Ante los recurrentes casos de adolescentes que incurren al infanticidio como medida desesperada para darle fin a la maternidad forzada se exige con urgencia reabrir el debate sobre el derecho al aborto libre, seguro y gratuito.
Lunes 30 de abril de 2018
Foto: Edith Rodríguez
El infanticidio en Bolivia toma decenas de casos cada año, muchos de ellos protagonizados por adolescentes menores de edad. El año 2014 en la ciudad de Tarija una adolescente fue imputada por degollar a su bebé y botarlo en una bolsa cerca a el aeropuerto, la imputación según el Código Penal fue por infanticidio a recién nacido, dándole medidas sustitutivas por 18 meses acompañadas de un tratamiento psicológico y psiquiátrico debido a no presentar antecedentes penales anteriores. En junio de 2017 se difundió la noticia de una bebé ahogada por su madre de 14 años en un pozo séptico después de nacer, fruto de una violación por un hombre de 28 años. En abril de 2018 se presentaron ante los medios dos casos similares, ambos protagonizados también por mujeres adolescentes de 14 años: un caso en la zona sur de la ciudad de La Paz donde la muchacha dio a luz en un baño público y posteriormente asfixió al bebé para dejarlo en el basurero y escapar, y otro en la ciudad de El Alto donde después de dar a luz en su casa la joven da muerte al bebé y es sorprendida por su abuelo.
Si bien en 2017 se planteó un avance parcial con la modificación del Código Penal en el artículo 153 referente a la ampliación de causas para la realización de un aborto legal, fue el mismo año que el presidente Evo Morales anuló el Nuevo Código Penal por presión de sectores sociales. Dejaron así de lado, nuevamente y sin el menor remordimiento, la responsabilidad del Estado frente a los riesgos vitales que sufren las mujeres todos los días al enfrentar un embarazo no deseado: partos en secreto, abortos insalubres, violencia física por la pareja o la familia, violencia psicológica, intentos de suicidio, etc. Al igual que su irresponsabilidad ante la salud y educación pública para la prevención de embarazos no planificados. Esta situación de conjunto deja claro que las leyes solo son papel mojado ante la realidad de todas aquellas mujeres que no llegan a la muerte, pero sí a la pérdida de su libertad por encontrarse en situaciones como recurrir a un aborto ilegal o tener la necesidad –frente a una situación de impotencia y desesperación- de llegar a cometer un infanticidio. Son momentos a los que se enfrentan cientos de mujeres jóvenes en Bolivia, sobre todo aquellas de escasos recursos quienes deben revolver solas este tipo de penosas circunstancias.
En la actualidad, el análisis de los casos de infanticidio y la imputación que llega a tenerse hacia las mujeres menores de edad que los protagonizan sigue siendo desde una perspectiva sumamente conservadora y punitiva al igual que en los casos de aborto ilegal. Las leyes en Bolivia señalan que la pena de cárcel es de uno a tres años para aquella mujer que recurra a un aborto y este no se encuentre bajo las causas permitidas. En el caso de infanticidio señala la pérdida de libertad de uno a tres años si el delito se cometió los primeros tres días de vida del recién nacido. Más allá de la legislación es indispensable plantear de forma inmediata políticas de estado para la salud y la educación con una línea de acción en pro de la prevención de embarazos no deseados, transmisión de ITS, todos los tipos de violencia y explotación sexual.
Ante estas situaciones -terriblemente- cotidianas es urgente que el Estado asuma como un derecho humano el aborto legal, seguro y gratuito porque es un asunto de salud pública para evitar que miles de mujeres se vean en la posición de tomar decisiones extremas: parir y ser madre a la fuerza, matar al recién nacido o arriesgar sus vidas recurriendo a abortos clandestinos.
