Mientras el rector impone un reajuste del 6,3% para las y los trabajadores, él vive con un sueldo de gerente. Busca cargar la crisis sobre los hombros de las y los trabajadores. Ante la intransigencia de las autoridades y la subordinación de las asociaciones de funcionarios ¿Cuál es la salida?
Domingo 18 de diciembre de 2022
En medio de las discusiones por el reajuste salarial los rectores de las Universidades del Estado, agrupadas en el CUECH, vienen buscando imponer un reajuste del 6,3%, la mitad de lo acordado por la Mesa del Sector Público y el Gobierno, el cual es de un 12% pero incluso este queda por debajo de la inflación.
En la Universidad de Tarapacá, la Junta Directiva ya zanjó que se aplicará el reajuste del 6,3%, es decir, si ya con el 12% que se acordó a nivel nacional para el sector público se devalúan enormemente los sueldos frente a la inflación, lo que están haciendo las autoridades de la universidad es profundizar la precarización de la vida de los/las funcionarios/as y sus familias. Esto significa, en términos reales, que el próximo año el salario de los trabajadores será inferior al actual.
No hay plata para las y los funcionarios, pero sí para mantener los sueldos millonarios
Aunque Emilio Rodriguez busque mostrarse con disposición a dialogar y lavarse las manos frente al reajuste, es responsable de administrar la miseria. Dado que si bien los rectores de las Universidades del Estado, plantean que no podrían sostener un reajuste del 12%, esto no tiene porque recaer sobre los hombros de las y los trabajadores. Mientras los sueldos de los trabajadores se devalúan, el rector continúa ganando un sueldo de gerente.
Tal como ha sido la línea de durante sus cuatros periodos como rector de la Universidad, se mantiene el autoritarismo y las decisiones entre cuatro paredes. Las autoridades, quienes tienen vidas de privilegio, deciden sobre las condiciones de vida de estudiantes y funcionarios. Por eso mientras sean ellos quienes decidan, nada irá en beneficio de la mayoría, ya que sus intereses van en perspectiva de mantener el negocio de la educación, con el cual se han beneficiado durante años.
Las asociaciones de funcionarios por su parte se han subordinado totalmente a lo impuesto por el rector, abandonando cualquier posibilidad de pelear por un reajuste integral en medio de la crisis económica que golpea los bolsillos de las familias trabajadoras. No hay ningún “logro” en el miserable reajuste del 6,3%, todo lo contrario es una derrota sin dar batalla.
La necesidad de confiar en sus fuerzas
Por esto las y los funcionarios no pueden conformarse con las migajas y un reajuste en la medida de lo posible que impone el rector. Para esto hay que seguir el ejemplo de la fuerza que vienen mostrando las y los trabajadores de diferentes instituciones, como del Ex Pedagógico, quienes las últimas semanas vienen de manera activa desarrollando carnavales, asambleas permanentes, y acciones con el objetivo de visibilizar la intransigencia de las autoridades.
Es necesario que funcionarios, académicos y estudiantes se organicen triestamentalmente para enfrentar la inflación y la carestía de la vida. Donde se realicen asambleas que permitan discutir democráticamente y donde sean las bases quienes decidan, no en la medida de lo las autoridades plantean que “se puede”, si no en base a lo que se necesita. Por un reajustes acorde a la inflación, sin despidos, salarios mínimos igual a los 650.000, ningún alza arancelaria para estudiantes y gratuidad total de la educación pública
Ante la profunda crisis en la educación en Chile y como la han profundizado desde la Derecha, la Ex Concertación y hoy el gobierno de Boric, es urgente que toda pelea vaya en perspectiva de ir en defensa de la Educación pública, que el Estado se haga responsable y exigir el financiamiento integral de las universidades del Estado en base a aportes basales directos sacados del impuesto a las grandes fortunas o de la renacionalización del cobre.
En la pelea del reajuste, la intransigencia de rectores y la necesidad de confiar en sus fuerzas
