Latinoamérica. Elecciones en Ecuador y Perú: entre la polarización y la inestabilidad regional

El 11 de abril fue una suerte de “superdomingo” electoral para el Cono Sur latinoamericano. Con el trasfondo de la crisis pandémica –sanitaria, social y política- que golpea duramente al continente, además de las elecciones regionales en Bolivia, se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú y la segunda vuelta en Ecuador.

Las realidades políticas de estos dos vecinos andinos son bien distintas. Sin embargo, existen algunos elementos comunes que de conjunto conforman un cóctel explosivo: alta mortalidad por coronavirus, sistemas sanitarios desmantelados, poca vacunación contra el Covid 19 (y mucho vacunatorio VIP), crisis económica, alto desempleo, desprestigio de la casta política por escándalos de corrupción ligados a Odebrechet y antecedentes de estallidos populares –Ecuador en octubre de 2019, Perú en noviembre de 2020.

Las elecciones fueron seguidas de cerca por los gobiernos latinoamericanos –tanto los de la derecha neoliberal como los autodenominados “progresistas”- que apostaron a los candidatos afines para inclinar la balanza de los equilibrios regionales.

Al final del día, Ecuador le dio una alegría a la derecha regional y una sensación de alivio a Estados Unidos y el FMI. El banquero conservador Guillermo Lasso(CREO) se impuso sobre Andrés Araúz (UNES), el heredero de Rafael Correa, por un margen de 5 puntos (redondeando, 52 a 47%). Mauricio Macri, Álvaro Uribe, Sebastián Piñera, el golpista Juan Guaidó y Horacio Rodríguez Larreta estuvieron entre los primeros en felicitarlo, aunque difícilmente crean que el triunfo de Lasso sea suficiente para proyectar un nuevo ciclo de gobiernos de derecha.

Por el momento, el péndulo de la política burguesa latinoamericana sigue oscilando entre la derecha neoliberal y algunas de las variantes posneoliberales (autodefinidas como “progresistas”) que en el terreno superestructural es expresión distorsionada de la profunda polarización social y política, agravada por los estragos de la pandemia. Y de una relación de fuerzas que la oleada de luchas, tanto las que estallaron antes de la pandemia -levantamiento popular en Ecuador, rebelión en Chile, lucha contra el golpe en Bolivia-, como las que resurgieron tras los confinamientos de 2020- alteró pero no logró resolver de manera contundente a favor de los explotados.

En esa lógica oscilante de la coyuntura deben leerse el triunfo de Luis Arce del MAS sobre los golpistas en Bolivia, seguida por la derrota del MAS en las elecciones regionales. Y en otro registro aunque con puntos de contacto, la ruina de la operación Lava Jato, la crisis del gobierno de Jair Bolsonaro y la anulación de los procesos contra Lula en Brasil, que lo deja disponible para jugar un rol preventivo si la situación lo requiriera.

La dinámica regional dificulta la política del imperialismo norteamericano hacia América latina. El presidente Donald Trump había resucitado la “Doctrina Monroe” y contaba con aliados incondicionales como el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro en Brasil. Con la llegada de Biden y los demócratas a la Casa Blanca, esas alianzas están más cuestionadas (hoy Biden no tiene interlocutores claros para dirigir el continente) aunque en gran medida la política imperialista se mantiene sin grandes cambios. Esto es claro en Venezuela, donde Biden continúa la política dura de su antecesor, reconoce al golpista Juan Guaidó y continúa las sanciones criminales que hacen más dramática la situación del pueblo venezolano, sometido a su vez al autoritarismo del gobierno de Maduro.

En lo inmediato, la primera crisis de magnitud del gobierno de Biden fue la crisis migratoria involucra a México, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Estratégicamente, la prioridad de Estados Unidos es alistar a su patio trasero en la competencia con China, que dicho sea de paso hizo importantes avances en la región. Esta preocupación quedó en evidencia con la visita a Argentina y Uruguay del jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, para garantizar que China no tendrá una base militar en el Atlántico Sur.

Volviendo a las elecciones, en una primera lectura los resultados de Ecuador y Perú no podrían ser más dispares.

Con sus particularidades, la segunda vuelta de Ecuador se inscribe en las reglas generales de la “grieta”. Araúz había ganado por una diferencia significativa la primera vuelta pero su techo era bajo. Lasso concentró el voto anticorreísta y como en otro casos se benefició del “consenso negativo”. Y también de la “magia” de Durán Barba que vendió a este exponente de la vieja política oligárquica y militante ultra conservador del Opus Dei, en un señor simpático para los jóvenes en la red TikTok, con guiños al feminismo, al movimiento LGTBI y a los sectores indígenas.

En esta elección, en el clivaje correísmo/anticorreísmo se coló un tercer actor de peso: el movimiento indígena organizado en la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y su brazo político, el partido Pachakutik, que es ante todo anticorreísta. En elecciones pasadas, sectores de este movimiento incluso han votado por el banquero neoliberal Lasso como mal menor. Su candidato, Yaku Pérez estuvo a 30.000 votos de meterse en la segunda vuelta, denunció fraude, negoció con Lasso la apertura de las urnas cuestionadas pero terminó aceptando la imposición del candidato de la derecha. En la segunda vuelta Pachakutik y la Conaie llamaron a un “voto ideológico nulo” (el voto nulo creció del 10% histórico al 16%) aunque cargando las tintas sobre todo contra el candidato correísta.

Como era de esperar, los mercados celebraron con un alza en los bonos de la deuda ecuatoriana, y tanto el FMI como el propio gobierno norteamericano vivieron con alivio la victoria de Lasso que prometió implementar una agenda neoliberal.
Sin embargo, no tiene garantizada la gobernabilidad. La oposición correísta tiene el principal bloque en la Asamblea Nacional (48) seguido por la bancada de Pachakutik (27) e Izquierda Democrática de Xavier Hervas (18). Mientras que Lasso tiene solo 12 asambleístas propios, a los que se suman los 19 de sus aliados del Partido Social Cristiano.

Ecuador enfrenta una profunda crisis económica desde antes de la pandemia. Según los pronósticos del FMI el crecimiento para este año rondará el 2,5%, uno de los más bajos de Sudamérica. El presidente saliente Lenin Moreno sumó 6500 millones de dólares a la ya abultada deuda externa de 17.400 millones, y bajo los auspicios del FMI intentó imponer un duro ajuste, lo que terminó motorizando el levantamiento indígena, obrero y popular de octubre de 2019.

Lasso no tiene suficiente legitimidad para llevar adelante el ajuste prometido –concesiones a la inversión extranjera, acuerdo con el FMI, flexibilización laboral, profundización del modelo extractivista y continuidad de la dolarización-, en un contexto explosivo por las consecuencias de la pandemia, lo que recrea las tendencias a la conflictividad social y la acción directa.

En contraste con el tono celebratorio de la gran burguesía ecuatoriana, la situación que emergió de la elección presidencial en Perú dejó en estado de estupor a las clases dominantes. El próximo presidente surgirá de un incierto balotaje entre Pedro Castillo, un maestro rural con perfil sindicalista de izquierda, y Keiko Fujimori portadora de un apellido maldito, sobre quien pende una condena de 30 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Lo que en buen criollo sería elegir entre la sartén y el fuego. O como dice el diario Washington Post en un editorial evaluando como debería responder la Casa Blanca, se trata de una “no win situation”.

Perú arrastra una crisis orgánica desde al menos 2016. En los últimos cinco años tuvo cuatro presidentes (Kuczinsky, Vizcarra, Merino y Sagasti) y dos congresos. Los ex presidentes Pedro Pablo Kuczinsky y Ollanta Humala están procesados, Alejandro Toledo está prófugo en Estados Unidos, y Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido acusado por casos de corrupción.

Las elecciones de 2021 son otra remake de la polarización con el fujimorismo, solo que esta vez quien dirige el frente antifujimori no es un político burgués liberal como Pedro Kuczinsky sino un dirigente sindical que se define de izquierda.

Si Ecuador exhibió una versión ligeramente modificada de la grieta “derecha neoliberal/populismo burgués”, en Perú quedó expuesta la hiperfragmentación del sistema político tras la pulverización de los partidos tradicionales y su reemplazo por franquicias de corta vida. En esta elección hubo nada menos que 18 candidatos.

Este proceso en curso desde el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, está muy bien definido por los politólogos Steven Levitsky y Maxwell A. Cameron en el artículo Democracy Without Parties? Political Parties and Regime Change in Fujimori’s Peru, publicado en 2003. Carlos Meléndez, otro politólogo, acuñó la definición de “minicandidatos” para referirse a este proceso de fragmentación.

El resultado electoral sorprendió por partida doble.

La primera sorpresa fue el triunfo de Pedro Castillo, que con el 19% de los votos ganó la primera vuelta. Las encuestas solo lo habían empezado a registrar en la última semana de la campaña. Una nota de color que habla por sí misma: la CNN en español no tenía siquiera una foto suya para ilustrar la tabla de candidatos.

¿Cómo llegó Castillo a disputar la presidencia?

Su performance sería inexplicable sin partir del estallido popular de noviembre de 2020 luego de que el congreso destituyera a Martín Vizcarra e intentara imponer como presidente a Manuel Merino, un representante de la derecha más rancia.
El gobierno de Merino cayó producto de movilizaciones de masas, con gran protagonismo de la juventud, y después de un día sin ningún gobierno, por acuerdo del congreso (con el apoyo del centroizquierdista Frente Amplio) asumió la presidencia Francisco Sagasti . El objetivo de este pacto era encauzar la situación en los marcos institucionales hacia el terreno electoral.

Castillo canalizó en parte el hartazgo de amplios sectores de la población con las elites políticas (otra porción mayor optó por la abstención -30%- y el voto nulo -17%-). Con su campaña “del campo a la ciudad” consolidó una amplia base electoral sobre todo del empobrecido Perú rural y entre los maestros a nivel nacional, lo que relativizó en parte la brecha geográfica entre el interior y Lima.

Otro elemento que aportó a su caudal de votos fue el retroceso de Verónika Mendoza, la candidata de Juntos por Perú y principal referente de la centroizquierda (quien ha recibido el apoyo de los integrantes del Grupo de Puebla entre ellos el gobierno de Alberto Fernández). Con su tendencia a la moderación y su colaboración con el gobierno de Vizcarra, Verónika Mendoza perdió su bastión electoral en el sur sin haber podido conquistar al electorado limeño de clase media liberal-progresista. Pasó de casi disputar la segunda vuelta en 2016, cuando dio la sorpresa con casi tres millones de votos y quedó en tercer lugar (18.74 % de los votos válidos) al sexto lugar al que fue relegada en esta elección, detrás incluso de variantes más recalcitrantes de la extrema derecha.

La segunda sorpresa la dio Keiko y su partido Fuerza Popular que le debe su ticket a la segunda vuelta al mismo fenómeno de hiperfragmentación del campo político. El fujimorismo viene retrocediendo, perdió gran parte de sus bancas en las elecciones pasadas. Su porcentaje se redujo del 39.86% en la elección de 2016 al 13,3% actual. Un factor que explica esta caída estrepitosa es la combinación entre el extendido rechazo a la herencia de Fujimori y el surgimiento de nuevas formaciones de derecha y extrema derecha que le disputan el espacio: el sector más conservador tenía la opción de votar por Renovación Popular, el partido del empresario proto fascista Rafael López Aliaga, y los más liberales por Avanza País del también empresario Hernando De Soto, una especie de PRO peruano. Entre los tres suman alrededor de 37%, un porcentaje similar al de Keiko 2016.

Según las encuestas de opinión Keiko concentra el porcentaje más alto de “anti voto” –entre el 70 y el 40% del electorado. Este nivel elevadísimo de rechazo explica que a diferencia de 2016 cuando intentó perforar otros electorados separándose de aspectos de la herencia de su padre, este año se haya concentrado en una campaña de nicho para consolidar el núcleo duro del fujimorismo, que obviamente existe. Además de reivindicar el decenio fujimorista (su padre gobernó el país entre 1990 y 2000, autogolpe mediante en 1992) y plantear que indultará a Alberto Fujimori (quien cumple una condena a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción) agitó la “demodura”, un neologismo entre “democracia” y “mano dura” para “combatir la delincuencia”.

Para la segunda vuelta su estrategia es presentarse como la garante de la propiedad privada, el capitalismo y el orden frente a la “amenaza comunista” de Castillo y Perú Libre, que se autodefine como “marxista-leninista”.

La primera encuesta de IPSOS sobre la segunda vuelta da como ganador a Castillo con un 42% contra un 31% de Keiko, que a su vez cosecha un 55% de rechazo en el electorado que nunca la votaría. Esa variable es 33% en el caso de Castillo.

Sectores de la burguesía e incluso representantes políticos de la derecha “republicana” como el escritor Mario Vargas Llosa ya se han pronunciado por el voto a Keiko. No sorprendería que cada vez más políticos burgueses y empresarios se sumen al bando fujimorista. Está claro que frente a Pedro Castillo, la restauración de una “demodura” neoliberal como propone Keiko es el mal menor para las clases dominantes.

Castillo es sobre todo “antineoliberal”. Militó varios años en el partido del ex presidente Alejandro Toledo y solo recientemente se afilió a Perú Libre. Levanta un programa que combina regulaciones estatales con algunas nacionalizaciones al que define como una “Economía Popular con Mercado”: “estado empresario”, es decir, que aumente su rol en la economía y compita con la empresa privada en determinados rubros; nacionalización de recursos estratégicos; limitar las prerrogativas de multinacionales; renegociar y pagar la deuda externa con el FMI. Castillo propone una Asamblea Constituyente que sancione este rol regulador del estado y eventualmente, reemplace la constitución neoliberal fujimorista de 1993. Pero a la vez, tiene posturas abiertamente reaccionarias: está en contra del derecho al aborto, del matrimonio igualitario, de la “ideología de género” y se define “profamilia”.

Pero lo que más alarma a la burguesía y al imperialismo es que la propia dinámica de la segunda vuelta termine haciendo percibir a millones de explotados a Castillo como una alternativa ante la restauración del fujimorismo. Es decir, que el antifujimorismo adquiera perfiles de clase. Castillo no plantea un programa anticapitalista ni tampoco de independencia de clase, pero es una reconocida figura sindical de los docentes, que protagonizó la huelga del magisterio de 2017, un conflicto durísimo y radicalizado, que se prolongó por tres meses y se llevó adelante en contra de la dirección sindical burocrática.

Entre Keiko y Castillo, la gran burguesía nucleada en la Confiep (que había apostado a la candidatura de Heraldo De Soto) imagina un escenario ingobernable. Algunos analistas ya especulan con que más allá de quien resulte ganador, se podría recurrir a la “vacancia” para dar un golpe palaciego y eventualmente forzar otras elecciones.

Justamente estas brechas en las alturas fueron las que permitieron la emergencia de la lucha de clases en 2020. Combinada con la profundización de la crisis social por las consecuencias de la pandemia, la tendencia a la irrupción de masas está inscripta como posibilidad en el próximo período y preanuncian una situación convulsiva en el conjunto del continente.