El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, anunció que están preparando una demanda en contra del gobierno debido a su “omisión en el cumplimiento de la ley” ante las protestas magisteriales. La demanda será interpuesta contra autoridades a nivel local y federal por violación a los derechos humanos de los ciudadanos.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Jueves 14 de julio de 2016
Los empresarios alegan que ante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, la “inacción” de las autoridades de todos los niveles han derivado en una situación en donde no se garantiza la seguridad ni el libre tránsito de las mercancías. Asegurando que buscan “hacer valer el estado de derecho” los millonarios integrantes de esta Confederación aseguran que su paciencia “se ha agotado”.
"Pueden dialogar hasta la eternidad, pero los resultados tienen que llegar ya". Coparmex.
A esta demanda se suman las declaraciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes informaron que los bloqueos magisteriales les han traído pérdidas millonarias, en comercio y turismo, principalmente. Sugirió que las movilizaciones “nada tienen que ver con las preocupaciones de los maestros” y llamaron a pensar en los “cientos de miles de estudiantes sin clases”.
Ambas organizaciones empresariales coincidieron en el llamado a que los resultados de la mesa de negociación entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación sean rápidos y a que se busque levantar los bloqueos y plantones en lo inmediato.
Mancera a empresarios: “aquí tienen un aliado”
Esta presión de los empresarios ante las protestas no es nueva. Desde principios de la administración de Miguel Ángel Mancera ya la Coparmex y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) comenzaron a presionar para que fuera aprobada una propuesta para regular las marchas en la Ciudad de México.
En ese momento, el gobierno de la Ciudad de México pudo sortear la presión imponiendo medidas como el protocolo de actuación policial para el control de multitudes y la sistemática represión bajo artículos infames como el 362 del código penal de la Ciudad, que equipara con el terrorismo el derecho a la libre manifestación y que llevó a la detención a cientos de personas desde 2012. A mediados de 2012 la Coparmex aplaudió la designación del gabinete de Mancera y ratificó su confianza en la administración del perredista.
Esta relación entre empresarios y gobierno se afianzó con la polémica sobre la ley 3 de 3. El apoyo de Mancera para echar atrás el artículo 32 de la ley del sistema anticorrupción, que obligaban a empresarios a presentar declaración patrimonial, de interés y de conflicto cuando tuviera negocios con dependencias gubernamentales, le valió el reconocimiento de la Coparmex como “un aliado”, título que Mancera ratificó asegurando que en la capital los empresarios tenían en él a alguien de confianza.
Una relación íntima
Oaxaca es otro ejemplo paradigmático de cómo los empresarios hacen oír su voz ante las autoridades gubernamentales. Ante la presión de los grandes dueños cuyos comercios se han visto afectados por los plantones y marchas en el centro de la ciudad de Oaxaca, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, suspendió el diálogo que había logrado establecer con el magisterio disidente, condicionando la continuación de las negociaciones a la desocupación de espacios y caminos públicos.
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Este condicionamiento, lejos de traer consigo la subordinación de las bases magisteriales, permitió que continuara expresándose descontento en distintos puntos del país. Sin embargo, sigue habiendo maestros presos y la justicia para los familiares de los caídos durante la brutal represión en Nochixtlán sigue pendiente.
Esta no es la primera vez que se ha evidenciado al servicio de quién está el gobierno y las fuerzas represivas. La Coparmex es uno de los órganos empresariales impulsores de las reformas estructurales, en particular de la energética y de la educativa, con llamados en distintas ocasiones a los distintos gobiernos para implementar a toda costa las reformas.
Sin ningún reparo, han llamado al uso de la fuerza pública, como durante el proceso magisterial de 2013 (que derivó en el violento desalojo de los docentes del zócalo capitalino) o como hicieron en 2006 en el conflicto minero de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán, en donde dos obreros fueron asesinados por la policía.
En este momento es crucial fortalecer la lucha del magisterio no sólo porque su derrota implicaría la pérdida de uno de los polos de oposición más importantes en el país, sino porque en este conflicto las fuerzas del estado están jugándose el todo por el todo.
En un momento en que los elementos de recomposición del régimen tras la crisis de Ayotzinapa aún no terminan por consolidarse y la desconfianza en las instituciones y los partidos continúan impregnando el descontento en distintos sectores de la población, únicamente la unidad en la acción y la solidaridad efectiva alrededor del magisterio podrán sentar las bases para un espacio en donde se discuta un plan de acción unificado que de una vez por todas haga caer las reformas antiobreras.
