Tras aprobarse un presupuesto de ajuste, se difundió que el Gobierno modificó el proyecto. El cambio es condonar la deuda de los distribuidores eléctricos con Cammesa por $ 19.000 millones.
Mónica Arancibia @monidi12
Martes 15 de noviembre de 2016
El Presupuesto 2017 sigue dando debate, se incluyó en el artículo 15 un agregado que no estaba en la primera versión que envió el Ejecutivo por la cual el gobierno condonará deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa por el precio mayorista de la energía por más de $ 19.000 millones a valores de octubre, según difundió el diario Ámbito.
El entramado del mercado eléctrico
Desde la privatización del sector eléctrico en 1992, se creó el ENRE, la administración del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), y entre otras cosas, se diferenciaron los sectores de generación, transporte y distribución de electricidad.
Las empresas encargadas de la generación de energía venden su producción en el mercado mayorista, que es operado por CAMMESA, la administradora estatal del mercado eléctrico. Empresa que le vende la energía a las distribuidoras.
La estructura del mercado eléctrico está compuesta por 58 empresas generadoras. El transporte lo realiza Transcomahue, Transnoa, Transnea, Transpa, Transba y Distrocuyo; y el sector de distribución lo realizan 81 empresas públicas y privadas y cooperativas regionales de energía eléctrica a nivel nacional, entre las que se encuentra Edenor, Edesur, Epec.
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El origen de la deuda
Si bien las tarifas estuvieron congeladas durante varios años, las empresas no dejaron de acumular ganancias. Así entre los años 2004 y 2014, el Gobierno kirchnerista subsidió -entre luz y gas- cerca de $ 342.000 millones según datos de ASAP, distribuidos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Sin embargo, las empresas distribuidoras dejaron de pagar, total o parcialmente, las facturas de compra de energía a Cammesa desde 2014, acumulando una enorme deuda. A fines de diciembre de 2015 la deuda ya llegaba a $ 15.000 millones, que representaba casi 11 veces lo que facturaba por mes Cammesa a todas las distribuidoras del país.
La excusa de las empresas para dejar de pagar fue el congelamiento de las tarifas y las demoras en los fondos que debía girar el Gobierno nacional bajo el “acuerdo federal de convergencia tarifaria”.
El Gobierno anterior se comprometió a otorgar aportes a las distribuidoras para obras y salarios, pero a mediados de 2015 se interrumpieron los pagos, y las empresas dejaron de pagar.
Reclamo empresarial que avaló el gobierno
Antes de realizarse la audiencia por la tarifa de luz, el sitio El Inversor Online reveló que la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), que nuclea a empresas como Edenor, Edesur, Epe (Santa Fe), Epec (Córdoba), Edemsa (Mendoza) y Edelap, entre otras, presentó una carta al Ejecutivo para que les condone una deuda de aproximadamente $ 22.000 millones que las empresas eléctricas adeudaban a Cammesa.
La nota firmada por Claudio Bulacio, gerente de la entidad, con fecha 14 de septiembre, exigía que la eliminación de ese pasivo esté incorporada en la Ley de Presupuesto 2017, proyecto que para esa fecha ya se estaba debatiendo en el Congreso.
La carta señalaba que “solicitamos que las deudas que a la fecha mantienen las distribuidoras con Cammesa reciban un tratamiento similar respecto de las obligaciones del MEM previstas en el artículo 15 de la Ley 27.198”. Esa disposición se implementó en el Presupuesto para 2016, el artículo 15 establece la condonación de las deudas que Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa que opera las centrales nucleares, y Entidad Binacional Yacyretá, tenían con el Estado.
El argumento empresarial fue que los pagos se interrumpieron y “la responsabilidad de esa situación le cabe al Estado que durante años no permitió que los cuadros tarifarios reflejaron la inflación y la devaluación del tipo de cambio”. Alguien debería recordarles a estos empresarios los subsidios que recibieron durante años.
Finalmente, el Gobierno cedió al reclamo empresarial y modificó el presupuesto, luego de su aprobación en Diputados.
Las eléctricas beneficiadas
El cambio sobre el presupuesto establece la cancelación de deuda con Cammesa a distribuidoras nacionales, provinciales y municipales.
Tanto Edenor como Edesur no tuvieron deuda hasta principio de este año, pero luego acumularon facturas impagas con Cammesa, $ 1.200 millones y $ 430 millones respectivamente a octubre. La deuda, según los empresarios, se debe a los amparos que rigieron en La Matanza y Pilar que impidieron la suba de las tarifas y tuvieron que reintegrar dinero a los usuarios.
Sin embargo, las tarifas en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense subieron un 470 % en promedio y las empresas pretenden -según informaron en la audiencia pública- un incremento de un 31 % más.
Edenor y Edesur exigen que el Ejecutivo les perdone la deuda que contrajeron este año y las multas impagas de 2003 en adelante.
Las otras empresas deudoras de Cammesa son Edelap $ 1.800 millones, DPEC de Corrientes $ 1.400 millones, EDEMSA de Mendoza $ 1.340 millones, EPE de Santa Fe $ 1.282 millones y Secheep de Chaco, $ 1.000 millones.
En el artículo 15 del proyecto de Presupuesto 2017 no se aclara la fecha límite, es decir que la deuda de las distribuidoras puede ir aumentando en los próximos meses.
Las empresas que no invirtieron y deterioraron el servicio durante más de una década, donde la falta del suministro representa más del 75 % de los reclamos de los usuarios registrados, sólo prometieron en las audiencias públicas un plan de reducir los cortes un 55 % en cinco años en Capital y el sur del Gran Buenos Aires. Un mísero proyecto presentado por el gerente general de Edesur, Juan Carlos Blanco.
Mientras el Presupuesto 2017 recorta áreas como salud, educación, ciencia y tecnología, prioriza una vez más los intereses del capital y las grandes empresas. Casualmente beneficiando a los amigos del presidente Macri como Caputo, dueño de Edesur o el magnate inglés Joe Lewis dueño de Edenor.
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Estas mismas empresas, durante el kirchnerismo, fueron beneficiadas por los abultados subsidios y el servicio fue empeorando producto de la desinversión. Desde diciembre pasado, el macrismo también respaldó a las empresas aprobando los tarifazos a la luz, sin exigir que rindan cuentas por los subsidios que recibieron durante la década pasada. Pero parece ser que no le bastó con los tarifazos y, como un Gobierno digno de CEO, fue por más para los empresarios y decidió perdonar estas deudas.
Queda en evidencia que ninguno de esos esquemas representa una solución para mejorar el servicio en interés del pueblo trabajador. El manejo de energía eléctrica es un servicio público y sólo siendo una empresa nacionalizada, gestionada por los trabajadores y los usuarios podrá brindar un servicio de calidad con bajas tarifas o gratuitos para los sectores más vulnerables.
Mónica Arancibia
Nacida en Bs. As. en 1984. Es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario.