Representantes empresariales, sindicales y funcionarios públicos firmaron el acuerdo antes de la mañanera.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 9 de diciembre de 2020
Previo a la conferencia de prensa, en Palacio Nacional, esta mañana se realizó una especie de ceremonia para firmar un acuerdo respecto al tema de la subcontratación y el reparto de utilidades por parte de representantes empresariales, charros sindicales y gobierno.
En pocas palabras, se trata de un acuerdo para extender el plazo de diálogo entre las partes y solicitar al Congreso que posponga, para febrero de 2021, la discusión de la iniciativa de reforma sobre outsourcing presentada por el Ejecutivo.
En su apertura, López Obrador recurrió a su acostumbrada frase: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, justificando así su retroceso, baio presión empresarial, respecto a la iniciativa original por la prohibición del outsourcing.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, expuso el contenido del acuerdo, que plantea entre sus aspectos principales el compromiso de las partes para “resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal”; “tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago”; una solicitud al Poder Legislativo para posponer la discusión parlamentaria sobre la iniciativa hasta febrero de 2021; “un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja masivamente en diciembre”.
Sobre lo anterior, es de destacar que no se tiene contemplada la eliminación del outsourcing, sino que no se abuse de la subcontratación. Así, se presenta el no abuso como algo favorable para los trabajadores, mientras que en el fondo la preservación del outsourcing como forma de trabajo precario beneficia, realmente, a los empresarios.
En su turno, el presidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), hablando a nombre del sector obrero, hizo un llamado al sector empresarial para que “de la misma forma que nos hemos entendido durante años, lo hagamos esta vez también, porque siempre estamos más cerca de los acuerdo que de los desacuerdos”.
Cuánta verdad en las palabras del representante, no de los trabajadores, sino de la burocracia sindical, que junto empresarios y gobiernos es responsable del avance de la subcontratación y de la precarización laboral, en general, durante las últimas décadas, sin mover un dedo frente a la pérdida de derechos laborales.
Finalmente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, haciendo gala de hipocresía, dijo que “lo que siempre vamos a tener es el bienestar de los trabajadores como representantes empresariales. Nos interesa que los trabajadores siempre vayan mejor, que reciban lo que les corresponde de acuerdo a su esfuerzo. Siempre estaremos en contra de cualquier acción que vaya en contra del trabajador.”
Insultantes declaraciones por parte del representante de los empresarios, quienes viven de explotar a millones trabajadores y, por lo mismo, son los primeros interesados en preservar y profundizar la precarización laboral, pues para ellos significa mayores ganancias.
El acuerdo fue firmado por representantes sindicales como Francisco Hernández Juárez, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Agustín rodríguez, del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, y los respectivos de la ASPA, la CROC, la CROM, la CATEM, la confederación de trabajadores y Campesinos, la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, la Federación Nacional de Sindicatos Independientes y la CTM.
Por parte de los empresarios, lo firmaron representantes de la CONCAMIN, la CONCANACO, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el Consejo Mexicano de Negocios, la Canaco, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, la ANTAD y el CCE.
Y por el gobierno de la 4T, las y los titulares y representantes de las secretarías del Trabajo y Hacienda, el SAT, el IMSS, el Infonavit, el procurador fiscal de la federación y el presidente López Obrador.
Así, las negociaciones que vienen sosteniendo los tres sectores, con el acuerdo de fondo de preservar la subcontratación muestra que, para acabar efectivamente con el outsourcing y toda forma de precarización laboral, así como conquistar plenos derechos laborales para todas y todos, es necesaria la organización independiente de las y los trabajadores.
Ésa es la perspectiva del Frente de Izquierda Anticapitalista, que está bregando por superar los restrictivos requisitos que impone el INE para conquistar una candidatura independiente en las elecciones del próximo año, para que se escuche la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
