Este martes se presentó en la Cámara Baja el proyecto acordado entre las organizaciones sociales y la ministra Carolina Stanley.
Martes 29 de noviembre de 2016
En el medio de las críticas que llovieron sobre el Movimiento Evita, la CTEP y otras organizaciones sociales como la CCC y Barrios de Pie, llegó este martes al Congreso nacional, el proyecto de ley de Emergencia Social.
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El mismo consta de 12 artículos y consagra la extensión de dicha emergencia hasta fines de 2019. El proyecto fue consensuado entre las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y los llamados “movimientos sociales”. El consenso tuvo lugar a mediados de la semana pasada, después de tironeos y negociaciones.
El nuevo proyecto que fue presentado tiene el aval de gran parte de las fuerzas políticas. En relación al que había sido votado en la cámara de Senadores hace dos semanas, implica la eliminación de la obligatoriedad para el Estado de crear 1 millón de puestos de trabajo.
El nuevo proyecto cuenta con el aval no solo del oficialismo sino de otros bloques políticos de partidos patronales como el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y otras fuerzas. Si bien, no está la firma del FpV, esta fuerza indicó que votaría a favor cuando el proyecto sea tratado en el recinto. Esto seguramente podría ocurrir –ya en el período extraordinario-el próximo miércoles 6 de diciembre.
El proyecto en cuestión propone que la Emergencia Social se extienda hasta el 31 de diciembre de 2019. En sus fundamentos, se señala que la norma “tiene por objeto promover y defender los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.
Sin embargo, la norma termina dándole legalidad a la situación de precarización laboral en la que se desempeña un porcentaje sustancial de la clase trabajadora argentina. Según diversos indicadores, ese porcentaje alcanzaba a un tercio de los asalariados a fines de 2015.
El proyecto también crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC). El órgano, que queda bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es presentado como el “ámbito institucional permanente” de las negociaciones entre Gobierno y organizaciones sociales. Éstas tendrán tres representantes allí, junto a representantes del Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social y de Hacienda.
La norma legaliza además el trabajo precario por la vía de crear el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría, en pos de acceder a los beneficios.
La cifra que el proyecto propone para cubrir los tres años de la Emergencia alcanza, con ampliaciones inclusiva, a apenas $ 30.000 millones. La comparación que lo que se estipula en el Presupuesto 2017 para el pago de intereses de la deuda indigna. El monto total alcanza los $ 248.000 millones, casi diez veces más. Los fondos buitres, el Club de París y los grandes especuladores tienen muchísimos más derechos que la población pobre argentina.
Los límites del proyecto que se había aprobado en el Senado el pasado 16 de noviembre ya habían sido señalados. Los montos que ahí se preveían como compensación ante la emergencia social no alcanzaban a paliar la caída del poder adquisitivo, frente al ajuste implementado por el Gobierno nacional.
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