Está acusado del secuestro y desaparición de al menos 23 trabajadores de la compañía Molinos Río de la Plata -en la planta de Avellaneda- durante la última dictadura cívico-militar-eclesiastico. Fueron secuestradas entre julio de 1976 y agosto de 1978. Testigos en juicio señalaron a Parodi.
Martes 8 de agosto de 2023 10:45
Foto: Emilio Parodi, gerente de Molinos Río de la Plata
Emilio Parodi, fue jefe de Relaciones Industriales de la aceitera de Bunge & Born. Desde su cargo entregó trabajadores. Así lo declararon los testigos en la causa que comenzó hace 10 años; aseguran que el 7 de julio de 1976, casi cuatro meses después de que iniciara la última dictadura militar, el Ejército entró en la fábrica con una lista que tenía los nombres de algunos trabajadores y un membrete en el que se leía Molinos Río de la Plata. Ese día, los militares se llevaron a un grupo de obreros que trabajaban en esa empresa, una de las principales compañías de alimentos del país. Desde entonces, muchos de ellos continúan desaparecidos. Así lo denunciaron familiares de los trabajadores en 2013, la lista fue redactada por la dirección de la empresa.
El pasado 4 de julio, el juez federal Ernesto Kreplak, ordenó la detención de Emilio Parodi de 82 años, en una causa que investiga la responsabilidad del directorio de la empresa Molinos Río de la Plata -empresa del grupo Bunge y Born, que por entonces era uno de los productores de alimentos más grandes de América Latina- en secuestros, torturas y desapariciones de sus trabajadores, entre 1976 a 1978. La investigación se inició en 2013 por la denuncia de hijos de trabajadores desaparecidos en una de las plantas de la empresa. En 2019, querella y la Fiscalía pidieron la indagatoria de varios jefes y directivos de la empresa, entre ellos Parodi.
Parodi trabajaba en Molinos Río de la Plata durante la dictadura, está implicado en la confección de las listas de empleados "que la firma consideraba problemáticos", según explica la abogada Lucía de la Vega, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante institucional en la causa. "Se lo está llamando por su responsabilidad en 23 hechos de privación ilegítima de la libertad", cuenta De la Vega.
Parodi es el primer detenido de la empresa Bunge y Born indagado por delitos de lesa humanidad, según destacó el CELS tras conocerse la detención del exgerente. "El llamado a indagatoria es un avance muy significativo, sobre todo en términos de la responsabilidad del grupo Bunge y Born en las desapariciones", señala De la Vega.
"Esperamos que se avance en el resto de las responsabilidades penales de los directivos y que se pueda avanzar hacia la elevación a juicio", dice De la Vega, que explica que en 2019 pidieron la indagatoria de varios directivos de la compañía. La abogada sostuvo que al menos tres de ellos murieron. También afirmó que "Es muy importante este paso, pero falta. Sabemos que el tiempo resulta muy funcional a la impunidad, sabemos las dificultades que estas causas tienen, no solo porque se están muriendo extrabajadores y sobrevivientes sino también los posibles imputados".
Así es, a 40 años del fin de la dictadura, y a más de 15 años de reiniciado los juicios de lesa humanidad, los responsables de ordenar el golpe están impunes. Sobre estos juicios Fernando Rosso sostiene "debían tener necesariamente un límite temporal y uno físico. El límite temporal fue un “punto final” hacia atrás: todo lo acontecido antes del Golpe no era materia juzgable; las puertas de las fábricas y las empresas constituyeron el límite físico".
Sin embargo, la lucha de los familiares y organismos de derechos humanos logran, con mucha dificultad, traspasar esos límites que se impuso desde el Estado, gobierne quien gobierne.
