El “tsunami” del que habló De la Sota para referirse a las inundaciones en las Sierras Chicas no puede ocultar el festival de subsidios, exenciones y discrecionalidad.
Sábado 21 de febrero de 2015
Este jueves se conoció una primera estimación de parte del gobierno provincial de cuáles serán los costos de la reconstrucción de la infraestructura dañada por el temporal que asoló a la Sierras Chicas el pasado fin de semana.
La cifra de 450 millones de pesos demuestra cabalmente la enorme destrucción que sufrieron las ciudades y parajes afectados. La destrucción de puentes, rutas y caminos, junto al daño de casas y todo tipo de inmuebles, conforman a esa gigantesca cifra. El monto es, por el momento, un estimativo.
Al mismo tiempo el gobierno provincial volvió a hacer un pedido público el gobierno nacional para que colabore en los fondos necesarios para la reconstrucción. Se preveía que en la tarde del mismo jueves habría contactos entre representantes de ambas gestiones con el objetivo de avanzar en una agenda común. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la misma no había sido informada. Lejos de acercar posiciones, durante la mañana el Jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, criticó a De la Sota por buscar una “reunión para la foto”.
La ventaja de ser empresario
Este miércoles, cuando la lluvia volvía a amenazar a las ciudades afectadas, la Legislatura votaba, casi en secreto, una exención impositiva para las empresas Lusa y Cotreco, responsables de la recolección de residuos de la ciudad capital. La norma implica que las empresas se ahorrarán una cifra de alrededor de $200 millones. Como se informó en la edición de este jueves, Laura Vilches, legisladora del PTS-FIT, junto a otros sectores de oposición, votó en contra de esta resolución.
El monto eximido constituye casi la mitad del gasto que el gobierno provincial calcula para reconstruir la infraestructura dañada por el temporal. Además es superior en $50 millones al fondo que el gobierno provincial plantea para ayudar a recuperarse a los damnificados. Así dos empresas reciben más dinero del Estado provincial que miles de familias perjudicadas por la negligencia gubernamental en cuanto a planificación y prevención de las consecuencias del temporal.
La exención a Lusa y Cotreco no constituye una excepción sino la confirmación de una política gubernamental. Como se analizó en diciembre, ante la votación del Presupuesto provincial 2015, el mismo otorgaba todo tipo de beneficios impositivos a las grandes multinacionales que implicaban, para el fisco provincial, dejar de percibir más de $1000 millones por desgravaciones de ingresos brutos, regímenes de promoción y otros ítems. En esos rubros se encontraban las exenciones sobre los Ingresos Brutos y el impuesto inmobiliario a las grandes automotrices.
El uso discrecional del Fondo de Infraestructura provincial
Parte de las denuncias sobre las causas de esta catástrofe tienen que ver con la ausencia de diversas obras que se deberían haber ejecutado. Sin embargo, la realidad de las obras públicas en las provincias dista de ser transparente.
Como refleja la nota de esta nota aparecida en el diario La Mañana de Córdoba a fines del 2014, el gobierno de De la Sota subejecutó en 2014 los fondos y partidas presupuestarias asignadas al Fondo de Infraestructura de Municipios y Comunas (Fimuc), otorgando sólo $18 de los $98 millones a los intendentes y jefes comunales de la Provincia. No solamente se produce este brutal recorte sino que, además, lo poco que se destinó a obras de infraestructura, fue hecho discrecionalmente. Se estima que entre 70 u 80 son los Intendentes y Jefes Comunales beneficiados de los 427 que tiene la Provincia.
A medida que van pasando los días queda al descubierto el discurso cínico de De la Sota. Por las Sierras Chicas no pasó ningún “tsunami”, sino que se ven al desnudo cuáles son las políticas del gobierno provincial que garantiza todo tipo de negociados a un puñado de empresarios desarrollistas inmobiliarios, en detrimento de miles de pobladores que hoy han perdido todo bajo el agua.
