El Gobierno logró avanzar en cambios a la Ley de Protección del Empleo, afirmando que entregaría posibles "nuevos giros", es decir, continuar con la política de saqueo a los fondos de cesantía de las y los trabajadores, y sumando además a las trabajadoras de casa particular al seguro de cesantía.
Viernes 28 de agosto de 2020
Como un "logro" definió el Gobierno y su ministra del Trabajo, María José Zaldívar, la propuesta que fue despachada por la comisión mixta, luego de que el Ejecutivo oficializara el ingreso de otro proyecto de ley para incorporar a las trabajadoras de casa particular al seguro de cesantía, y posterior a que también se ampliara la vigencia de la norma y comprometiera la entrega de nuevos pagos por parte de la AFC a los trabajadores suspendidos. Es decir, continuar con la política de saqueo a los ahorros individuales de las y los trabajadores.
Los cambios que se aprobaron en la instancia fueron luego respaldados por la Sala del Senado, una votación que fue celebrada por las autoridades, quienes esperan que dicho resultado se repita en la Cámara de Diputados.
En palabras de la ministra Zaldívar, “este proyecto es muy importante, porque viene a mejorar la ley de protección al empleo y permite que muchas personas que se encuentran hoy día desempleadas, puedan acceder a las mismas prestaciones que están accediendo las personas que se encuentran suspendidas, con los mismos requisitos”. Según esto, se determinó la posibilidad de extender la vigencia de la norma - que era hasta octubre de 2020-, y la entrega de nuevos giros por parte de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) a los trabajadores con contratos de trabajo suspendidos, que en el país superan los 700.000 casos.
El gobierno criminal y antitrabajadores sumó a las empleadas de casa particular a la política de saqueo de sus seguros de cesantía, poniendo como un "gran avance" que los ahorros de cientos de miles de personas se estén destruyendo debido a que no quieren tocar las ganancias de los empresarios. Esto sin contemplar que miles de personas ya utilizaron sus fondos de cesantía o tienen míseros montos que no alcanzan para llegar a fin de mes.
La política del gobierno de Piñera desde un inicio de la pandemia ha sido cargar la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador, siendo la "ley de protección del empleo" una medida totalmente antitrabajadores, que no solo ha permitido el avance de los despidos, la destrucción de los ahorros, sino que ha sido completamente servil a los empresarios, dejando como saldo más de 700.000 "cesantes encubiertos", de los cuales más de la mitad ni siquiera serían "recontratados" por las empresas, tal como ya han señalado encuestas a empresarios, donde se afirma que más de la mitad de estas personas quedaría sin trabajo.
No solo miles ya han utilizado sus ahorros o cuentan con montos que no permiten llegar a fin de mes ni sostener a las familias, sino que solo el primer pago fue de un 70% de la remuneración original de las y los trabajadores, pero desde el tercer mes al quinto dicho pago será de una tasa de reemplazo de 55%, o sea, apenas se recibirá poco más de la mitad del sueldo.
Subsidio al empleo: más migajas para el pueblo. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
De acuerdo a lo señalado por el Gobierno, la medida de "subsidio al empleo" empezaría desde septiembre y sería por hasta seis meses. La política estaría enfocada en "reactivar la economía" mediante subsidios a la contratación de alrededor de 1 millón de trabajadores/as, con un costo fiscal que ascendería a los US$ 2.000 millones.
Desde el Ministerio de Hacienda confirmaron que la medida tendrá una duración de hasta seis meses y se pagará directamente desde el Estado a la empresa, cubriendo una parte de la remuneración de los dependientes, dejando nuevamente libre de responsabilidad a los empresarios.
Además, habría un “subsidio de transición” para las y los trabajadores con suspensión de contrato, con un monto fijo que pagará el Estado por cada dependiente, un completo descaro considerando que las grandes empresas condensan a la mayoría de las y los trabajadores que hoy se encuentran "suspendidos".
La política del Gobierno hacia el pueblo trabajador, además de ser mezquina y de migajas, contempla a un número por debajo del total de trabajadores/as que hoy se encuentran desempleados, suspendidos, y una tanda importante de "inactivos" que ahora no están buscando trabajo, pero que en unos meses más engrosarán las filas de cesantes.
El desempleo ya llega al 12% a nivel nacional, esto sin contar a quienes hoy se encuentran suspendidos y que en unos meses serán despedidos, ni a quienes se encuentran inactivos en estos momentos. Solo contabilizando a desempleados ya van cerca de 2 millones, y si en algunos meses se suman los 700 mil suspendidos, y a otros 700 mil "inactivos" que deberán buscar trabajo, fácilmente se podría llegar a los 3 millones de cesantes.
Frente a esta política criminal del Gobierno, totalmente antitrabajadores, las dirigencias de la CUT han mantenido una tregua nefasta, sin plantear medidas que favorezcan al pueblo trabajador, sin denunciar los ataques como son los despidos, ni mucho menos organizar y coordinadora una resistencia ante esta situación; al contrario, salieron de su cuarentena para juntarse con autoridades y suplicar aumento del sueldo mínimo. Una vergüenza.
Ante esta política nefasta del Gobierno y la subordinación de las dirigencias sindicales de la CUT y de los principales sindicatos del país, se hace cada vez más urgente la coordinación entre trabajadores/as y el fortalecimiento de instancias de organización y lucha, para hacer frente a los ataques que ya existen y a los que se vienen. Debemos articularnos para pelear contra los despidos y suspensiones, exigiendo la mantención íntegra de los salarios; por la derogación de la ley de protección del empleo; y por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, para garantizar ingresos de emergencia de $500 mil todas y todos quienes lo necesiten, como cesantes, trabajadores informales.
