Opinión. Elecciones 2022: ¿qué cambios arrojaría el 5 de junio?

La disputa por seis gubernaturas se darán en el marco de un gobierno con mucha fortaleza, una gran polarización política, la inédita conformación de un bloque político que abarca a la mayoría del arco de derecha (partidos, intelectuales orgánicos del régimen, medios y hasta involucramiento de políticos derechistas de otros países), y una situación económica que oscila entre una leve recuperación (con una importante inflación) y la incertidumbre de un crecimiento sujeto a los vaivenes de la recuperación de Estados Unidos.

Pero también, con un cierto descontento popular producto de la desilusión ante el incumplimiento de las promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como de rasgos reaccionarios como la militarización de la mayoría de los estados del país. Sin embargo, es un descontento no organizado, y que no alcanza para meter en crisis a la 4T.

Y es que, AMLO viene de otorgar prestaciones que, ante las carencias de la población trabajadora le resultan importantes, como el aumento a las pensiones de los adultos mayores, becas para estudiantes, madres solteras, préstamos para poner pequeños changarros, aumento salarial a un sector del magisterio, etc.; y, además, viene de una especie de relegitimación que le dio la alta votación que tuvo en la consulta por la revocación del mandato.

Una importante disputa política territorial estratégica

Lo que está en juego en estas elecciones no es cualquier disputa territorial en el mapa electoral del país. Es la pelea por la conquista de más posiciones por parte del Morena —junto con sus aliados— en un sentido estratégico. Tanto por ganar gubernaturas en estados del norte centro, sur y sureste del país, como por arrebatarle bastiones históricos al PRI, como Hidalgo.

En el 2000, el PRI tenía la presidencia y gobernaba 20 entidades y más de la mitad del país estaba bajo control. Ya con Alejandro Moreno Cárdenas al frente del partido, sufrió una derrota histórica en el 2021. De 12 gubernaturas que tenía antes de las elecciones, para ese año sólo conservaba apenas cuatro: Oaxaca, Estado de México, Hidalgo y Coahuila. Perdió Colima, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí. Para el PRI, perder Hidalgo —y sobre todo el Estado de México (cuna del grupo Atlacomulco)— significaría una derrota estratégica y moral.

Por su parte, el bloque partidario dirigido por la derecha empresarial (la Coparmex), compite en medio de una evidente debilidad, tanto por sus figuras públicas (todas identificadas como oportunistas y de derecha), como por sus pugnas internas.

En el PAN —la segunda fuerza política del país— su propio dirigente Marko Cortés, desde septiembre del año pasado había reconocido en una reunión interna que estaba muy complicado ganar Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, y que el único chance que tenían era conservar Aguascalientes. Esta afirmación profundizó las diferencias internas y la crisis que atraviesa el partido azul.

Pero incluso con los reacomodos entre los candidatos rivales del PRI en Aguascalientes, ese bastión podría perderlo ante la candidata del Morena, Nora Ruvacalba, ex perredista.

Además, los escándalos del gobernador panista Francisco Cabeza de Vaca en Tamaulipas, y el avance del Morena en la entidad, apuntan a una derrota de este partido conservador.

Por su parte, el ex centroizquierdista PRD, ligado a los abiertamente neoliberales PAN y PRI, no tiene nada que perder más que su registro.

Por lo tanto, estas elecciones podrían profundizar las crisis internas de los partidos del bloque opositor, y a la vez, un proceso de vaciamiento de dirigentes y militancia.

Para la 4T, un control territorial así en el país, fortalecería los planes de AMLO y del Morena para las elecciones presidenciales en el 2024. Ya la 4T viene conquistando posiciones -después de las 5 obtenidas en el 2018- pues en el 21 ganó 11 de las 15 gubernaturas en disputa; este resultado explica en gran parte la fortaleza del gobierno. Por eso, de ganar cuatro o cinco gubernaturas, tendría un control territorial de 21 estados; tendría más oxígeno para llegar a las presidenciales.

El paisaje después de la batalla electoral

El día siguiente del 5 de junio, el país verá una reconfiguración del sistema de partidos, donde un PRI que atraviesa la crisis más grande de su historia (incluso con durísimas pugnas internas y cuestionamientos que piden la renuncia de su presidente nacional), no será ya la principal fuerza que defina la política nacional —hoy está debajo del segundo lugar que ocupa el PAN— ni contará con los maduros cuadros que dieron forma e ideología a tricolor. El pragmatismo del PRI es muestra de su decadencia.

Expresará a un panismo cada vez más desdibujado y carente de un perfil claro. Igual que el PRI, contiene a su interior distintas alas (derecha, ultraderecha, etc.) que perdió la oportunidad que Fox le dio al arrebatar la presidencia a los priístas en el año 2000.

Pero el PRI, pese a que es irreformable y que los resultados electorales del domingo 5 de junio pueden detonar a su interior una encarnizada lucha de grupos de poder (es el partido que asesinó a su propio candidato presidencial en 1994, Luis Donaldo Colosio), es una pieza importante en el engranaje del sistema político mexicano.

Expresa mucho de las instituciones actuales —el PRI las creó— y es necesario, tanto para la clase dominante, las relaciones del imperialismo yanqui y la negociación de la estabilidad política con el gobierno de la 4T.

¿Cambio de régimen? No

En estas elecciones se juega la continuidad o el cambio de gobierno. De ganar el Morena la mayoría de las gubernaturas, no cambiaría el régimen político, solamente se fortalecería una forma hacer política, donde, a partir de contar con mayor margen de maniobra -que le daría el conservar el poder hegemónico- podría negociar con los empresarios en mejores condiciones; siempre buscando mantener el equilibrio entre sus tareas como representante de los intereses capitalistas y algunas concesiones a las masas en forma de programas sociales que no resuelven la pobreza estructural de amplios sectores de la población.

Al mismo tiempo, esa fuerza le permitiría incidir más en las instituciones, de manera que se fortalezca el régimen surgido en el 2000 que, como se ha demostrado, es funcional a la estabilidad deseada por la clase dominante y el cada vez más injerencista, gobierno de los Estados Unidos.