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Red Internacional
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Gran Buenos Aires. Emergencia socioambiental: la responsabilidad estatal y el rol del activismo en el conurbano

La Patagonia en llamas, la amenaza de la megaminería, granjas porcinas, agrotóxicos, transgénicos y la profundización del extractivismo en todo el país. ¿Qué podemos aportar desde el AMBA?

Marcelo Córdoba Estudiante ISFD N° 100 (Avellaneda)

Jueves 18 de marzo de 2021 18:43

Las expresiones de la crisis ambiental y climática en nuestro país se hacen cada vez más notorias. Hoy todas las miradas están puestas en Chubut, dónde miles de hectáreas de bosque y poblaciones enteras son arrasadas por el fuego. Además, se registraron focos activos en otras cinco provincias.

Pero no son el único síntoma de crisis. En esta zona del conurbano también vemos el fuego de cerca. En los últimos días hubo incendios de pastizales nativos en las reservas naturales de Santa Catalina y de Ciudad Evita, y en Ezeiza. Hace pocos meses la reserva natural Laguna de Rocha sufrió el incendio más grande de las últimas décadas.

En todos los casos la respuesta estatal es mínima o nula. Los bomberos no cuentan con los recursos para combatir las llamas y los funcionarios responsables permanecen en silencio y no toman acciones que tiendan a revertir la situación, incluido el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la autoridad ambiental responsable de velar por la preservación de las áreas naturales.

Por su parte, la explotación de estos espacios verdes se incrementa. Empresas como Covelia no dudan en instalarse en áreas protegidas como Santa Catalina o negocios fraudulentos como la entrega de parte de Laguna de Rocha a Racing Club para construir un polideportivo. Los negocios inmobiliarios mediante los cuales se ocupan ilegalmente tierras de humedales para venderlos a familias pobres que buscan desesperadas un lugar donde vivir, o del mismo modo a grandes desarrolladores inmobiliarios para que construyan barrios de lujo como sucede con los humedales de Hudson. Incluso en la zona norte, entre el Dique Luján y Maschwitz, el gobierno pretende construir una cárcel en una zona de humedales protegida por ley.

En todos los casos, el denominador común es el mismo: la complicidad estatal en todos los niveles de Gobierno, que por acción u omisión habilitan la destrucción de bienes comunes irremplazables como son los humedales, bosques y pastizales nativos. Un flagelo que parece esquivar hábilmente las grandes extensiones de tierras pertenecientes a los Lewis o los Benetton, o a los grandes terratenientes y multinacionales agroalimentarias que se enriquecen con el agronegocio.

Del lado opuesto se encuentran quienes se organizan para frenar está destrucción, enfrentar al poder de turno y exigir que las reservas naturales y el ambiente, cuenten con la protección que ameritan. Son asambleas de vecinos autoconvocados que, junto a organizaciones ambientalistas, sociales y de partidos de izquierda, se organizan para preservar los espacios de vital importancia para la población y proteger la flora y la fauna nativa que allí habitan. Nuestro planteo, desde este espacio, es sobre el rol que pueden jugar estás organizaciones y asambleas no solo a nivel local sino también a nivel país para enfrentar la crisis ambiental.

Por su parte, desde organizaciones cercanas al Gobierno realizan tibias críticas en redes sociales al modelo extractivista que Fernández, Arcioni y compañía pretenden profundizar. Y a la vez llaman a no movilizar en una fecha tan crucial para nuestra sociedad como es el 24 de Marzo, intentando hacer un lavado de cara de tintes ambientalistas con la campaña “Plantamos memoria” que supone la plantación de 30 mil árboles. O mucho peor, con campañas como “Yo me planto”, que impulsa el intendente de Esteban Echeverría Fernando Grey con un mensaje que va dirigido a la interna que disputa en el PJ provincial con Máximo Kirchner.

Mientras que en al menos cinco provincias hay focos activos y se queman miles de hectáreas, los medios tildan al ecologismo de “ambientalismo bobo”, a la vez que los Gobiernos persiguen y criminalizan al activismo. No podemos permitir que se trate como delincuentes a quienes defienden el ambiente, ni tampoco que los Gobiernos de turno utilicen la preservación ambiental como una herramienta de marketing para mejorar su imagen o disputar sus internas, mientras a espaldas del pueblo negocian la destrucción.

Desde las asambleas ambientalistas y todos los ámbitos dónde se enfrentan conflictos de esta índole no podemos permanecer pasivos ni conformarnos con pequeños activismos a nivel local. Tenemos que ir a fondo por una amplia de coordinación que nuclee todas las luchas. Contamos con el antecedente de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, de la que formamos parte junto a cientos de organizaciones y partidos; y que toma una de las mejores tradiciones de la clase obrera aunando todas las luchas en un gran frente único.

Pero tenemos que ir por más: este 22 de marzo tenemos que ser miles en las calles por el Día Mundial del Agua, y también en el 24 de Marzo, el día de la memoria por la verdad y la justicia. Porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, y sabemos que parte de la herencia de la dictadura también afecta al ambiente en general ya que su legado de endeudamiento y entrega de territorio a grandes capitalistas nos deja en la condición actual de crisis económica, social y ambiental cada vez más grave.

Tenemos que tomar también en nuestras manos la tarea de exigirle a cada centro de estudiantes y sindicato que se manifieste en contra de un modelo que afecta no solamente a la biodiversidad y al clima, sino también a toda la clase trabajadora, con la particularidad de impactar mucho más sobre las condiciones de vida de las mujeres y de quienes viven en la pobreza. Y a su vez llevar a cada uno de nuestros lugares de trabajo y estudio las luchas por las reivindicaciones ambientales, porque trascienden a toda la sociedad.

De la misma manera apoyar cada lucha que se da en todo el territorio por conflictos laborales contra los despidos y la precarización laboral. Sobre todo, apoyando las demandas de los trabajadores de salud que batallan en primera línea contra una pandemia que tiene como origen un modelo productivo altamente dañino para el planeta. Así mismo, acompañar al movimiento de mujeres en sus reclamos históricos por igualdad de derechos y conformar un espacio seguro en el ejercicio de su rol protagónico en la lucha por el ambiente.

Por todo esto es que tenemos que seguir organizándonos y coordinando para confluir en una gran movilización por todas nuestras demandas: el rechazo a la megaminería y las megagranjas porcinas, la implantación de especies invasoras y pirófilas, los cultivos transgénicos y el uso de agrotóxicos. Exijamos una transición a un modelo productivo agroecológico y la reconversión de las industrias contaminantes preservando los puestos de trabajo, por el efectivo cumplimiento de la Ley de Reservas Naturales y por la ampliación de las áreas protegidas. Exijamos un plan integral de prevención y manejo del fuego en base al no pago de la deuda externa, por el efectivo cumplimiento de la Ley de Bosques, por un plan integral de viviendas para todas las zonas afectadas y la Ley de Humedales ya.