipo de cambio “razonable”, si se concretara, solo sería de la mano de golpes al empleo y al poder adquisitivo. Un fuerte hundimiento de la actividad económica es el camino para mejorar las cuentas externas. ¿Con qué fin? Liberar dólares que muestren la capacidad de pago a los acreedores externos.

En el esquema trazado por Álvarez Agis, lo que aparece como un dato que nunca es puesto bajo la lupa son las razones por las cuales la Argentina afronta, desde 2012, una insuficiencia de dólares. Para el economista, esa es la cuestión determinante de una economía prácticamente frenada desde ese año, y en caída tres años de cuatro desde 2015. La causa estaría en el ciclo internacional adverso y no requeriría mayor análisis. Sin duda este existió, pero no alcanza para explicar la crisis si no indagamos los motivos por el lado de la pérdida de divisas.

Si bien al final del segundo mandato de Cristina Fernández se agotó el ciclo de elevados precios internacionales de los commodities, entre ellos la soja en la que el país concentra sus exportaciones, todavía en ese año mantenía precios elevados. De hecho, a pesar de la declinación del precio de la tonelada de ese grano, hasta 2014 el país registrará superávit comercial. La escasez de dólares se explica por todos los componentes que los demandaban, que hacen a elementos estructurales de la economía argentina. De acuerdo al Balance cambiario del BCRA, entre 2003 y 2015 el país acumuló un excedente de divisas por superávit comercial de 165 mil millones de dólares, pero esto se esfumó en fuga de capitales (100 mil millones de dólares), remesas de utilidades de empresas extranjeras (24 mil millones de dólares) y pago de capital e intereses de deuda (solo los intereses insumieron un monto neto de 54 mil millones de dólares). Esta sangría de recursos de la clase dominante explica la falta de dólares que el kirchnerismo buscó capear sin éxito con el “cepo”. Como afirma Gustavo Burachik en un artículo reciente que revisa críticamente argumentos como el de Álvarez Agis, que explican a partir de la “restricción externa” el deterioro que viene atravesando la economía argentina, este planteo soslaya la adhesión del gobierno de Cristina Fernández “a las reglas de la ‘globalización neoliberal’ y la depredación de las reservas ejecutada desde el propio Estado o con su complicidad (permisividad en el giro de dividendos, atesoramiento de divisas, cancelación de deuda en efectivo, política energética, régimen automotriz, etc.)” [1]. Se trata de una condición estructural del capitalismo argentino, de larga data. Siguiendo a Burachik, el capital privado y el Estado “tienden a expulsar activamente todas las divisas de las que puedan disponer. Esta expulsión resulta de la naturaleza desequilibrada, en términos del balance de divisas, de la orientación de las inversiones, las decisiones de financiamiento y de abastecimiento del capital privado y de la política cambiaria, financiera y monetaria aplicada por el Estado” [2]. Los años 2003-2011, de superávit de la cuenta corriente, aparecen como un resultado relativamente excepcional. Haberse chocado con esta “restricción” fue una de las muestras más palmarias de que la soberanía y el fin de la dependencia eran solo discursivos.

Dolár “barato” o “caro”, ¿esa es la cuestión?

El salto del dólar de comienzos de esta semana volvió a acelerar el aumento de precios, tal como ocurrió en 2018. Empezaron a llegar a los comercios las nuevas listas de proveedores con remarcaciones del 30 % o más. Macri anunció desde el viernes medidas compensatorias de duración limitada. Aumento de ingresos de hasta 2.000 pesos al mes para los asalariados, elevación del piso de Ganancias, dinero adicional a los beneficiarios de planes sociales, entre otras. También suspendió el IVA para algunos productos de primera necesidad, lo cual –se supone– permitiría que parte de los aumentos ya definidos por los fabricantes no lleguen a los precios finales, que podrían retrotraerse a valores cercanos a los del lunes. Y finalmente, por decreto, determinó que los combustibles no aumenten por 90 días.

En el mejor de los casos, este módico paquete (que desató igual la inquietud del FMI, que podría criticarlo en su revisión trimestral) suspenderá algunos efectos del ajuste cambiario durante unos meses, o compensará la pérdida de ingresos, también de manera provisoria. Quien asuma en diciembre deberá decidir entre hacer que caigan los impactos todos juntos, o extender los parches al precio de incumplir las metas fiscales.

El ajuste que impuso el mercado del tipo de cambio, que Alberto Fernández y sus economistas cercanos presentan como inexorable y que ya produjo ganancias formidables para el “agropower” (solo por la venta de granos de soja que les quedaba por liquidar, los agroexportadores ganaron con la devaluación unos 92 mil millones de pesos) y otros pocos sectores, está lejos de ser la única vía para “resolver” el balance externo. Para la clase trabajadora y los sectores populares, es necesario rechazar el chantaje de discutir el valor del dólar (es decir, en qué medida se devalúan nuestros ingresos y nivel de vida), imponiendo un conjunto de medidas que apunten a un cambio profundo en el ordenamiento de la economía.

¿Cómo lo enfrentamos?

Ante el saqueo en curso, se impone en primer lugar romper la pasividad de la burocracia sindical, jugada al triunfo de Alberto Fernández, para pelear por la recomposición de los ingresos y su ajuste automático ante la inflación, que no se detiene por la rebaja del IVA en algunos productos. Es necesario imponer un paro general y pelear por medidas de fondo para que los costos de la crisis caigan sobre quienes la generaron.

Imponiendo un monopolio estatal del comercio exterior, se puede terminar con el chantaje de los exportadores, un puñado de grupos (poco más de 50 firmas concentran el grueso del comercio exterior) que presionan por un tipo de cambio “competitivo” para vender al exterior, especulando contra el valor del peso y forzando su devaluación. Con el Estado centralizando las ventas al exterior para obtener las divisas que son fundamentales para adquirir mercancías del exterior para el consumo y la producción, será posible quebrar la lógica que condiciona la disponibilidad de divisas a la búsqueda de maximizar las ganancias de unas pocas empresas.

La nacionalización de los bancos (sin ninguna compensación para los mismos) también es clave para salir de esta alternancia de dólar caro (para buscar “competitividad”) o barato (para intentar “anclar” la inflación), que por una u otra vía lo pagamos los trabajadores. Los bancos privados (10 de los cuales concentran la mitad de los depósitos, en su mayoría entidades extranjeras) son el canal para el vaciamiento de la economía nacional, como lo hicieron en 2001 y en todas las grandes crisis, y se preparan para organizar otra vez una salida de capitales en mayor escala de lo que ya viene ocurriendo durante todo el gobierno de Macri.

Imponer la estatización de todos los bancos, para conformar una banca estatal única, es la vía para impedir se los bancos se conviertan en organizadores de la salida de capitales de los grandes empresarios en beneficio de sus grandes clientes para descargar la crisis en los pequeños y medianos ahorristas haciendo un desfalco como en 1989 y 2001. Una banca estatal única permitiría terminar con el chantaje de las Leliq, preservando a su vez los ahorros del pueblo trabajador y sectores medios. Al mismo tiempo, permitiría expandir el crédito a los pequeños comerciantes, talleristas, para la vivienda y el consumo personal.

La nacionalización de la banca, de la mano de la imposición de restricciones para los movimientos de capitales y la compra de divisas para el gran capital, los ricos del país, permitiría evitar el saqueo de las reservas, que son necesarias para adquirir insumos fundamentales para la producción necesaria para satisfacer las necesidades sociales más urgentes, y que hoy terminan en Suiza o Panamá donde “ahorran” los grandes empresarios que se benefician del saqueo nacional.

Los grandes empresarios, los acreedores de la deuda pública, las multinacionales, etc., se llevan todos los años al exterior el equivalente a casi un 20 % de la producción económica anual, es decir una suma gigantesca. Ahí están los recursos que podrían destinarse a las inversiones más postergadas en caminos, trenes, viviendas, escuelas, hospitales, y también desarrollo energético, producción de bienes y servicios fundamentales, etc., siempre con el criterio de favorecer la propiedad pública, superando las “restricciones” que hoy operan atacando de raíz las condiciones del atraso y la dependencia.

Estas medidas, junto con el rechazo a subordinar la política económica al cumplimiento de la deuda y al chantaje del FMI, son el punto de partida básico para que esta crisis no volvamos a pagarla los trabajadores.

La única salida de fondo puede ser un gobierno de los trabajadores y el pueblo oprimido. Pero esta perspectiva aún no es compartida por las grandes mayorías, por eso, para poder llevar adelante este programa, proponemos pelear por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que discuta y resuelva las medidas para satisfacer las necesidades del pueblo trabajador, que la crisis la paguen los capitalistas y reorganizar el país sobre nuevas bases. Los gestos hacia una transición más ordenada que empezaron a concretar Macri y Fernández van en sentido contrario. Tenemos que enfrentarlo y derrotarlo.